Los lineamientos requerirían nuevas obligaciones y sanciones para radio y televisión. Medios y expertos advierten que le darían al gobierno facultades para sancionar y censurar a los medios.
Actualizado el 19 de agosto, 9:21 a.m.
Una propuesta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reavivado un debate en México sobre cómo balancear la libertad de prensa con el derecho de las audiencias a recibir información veraz.
La mandataria dio a conocer en la mañanera del 28 de julio una consulta pública sobre la propuesta “Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias”, que aplicarían para concesionarios de televisión y radio tanto comerciales como públicas. Según una oficial de la presidencia, por el momento no hay planes de incluir a los medios impresos o digitales.
La consulta permanecerá abierta hasta el 21 de agosto para que cualquier persona u organización del país aporte sus comentarios y opiniones.
Los lineamientos propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) — ente que estaría a cargo de garantizar su cumplimiento — parten de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2025 y buscan establecer el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna. Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por medios, agremiaciones y organizaciones de la sociedad civil por el presunto control que le daría al gobierno para sancionar y censurar a las televisoras y radiodifusoras.
Según la propuesta, los lineamientos obligarían a los concesionarios distinguir con cortinillas o mensajes cuándo el contenido se trata de una noticia, cuándo de una opinión y cuándo de publicidad.
Los lineamientos también requerirían que se designe en cada medio a una persona defensora de las audiencias que tendría como responsabilidad “recibir, registrar, responder, documentar, procesar y dar seguimiento a las quejas, observaciones, reclamaciones, sugerencias, peticiones o señalamientos de las Audiencias”. Cuando se trate de medios comunitarios, indígenas o afromexicanos, esa persona debería ser de la misma comunidad. Y si la CRT determina que algún defensor no está cumpliendo con su función, podría pedir que se agreguen más defensores al medio.
Bajo la propuesta, los concesionarios tendrían que garantizar el derecho a la réplica cuando la audiencia considere que se publicó información inexacta o falsa, e incorporar medidas para incluir audiencias con discapacidad.
Además, los lineamientos establecerían un mecanismo de protección a través de quejas. El defensor de audiencias de cada medio investigaría cada queja y daría recomendaciones al medio sobre cómo responder. En caso de que estas no sean atendidas o de que la audiencia considere que sus derechos no fueron restituidos, la CRT puede intervenir e imponer sanciones y multas. Estas multas podrían ser hasta el 1% de sus ingresos anuales.
Los concesionarios también estarían obligados a publicar un código de ética en el cual estén claros sus criterios editoriales y medidas para asegurar que la información publicada sea veraz. También tendrían que explicar públicamente el proceso que siguen para elegir al defensor, los derechos que gozan las audiencias y el procedimiento para que estas presenten quejas.
Tras las críticas, reportó El País, la CRT está considerando ajustar los lineamientos, en particular las sanciones a los medios. Sin embargo, Sheinbaum ha dicho que los requisitos con respecto a la defensoría de las audiencias y el código de ética no son negociables porque son requeridos por la ley de telecomunicaciones de 2025.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) fue de las primeras organizaciones en mostrar su preocupación por lo que consideró ambigüedad en los lineamientos que podría otorgarle al gobierno poder de intervenir y sancionar a los medios.
Para la CIRT, “el proyecto permite al Gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada, desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias quien queda como subordinado a la autoridad”, publicó en un comunicado del 28 de julio.
La CIRT también mostró su preocupación por las multas que considera “excesivas” y el rol de las quejas anónimas, las cuales dijo que podrían ser usadas para presionar a medios.
El 10 de agosto, publicó otro comunicado diciendo que representantes de la CRT han mostrado apertura para escuchar sus preocupaciones.
Adriana Solórzano, doctora en ciencias políticas, especialista en derecho a la información y expresidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias (AMDA), dijo a LatAm Journalism Review (LJR) que parte de la preocupación que generan los lineamientos tiene que ver con la reciente pérdida de la autonomía de la CRT debido a la reforma de 2025 de la Ley de Telecomunicaciones. Como ente gubernamental, la CRT tendría la capacidad de regular los lineamientos y sancionar a quienes no los cumplan.
Ante este escenario, dijo Solórzano, es necesario que los lineamientos sean lo más claro posible, sin ambigüedades en su redacción y que no excedan lo que establecen las leyes del país.
Solórzano dio como ejemplo el artículo 12 de los lineamientos que establece el derecho de las audiencias a recibir información veraz y contextualizada, entre otras. Para la experta no existe en México ninguna legislación que obligue a los medios a dar información contextualizada o que establezca el derecho a recibirla de esa manera.
“Cualquier regulación debe estar acorde con una ley superior o con lo establecido en la Constitución”, agregó.
Solórzano dijo que era preocupante el rol que se les quiere dar a los defensores en los lineamientos, señalando que desfiguran su actividad de “buena voluntad” dentro de los medios.
El lineamiento que requiere que se cumplan las recomendaciones de cada defensoría hace que se pierda la esencia de lo que debería ser un ejercicio de autorregulación por parte de los concesionarios.
“Las recomendaciones son eso, recomendaciones”, dijo. “No son punitivas”.
Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), dijo a LJR que los lineamientos pueden ser usados para controlar información. Según Flores, dos puntos generan preocupación: el código de ética y las multas.
Sobre el lineamiento que requeriría que cada medio tenga un código de ética — algo con lo que muchos medios ya cuentan — “el problema es que la comisión reguladora quiera decir en estos códigos qué está bien y qué no, porque esto es responsabilidad de los medios”, dijo.
Sobre las multas, Flores dijo que le preocupa también la ambigüedad y la falta de criterios claros sobre cuándo se deben interponer.
Sheinbaum en mañaneras ha respondido a las críticas sobre los lineamientos y ha negado su intención de censurar o controlar información.
“Lo que hay en el fondo es que [los concesionarios] no están de acuerdo con nuestro gobierno, porque ellos quisieran tener los mismos privilegios que tenían antes; pero ya no, México cambió, y cambió porque el pueblo de México lo decidió”, dijo Sheinbaum en su mañanera del 4 de agosto. “¿Hay censura? No hay censura. ¿No se está de acuerdo con los lineamientos? Pues hay que buscar adecuarlos para que sean más claros. Pero el derecho de las audiencias es un principio constitucional”.
Tanto Flores como Solórzano concuerdan en la importancia de velar por los derechos de las audiencias. Solórzano recordó que desde 2013 se viene hablando de esta regulación, pero que han tenido oposición de parte de concesionarios.
Solórzano dijo que idealmente los mismos medios deberían establecer mecanismos autorregulatorios para garantizar los derechos de las audiencias, partiendo del entendimiento que la información es un bien público y que la libertad de expresión es un derecho de doble vía.
“Cuando buscamos la garantía del derecho a la libertad de expresión lo que buscamos es que los medios puedan emitir libremente, pero también que se pueda garantizar a la ciudadanía a recibir información confiable, libre de discriminación, de sesgos, información plural, lo más confiable posible porque con base en esa información va a tomar decisiones”, dijo.
Para Solórzano no hubiera sido necesaria la exigencia de la sociedad civil de un modelo regulatorio que involucrara la participación del gobierno si los medios hubieran demostrado voluntad de autorregulación.
“En un mundo ideal los derechos de las audiencias deberían ser preocupación principalísima de cualquier medio de comunicación, y debería ser tal su preocupación que no tendrían uno o dos mecanismos autorregulatorios — tendrían muchos más mecanismos y tendrían una operación absolutamente transparente”, dijo Solorzano.
