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Cristian Herrera reportaba donde el miedo intentaba silenciar a otros. Luego lo mataron

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Herrera, pese a las amenazas, pasó dos décadas cubriendo crimen y corrupción cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela.

El asesinato del periodista colombiano Cristian Herrera el pasado 6 de junio puso de manifiesto los peligros que siguen enfrentando los reporteros a nivel local, las fallas en el mecanismo de protección del país y los efectos de las altas tasas de impunidad para investigar cualquier ataque a periodistas, incluidas las amenazas.

Durante más de 20 años, Herrera cubrió la fuente judicial y orden público.

“Me conozco la dinámica criminal tanto de la ciudad como del departamento”, le dijo Herrera a LatAm Journalism Review (LJR) en enero de 2025 para un artículo sobre los peligros de periodistas que cubren una región del país conocida como Catatumbo.

El Catatumbo, compuesto por 11 municipios que se ubican en su mayoría en el departamento de Norte de Santander, ha vivido con grandes olas de violencia desde finales de los años 80 en su mayoría por disputa del control de grupos armados como guerrillas y paramilitares. Cúcuta, capital del departamento, también presenta sus propias dinámicas criminales entre otras por tratarse de una frontera. En los últimos años, bandas criminales de Venezuela empezaron a operar en la ciudad.

“Cristian trabajaba realmente con los poderes reales, con las redes criminales, con los silencios impuestos”, dijo a LJR Fabiola León, investigadora para América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y amiga de Herrera desde 2004.

Ambos coincidieron en su lucha por la libertad de expresión y de prensa, y por lograr garantías para ejercer el periodismo. Herrera lo vivía en carne propia: vivió con amenazas por más de 20 años e incluso en algún momento se vio forzado al exilio. Pero esto nunca fue una opción definitiva para Herrera, dijo León. Para el periodista no tenía sentido estar lejos mientras pasaban tantas cosas en Cúcuta, y por eso volvió.

“Estamos hablando de un periodista que vivió en riesgo 20 años, hizo periodismo en riesgo por 20 años, esa tarea era informar en territorios atravesados por la guerra, por la corrupción, por el crimen organizado, obviamente por el abandono estatal”, dijo León. “Y en medio de todo esto su decisión siempre de hacer periodismo”.

Cuando habló con LJR sobre la violencia de 2025 le dijo que estaba tomando precauciones para cubrir el tema. En ese momento, no viajó al Catatumbo porque le informaron que los grupos armados “no estaban respetando a nadie”. Tres años atrás, cuando visitó el área, fue retenido por horas por hombres armados, incluso en algún momento le apuntaron con un arma, le dijo a LJR.

Pero él estaba convencido de la necesidad de narrar lo que pasaba. Trabajó durante 23 años para el diario La Opinión de Cúcuta. En octubre de 2024 se retiró para ser un periodista freelance. Fundó su propio medio, una página en Facebook llamada Cúcuta al Rojo Vivo, pero también tenía una red de periodistas judiciales en la región para seguir cubriendo estos temas en Cúcuta y el Catatumbo.

“Él se negaba a callar”, dijo León. “Cuando vio que la alternativa no eran los medios tradicionales fundó su propio medio”.

Herrera le dijo a LJR cómo estaba entrenando a su equipo digital para cubrir la zona, especialmente a entender que en un área controlada por tantos grupos armados la información se había convertido en una estrategia de guerra.

“Confirmar que sea cierto, confirmar que la persona que lo mandó es un líder social o es un líder campesino y si verdaderamente el grupo que lo manda es veraz”, dijo Herrera en su momento.

Por las amenazas que nunca dejó de recibir se encontraba bajo la Unidad Nacional de Protección (UNP). Pero el día del crimen, sus escoltas tenían el día libre, informó la UNP. Un sicario le disparó en varias ocasiones cuando se bajaba de su vehículo al frente de la vivienda de su suegra.

El comandante de la Policía de Cúcuta anunció una recompensa de $100 millones de pesos colombianos (cerca de US $29.000) por información de los autores intelectuales y materiales del crimen.

