Defensores de la libertad de expresión sostienen que el proceso contra uno de los periodistas más reconocidos de Guatemala es una represalia por sus investigaciones sobre corrupción.
Ya son cuatro años desde que el periodista guatemalteco José Rubén Zamora fue arrestado por cargos que, según numerosos observadores, buscan castigar su trabajo sobre presuntos actos de corrupción e irregularidades del gobierno.
Aunque las autoridades le han concedido arresto domiciliario, también le han modificado reiteradamente el curso de los procesos en su contra, manteniéndolo atrapado en una incertidumbre procesal que, según su defensa, equivale a la criminalización de la libertad de expresión en Guatemala(opens in new tab).
“Estamos muy contentos de que pueda tener una detención en su casa, pero nos gustaría que lo absolvieran de todos los cargos y que pueda estar libre porque realmente es inocente”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Milena Klimberg van Marrewijk, asesora del Cyrus R. Vance Center for International Justice, organización que desde Nueva York brinda apoyo a Zamora. “No hay ninguna prueba” en su contra, agregó.
El 28 de julio, la Sala Segunda de Apelaciones confirmó la anulación(opens in new tab) de la única condena dictada contra Zamora y ordenó la realización de un nuevo juicio. Sin embargo, aún enfrenta otros tres procesos penales, y su defensa y su familia temen que lo puedan regresar a prisión en cualquier momento.
Su familia y diferentes organizaciones están usando el aniversario de su detención para exigir su libertad y el fin de lo que llaman una estrategia para acallar a la prensa.
“Tras 1.468 días sin debido proceso, sin audiencias y sin sentencia, los hechos siguen siendo tan claros hoy como el primer día, es inocente. Fue detenido arbitrariamente, torturado, despojado de sus derechos y hoy permanece bajo arresto domiciliario por la inacción del Organismo Judicial de Guatemala”, dijo su hijo José Carlos Zamora a LJR. “Deben celebrar de inmediato las audiencias pendientes, declarar su inocencia y devolverle su libertad inmediata e incondicional”.
La Coalición por la Libertad de Prensa, una alianza internacional que representa los gobiernos de 51 países de todo el mundo, recordó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas reconoció al encarcelamiento de Zamora(opens in new tab) como arbitrario y exigió su liberación. La coalición también instó a la fiscalía guatemalteca a que garantice un nuevo proceso pronto y transparente.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) también marcó la fecha resaltando que Zamora está detenido “sin debido proceso(opens in new tab), sin audiencias y sin sentencia”, a causa de “inacción del Organismo Judicial”.
En uno de los casos que Zamora enfrenta, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) lo ha acusado por chantaje, delitos relacionados al lavado de dinero y tráfico de influencias.
Zamora siempre ha negado las acusaciones y ha afirmado que se tratan de una represalia por su trabajo periodístico. Las investigaciones de Zamora y del equipo de elPeriódico, medio que él fundó, durante años tocaron a diferentes funcionarios públicos, incluyendo presidentes.
En junio de 2023 fue declarado culpable por el delito de lavado de activos y fue sentenciado a seis años de prisión(opens in new tab). Han sido tres años, explicó Klimberg, en los que las distintas apelaciones han intentado resolverse. En octubre de 2023, la sentencia fue anulada(opens in new tab). La anulación fue apelada, pero el 28 de julio de este año la condena se anuló nuevamente y se ordenó repetir el juicio.
En el segundo caso, que también inició en 2023, Zamora está acusado de conspiración para la obstrucción a la justicia y uso de documentos falsificados. Hasta el momento no se ha determinado una fecha para la audiencia, la cual podría determinar su inocencia o culpabilidad ante esos cargos, dijo Klimberg.
El tercer caso llegó luego de que Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación Contra el Terrorismo — una organización no gubernamental de derecha — usara la ley de feminicidio de Guatemala para acusar a Zamora de discriminación por un presunto lenguaje misógino en contra de la entonces fiscal general María Consuelo Porras. En una reciente investigación de Reporteros Sin Fronteras se destacó el papel (opens in new tab)de la fundación de Méndez para afectar a periodistas, especialmente en el caso de Zamora.
El proceso se inició en agosto de 2023 tras la publicación de un artículo de Zamora(opens in new tab). En febrero de 2026 se reactivó y se programó una audiencia que aún no ha sido programada.
Por el primer y segundo caso, las medidas de arresto domiciliario han sido ratificadas por diferentes salas. Sin embargo, Klimberg dijo que persiste la incertidumbre y “es difícil decirte definitivamente que [Zamora] no podría volver a prisión”.
Según expertos, los casos en contra de Zamora han estado marcados por violaciones al debido proceso y a su defensa legal, y por estrategias para dilatar cualquier decisión que lo pueda beneficiar.
Luego de que el grupo de trabajo de las Naciones Unidas determinó que la detención de Zamora ha sido arbitraria y subrayó otras irregularidades, la familia y defensa del periodista han presionado a Gabriel Estuardo García Luna, el nuevo fiscal general de Guatemala, para que se observen las garantías a su debido proceso.
“El grupo de detenciones arbitrarias ya determinó que José Rubén está detenido arbitrariamente hace tres años y el Estado Guatemala no ha hecho nada para revaluar su criminalización”, dijo Klimberg. “Y estamos muy pendientes de eso”.
El caso de Zamora fue presentado hace dos años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a diferentes derechos como el de la libertad de expresión. En ella se incluyó la afectación que hubo en contra de elPeriódico, que tuvo que cerrar definitivamente en mayo de 2023(opens in new tab) debido a las acusaciones en contra de Zamora.
