El Centro de Periodismo Investigativo ha acudido a los tribunales más de 50 veces para abrir archivos de registro público como muertes o personas desaparecidas.
Cuando la policía informó a periodistas del Centro de Periodismo de Investigación (CPI) de Puerto Rico que 1.000 personas desaparecen cada año en la isla, que alberga a unos 3,2 millones de personas, quisieron investigar más a fondo.
No sólo era una cifra impactante sino que llevó a más preguntas. ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde desaparecen más? ¿Qué ha pasado con las personas desaparecidas durante el Huracán María de septiembre de 2017?
“Te llega la alerta y nunca te enteras si estas personas aparecen o no. Así que esa fue la curiosidad inicial”, dijo Omaya Sosa, periodista, editora de proyectos especiales y cofundadora del CPI, a LatAm Journalism Review (LJR). Ella y su colega Jeniffer Wiscovitch recibieron la cifra tras pedir información a las autoridades.
Tras recibir la cifra, en noviembre de 2025, el duo pidió una detallada lista de personas desaparecidas desde 2014 hasta 2025 que incluyera el nombre, municipio de residencia, último lugar donde fue vista, fecha, sexo y edad. La petición, no obstante, hasta hoy no ha sido respondida totalmente.
En primer lugar, se les informó que parte de los datos pedidos se trataba de información confidencial, dijeron las periodistas.
Tras insistir, Sosa dijo que finalmente les empezaron a entregar por partes la información: sin embargo, lo recibido no eran bases de datos sino grandes volúmenes de requisitorias, es decir, los documentos oficiales que detallan la desaparición de una persona y que suelen enviarse a la prensa para ayudar en su búsqueda.
Luego de cinco meses en este proceso, el CPI solamente había recibido 732 requisitorias. Teniendo como base la misma cifra de la policía de que al año desaparecen 1.000 personas y teniendo en cuenta que se pedía el total de 10 años, lo entregado no correspondía ni al 10% de las 10.000 personas que deberían estar en los registros.
“Esto es todo lo que tenemos”, dijo Sosa que fue la respuesta de la Policía cuando les confrontaron por los pocos datos entregados en cinco meses.
Ante la respuesta, el pasado 20 de abril, el CPI demandó a la Policía de Puerto Rico ante el Tribunal de Primera Instancia por no entregar esta información.
En una de las muchas audiencias ante la justicia de Puerto Rico aparecen los abogados Luis José Torres Asencio y Steven P. Lausell Recurt, de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, junto a las periodistas Omaya Sosa y Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. (Foto: Brandon Cruz González / CPI)
“Los estamos llevando a Corte también porque en el proceso encontramos que hay unos reglamentos que les exigen a ellos no sólo tener la información y tener registros, sino tener una base de datos con esa información”, dijo Sosa. “Estamos en el s. XXI. En Puerto Rico se invierten miles de millones de dólares en tecnología, ¿cómo es posible que me entregues fotocopias en papel”.
Hasta el 14 de mayo, el Estado dio respuesta a la demanda, en la que entre otros argumentos señaló que la información solicitada ya había sido provista, y que la información faltante era confidencial, dijo a LJR Luis José Torres Ascencio, codirector de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que representa al CPI en los procesos legales.
“Nos vamos a oponer obviamente. Vamos a plantear que esos fundamentos de confidencialidad que están invocando en este caso no proceden primero porque no hay una expectativa de intimidad para personas desaparecidas porque se trata de información que el gobierno voluntariamente hace pública”, dijo Torres quien aseguró que, a principios de este mes, deberán presentar su respuesta. “En segundo lugar, porque en Puerto Rico el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental y las clasificaciones de confidencialidad tiene que satisfacer exigencias de escrutinio”.
LJR solicitó declaraciones a la Policía de Puerto Rico a través de su oficina de comunicaciones, pero al cierre de este artículo no había recibido respuesta.
La información sobre personas desaparecidas es solamente el más reciente caso en el que el CPI ha tenido que acudir a la justicia para acceder a información que en primer lugar, dice, debería estar pública. En poco más de 16 años, la organización —junto con la Universidad Interamericana— dice haber logrado al menos 50 demandas de acceso a la información pública contra el gobierno de Puerto Rico.
