La administración del presidente Abelardo de la Espriella retiró de la vista pública datos detallados sobre el desastre, generando preocupación por la respuesta a la emergencia y futuras crisis.
Poco después de que el suelo comenzara a temblar en el occidente de Colombia el 10 de agosto(opens in new tab), la agencia que responde a catástrofes en el país comenzó a ponerle cifras a la tragedia.
En su sitio web, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres(opens in new tab), conocida como la UNGRD, tenía una tabla pública con el número de muertos, desaparecidos y heridos, así como la cantidad de viviendas afectadas — un conteo actualizado que servía a los equipos de emergencia y a las familias que intentaban encontrar a sus seres queridos entre los escombros. Según la agencia, el sismo ha dejado más de 300 muertos(opens in new tab).
Luego, dos días después del terremoto de magnitud 7,4, desapareció.
La agencia retiró la tabla interactiva donde se publicaban los datos. Y desde entonces, información clave — aunque menos detallada — sobre el desastre ha venido principalmente de boca del recién posesionado presidente Abelardo de la Espriella o a través de boletines de la UNGRD emitidos después de declaraciones públicas del mandatario. Además, las cifras reportadas por el presidente, la UNGRD y reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal no siempre han coincidido(opens in new tab).
Para los periodistas que cubren el terremoto y las organizaciones que defienden el acceso a la información pública, la desaparición de la tabla es más que un cambio de formato. Dicen que el manejo de la nueva presidencia podría complicar la respuesta a la emergencia y ofrece una primera mirada a cómo el gobierno podría manejar futuras crisis.
“Lo que se quiere es un monopolio informativo para dar a entender que se están haciendo cosas cuando en realidad hay muchas falencias que no están siendo corregidas”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Claudia Julieta Duque, miembro de la junta directiva electa del Sindicato Colombiano de Periodistas (Síncope). “Hay mucha improvisación”.
Ronny Suárez, periodista especializado en salud pública que se dió a conocer publicando estadísticas durante la pandemia del COVID-19, rápidamente buscó la manera de aportar a la respuesta al sismo desde el periodismo.
“Me puse en modo, como digo yo, ‘sayayín’ para — como ya había hecho en la pandemia — empezar a ayudar con información, información, información, información”, Suárez le dijo a LJR. Su enfoque es hacer reportes para impulsar donaciones, detallar casos de ciudades y municipios afectados, verificar datos y sobre todo unificar cifras de los efectos del terremoto.
A medida que Suárez buscaba datos verificables, obtuvo la tabla interactiva de la UNGRD, llamada la “Evaluación Situacional de Daños”. La compartió(opens in new tab) en sus redes sociales el 12 de agosto, pero 42 minutos después tuvo que informar que la tabla había sido bloqueada(opens in new tab).
“Yo no sé si podría calificar esto necesariamente de censura, tal vez sí lo es y yo no me estoy dando cuenta, pero evidentemente sí hay una obstrucción a la información pública”, dijo Suárez. “Lo raro es que si estaba público, ¿por qué lo bloquean? Es información que de todas formas están dando, no se entiende por qué ese tablero sigue siendo privado”.
Síncope fue de las primeras organizaciones en rechazar el bloqueo de información y lo calificó como el “primer acto de censura a la prensa” por parte del presidente De la Espriella. En un comunicado, el sindicato explica que no existe una disposición legal que permita este bloqueo, incluido el decreto 1171(opens in new tab) bajo el que se declaró el desastre nacional en el país.
“Con la censura del tablero de reporte en tiempo real, el gobierno nacional optó por privilegiar el control de la información a través de ruedas de prensa periódicas”, señala el comunicado. “Estas, sin embargo, no sustituyen el acceso a la información pública al que tienen derecho todos los periodistas(opens in new tab) y la sociedad en general, especialmente en situaciones de emergencia y desastre”.
El Veinte, organización que aboga por la libertad de expresión, también se manifestó sobre la restricción de la tabla, diciendo que vulnera la transparencia y obstaculiza el trabajo periodístico.
“El interés público de la información que se puede obtener por medio de dicha plataforma es más acentuado en el contexto de una emergencia humanitaria”, escribió El Veinte(opens in new tab). “Cerrar el acceso a cifras territoriales sobre viviendas destruidas, vías afectadas o población damnificada no solo golpea el trabajo periodístico, le quita una herramienta fundamental para que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil puedan ejercer veeduría sobre la respuesta estatal”.
La restricción de acceso público es solamente una muestra de un problema de comunicación del gobierno, dijo Duque. Las cifras que tenía la tabla y que ahora son enviadas por boletines diarios están presentando fluctuaciones que generan dudas, dijeron Duque y Suárez.
El bloqueo de la plataforma coincidió con la toma de posesión de quien hoy dirige la UNGRD. La persona que había estado al frente de la entidad durante el gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro no dejó el cargo hasta el 12 de agosto, cinco días después del cambio de gobierno y dos días después del terremoto. Los gobiernos de Petro y De la Espriella — de ideologías opuestas — no hicieron una transición formal, lo cual ha hecho parte de las críticas luego del terremoto.
Tampoco está posesionada quien fue seleccionada como vocera de la Presidencia, Carolina Gómez. Gómez ha compartido información en X en calidad de “vocera voluntaria”, según su definición.
“Eso ya te indica un problema de comunicación muy serio en términos de información y de coordinación de la información pública en un momento tan terrible como la crisis generada por el terremoto del 10 de agosto”, dijo Duque. “Es algo delicado y es una alerta muy temprana, diría yo, de lo que puede suceder en este gobierno”.
