El caso representa un desafío poco común para un alto mando militar y llega después de que periodistas presionaran a las autoridades para que actuaran.
Un caso inédito contra un excomandante militar en Honduras que llamó “sicarios de la verdad” a un grupo de periodistas podría sentar un precedente para la libertad de prensa en el país.
Una jueza determinó el pasado 1 de septiembre que existían pruebas suficientes para avanzar con una audiencia preliminar(opens in new tab) que podría llevar a un juicio público contra el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras Roosevelt Hernández por cargos relacionados con ataques contra la prensa.
La audiencia quedó programada para el 14 de septiembre. Hernández apeló la decisión(opens in new tab), argumentando que el tribunal excluyó indebidamente documentos presentados por su defensa.
Organizaciones de la libertad de prensa y los derechos humanos en Honduras consideran que el caso es significativo porque es la primera vez que un comandante militar del rango de Hernández enfrenta un proceso penal relacionado con la libertad de expresión. Hernández también se desempeñó como Secretario de Defensa durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, cuyo mandato terminó en enero de 2026.
“Es un caso emblemático e histórico”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos(opens in new tab) (Asopodehu), que ha acompañado a los periodistas que iniciaron la denuncia contra Hernández.
Meza dijo que el proceso es resultado de incidencia por parte de periodistas y organizaciones de derechos humanos para que los fiscales lleven adelante el caso.
La polémica se remonta a la campaña electoral en la que fue elegido presidente Nasry Asfura(opens in new tab), quien asumió el cargo el 27 de enero de 2026.
En noviembre de 2024, el Auditor Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas presentó una demanda ante el Ministerio Público para abrir procesos contra 12 medios(opens in new tab) de comunicación por presuntos delitos de calumnia y difamación.
El 9 de marzo de 2025, durante las elecciones primarias, marcaría una mayor hostilidad hacia la prensa, dijo a LJR Thelma Mejía, periodista hondureña y miembro directivo de la Red Centroamericana de Periodistas (RCP). Ese día, 72% de los puestos de votación se vieron afectados(opens in new tab) por la demora en el material electoral. Las maletas con este material eran custodiadas por las Fuerzas Armadas(opens in new tab).
La prensa solicitó explicaciones sobre el tema e incluso solicitó al Ministerio Público investigar. Esto habría provocado la molestia de Hernández, dijo Mejía.
Portada de la revista FFAA Digital de Honduras del 26 de mayo de 2025. (Captura de pantalla)
El 26 de mayo de 2025, en la portada y páginas interiores del periódico oficial de las Fuerzas Armadas “FF.AA. Digital” se publicaron acusaciones en contra de los periodistas(opens in new tab) Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra bajo el titular “sicarios de la verdad”. En la revista se les acusó de difundir información falsa, lo que para los periodistas constituyó un acto de estigmatización, incitación al odio y difamación. Estas mismas acusaciones fueron hechas a través de redes sociales, según el requerimiento fiscal, el documento en el que la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia detalla los delitos de los que acusa a Hernández.
La fiscalía también incluyó el señalamiento que hizo el general en un acto público en el que acusó al periodista José Adán López de ser un presunto integrante del crimen organizado, así como la aparición de mantas en varios puntos de Tegucigalpa(opens in new tab) con fotografías de periodistas y con la leyenda “Sicarios de la verdad, armas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones”. Los responsables se identificaron como Movimiento Popular Hondureño y no indicaron una conexión con las Fuerzas Armadas.
El documento de acusación de la fiscalía hace un análisis que indica que cambió la línea editorial de la revista de las fuerzas armadas con la llegada de Hernandez, así como de los discursos públicos.
Según la acusación fiscal, Hernández enfrenta cargos por incitación a la discriminación y por atentar contra derechos fundamentales, incluida la libertad de prensa y expresión.
Según un reciente informe de C-Libre, las agresiones contra prensa y defensores aumentaron un 19,6% en el contexto electoral(opens in new tab) del país. Según el informe, el principal agresor fue el aparato estatal: el 22,8% de las agresiones provenían de funcionarios del Gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, 49% por parte de las Fuerzas Armadas, y 17% por la Policía Nacional.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detalló en su informe anual de 2025 las actuaciones de las Fuerzas Armadas(opens in new tab), incluidas las detalladas por el requerimiento fiscal.
“En un contexto de progresivo deterioro del debate público y de la libertad de expresión en Honduras, esta Oficina también expresa su alarma por los múltiples reportes de estigmatización e intimidación dirigidos contra la prensa por miembros de las Fuerzas Armadas”, escribió la RELE en su informe. “Estas acciones se manifiestan tanto en discursos públicos emitidos por su alta cúpula como en la activación y amenaza de procesos penales, que parecen orientados a intimidar y silenciar a periodistas que investigan las actuaciones de esta institución”.
El juicio contra Hernández por los ataques de las Fuerzas Armadas contra la prensa hondureña no se hubiera logrado sin una larga lucha por parte de las organizaciones Asopodehu y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), dijo Meza.
Estas organizaciones hicieron presión ante la fiscalía durante tres semanas para que publicaran el documento de la investigación.
“Tuvimos que hacer incidencia permanente y fuerte por tres semanas antes de que libraran el requerimiento fiscal. Con nuestras investigaciones logramos saber que tenían engavetado el requerimiento a pesar que ya estaba listo y denunciamos posibles pactos oscuros bajo la mesa. Así los presionamos con reiteradas comparecencias públicas”, dijo Meza.
Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos(opens in new tab) (Ciprodeh), dijo que el momento en que se presentó el caso podría generar dudas de que el juicio tenga motivaciones políticas. Los fiscales presentaron el caso en noviembre de 2025, poco antes de que asumiera el cargo Asfura, cuya victoria en la elección presidencial también marcó un cambio del partido político al mando en Honduras.
Pero Acevedo también dijo que cree que el caso en contra de Hernández es un “parteaguas” para aquellos que atentan contra la prensa y en general cuando se cometa algún delito.
“Puede servir de antecedente jurídico y de jurisprudencia sobre qué hacer en relación con algunas acciones que puedan significar coerción o coartar la libertad de expresión”, dijo Acevedo.
Acevedo ve como positivo que el caso pueda servir al momento de hacer denuncias similares y exigir que se siga la misma línea de investigación. Dijo que también serviría para que periodistas víctimas de otros delitos continúen en su presión para recibir justicia. “Ya que tenemos mucha impunidad en los casos contra periodistas”, dijo.
Para Mejía será también una medida para poder frenar posibles enfrentamientos con el nuevo gobierno del presidente Asfura.
“Creemos que en este gobierno probablemente no se va a vivir la confrontación con los medios tan fuerte como el pasado”, dijo Mejía. “Pero eso no significa que no se vaya a dar, sino que creo que serán más estratégicos y más inteligentes en cuanto a las formas en que ellos van a tratar de controlar la opinión”.