Sosa, quien junto a Óscar Serrano cofundaron el CPI en 2008, dijo que la lucha por el derecho de acceso a la información hace parte de la esencia misma del CPI. Además de continuar con su periodismo investigativo, querían fortalecer el derecho de acceso a la información a través de un programa de litigio que fuera viable económicamente.
Su experiencia previa en medios les había señalado que muchas de las investigaciones requerían un apoyo legal para acceder a información. La Universidad Interamericana les abrió las puertas, no sólo físicas, sino la oportunidad de tener una Clínica que les permita a sus estudiantes de último año – liderados por expertos de la Facultad de Derechos – llevar casos como los del CPI.
“Nuestro proyecto busca reivindicar el derecho de acceso a la información como un reclamo en sí mismo, sino porque la información que se va a obtener o que se pretende obtener va a cambiar los términos de la conversación pública sobre algún asunto de gran importancia en el país”, dijo Torres. “Queremos que nuestros casos tengan ese impacto, que promuevan cambios en política pública o que visibilicen instancias de corrupción, fraude, ilegalidad para fortalecer eso que se hace llamar democracia”.
Uno de los casos que representa mejor esta lucha por el acceso a la información y los impactos en la sociedad fue el relacionado con las estadísticas de mortalidad en Puerto Rico, dijeron tanto Sosa como Torres.
La petición inició en la cobertura del Huracán María y sus impactos en la población. Mientras las autoridades insistían inicialmente en que las muertes por el huracán eran 16, cifra que luego aumentaron a 64, la reportería daba cuenta de otra situación. Sin luz, internet e incluso a veces servicio de telefonía, los periodistas caminaron las calles de la isla viendo que las autoridades no estaban dando las cifras correctas.
Continuando con su reportería, en febrero de 2018 el CPI denunció a la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico por no entregar información sobre las muertes ocurridas durante el huracán. En junio de ese año, el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico obligó la entrega de esa información a las partes, que incluía también al medio CNN en Español, tras lo cual el gobierno anunció su entrega.
La investigación, a la que se había unido Quartz y luego AP, llevó al especial ‘Los muertos de María’. Sin embargo, el acceso a los certificados de defunción llevó a otras investigaciones como personas muertas votando o cifras de las muertes por COVID-19.
Sosa dijo que en al menos siete ocasiones han tenido que volver a la Corte para recibir información sobre las actas de defunción a pesar de que la Corte Suprema de Puerto Rico estableció que eran públicas.
“Cuando ya no pudieron pelear más, cambiaron la ley para hacer expresamente esa información confidencial”, dijo.
Sosa, quien lleva siendo periodista de investigación por 30 años, dice que cada vez es más difícil acceder a información y que es necesario ir a la Corte por “tonterías”.
“Casi todas las investigaciones que son incómodas para el gobierno terminan en pleito”, dijo Sosa. “Y tengo que decir con mucha tristeza que, en vez de mejorar la situación a lo largo de los años, ha empeorado mucho”.
No es un sólo una percepción. Torres explicó que, a finales del año 2025, diferentes enmiendas fueron aprobadas las cuales obstaculizan el acceso a la información.
Por ejemplo, cada vez es más común encontrar información considerada como confidencial – como las actas de defunción – o imponer otros requisitos como que quienes dirigen cualquier dependencia deben ser notificadas cada vez que se pide información relacionada con esa dependencia.
Los plazos para la entrega de información también aumentaron. Pasó de 10 días laborales a 20 y la prórroga pasó de 10 a otros 20. Es decir, los datos pueden tomar hasta dos meses en llegar a manos de un periodista. Y si el Estado apela después de que se le ordena dar la información, los tiempos podrían ser de años.
Por eso, los periodistas del CPI han entendido que sus investigaciones no pueden esperar a que les entreguen los datos, sino a usar las herramientas del periodismo más básico. Tal como hicieron con los muertos del huracán María, deben salir, reportear, comprobar y crear sus propias bases de datos. Cuando finalmente llega la información solicitada, esta les sirve para comparar y verificar los datos que ellos han recolectado.
“Periodismo de a pie asistido con las herramientas digitales y la tecnología que nos ayuda estructurar la información y a ver un cuadro completo”, dijo Sosa.