El 9 de junio, las autoridades anunciaron la captura de tres personas (dos hombres y una mujer) presuntamente involucradas en el crimen de Herrera. Uno de los hombres sería el sicario que le quitó la vida al periodista y las otras dos personas habrían coordinado la logística del asesinato.

Según las autoridades, el presunto sicario pertenece a una banda delincuencial que opera en Cúcuta conocida como Familia P. La Fiscalía General les imputará los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes, accesorios y municiones.

Denuncias de corrupción y crimen organizado

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización de la que Herrera era parte del consejo directivo, calificó el crimen como un “golpe devastador” y exigió una investigación oportuna y diligente para dar con los responsables. Hizo un llamado para que su trabajo periodístico esté en la línea de investigación.

“Además impacta de manera grave a la FLIP, privándola de uno de sus integrantes en sus instancias de gobierno y poniendo bajo riesgo e intimidación el trabajo de defensa de los derechos de periodistas y audiencias del país”, escribió la organización en un comunicado.

Según la FLIP, recientemente Herrera había denunciado hechos de corrupción y problemas de orden público en Cúcuta. En su cuenta de X, minutos antes de su crimen, Herrera habló de un senador de Norte de Santander a quien presuntamente habían cancelado su visa de Estados Unidos y estaría en un proceso de extinción de dominio.

Días antes, también en X, publicó información referente a otros procesos de extinción de dominio y la llegada de funcionarios de la Fiscalía de Bogotá a Cúcuta para llevar a cabo estos procesos.

Las publicaciones mencionaban tanto a políticos como a organizaciones criminales operando en la ciudad.

Desde 2014, la FLIP registró al menos 17 amenazas contra Herrera. También sobrevivió a una tentativa de homicidio en 2017.

“Cristian aunque uno se saludara y le preguntara por su riesgo en ese momento él decía ‘como siempre, cosas que no faltan, situaciones que afectan’, pero él no se dejaba avasallar por el riesgo, no se dejaba avasallar por las dificultades que estaba afrontando”, dijo León.

Llamado a proteger a otros periodistas

“El asesinato de Cristian un cimbronazo para todos nosotros, es un golpe durísimo porque quiere decir que nunca nos van a dejar en paz”, dijo a LJR Claudia Julieta Duque, periodista colombiana víctima de tortura psicológica y quien desde 2001 enfrenta amenazas.

Duque, conocía a Herrera también en su lucha por la libertad de expresión y la exigencia de protección a periodistas. Compartían la “triste afinidad” de ser dos de los periodistas con mayor antigüedad de amenazas y de “vivir en carne propia” años de desprotección gubernamental, dijo Duque.

“Los periodistas amenazados de vieja data nos volvemos parte del paisaje”, dijo Duque bastante afectada por el crimen. “Se escribe fácil, es una frase: ‘periodista amenazado hace más de 20 años’, pero vívelo, súfrelo, afróntalo, sobrevívelo. Eso es imposible de describir y de contar con palabras porque es una vida entera”.

Con cada nuevo gobierno, dijo Duque, Herrera creía que las condiciones podían mejorar para el periodismo. Duque hizo una fuerte crítica al presidente Gustavo Petro quien no se ha pronunciado directamente por el crimen excepto por un post sobre la captura de los sospechosos, y al contrario, dijo, a las pocas horas del crimen publicó un post en X “fustigando a la prensa”.

También señala a la UNP por sus constantes fallas. Ella misma renunció a su protección hace cuatro años por la falta de garantías.

Herrera les había dado el día libre a sus escoltas, pero Duque cuestionó por qué no se había proporcionado seguridad adicional.

“La UNP tendría ya estar dando explicaciones de por qué no tenía un conductor de remplazo para los escoltas de Cristian, por qué había que dejarlo solo, por qué no le tenían una persona de reemplazo a Cristian para protegerlo”, dijo Duque.

Norte de Santander es una de las regiones más peligrosas para el periodismo en el país. Cúcuta es la ciudad que registra el mayor número de amenazas a periodistas, según la FLIP. En 2024, año en que se registraron tres asesinatos de reporteros, dos de ellos ocurrieron en ese departamento.

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