Periodistas que huyeron de Guatemala tras ser señalados por cubrir el juicio de su exjefe ahora pueden regresar, tras fallos judiciales. Pero les preocupa que las fuerzas que los hicieron huir sigan presentes.
Han sido un poco más de tres años de incertidumbre, miedo, rabia y especialmente decepción para un grupo de exempleados del ahora extinto medio elPeriódico(opens in new tab) de Guatemala que viven en el exilio por su cobertura del caso de su exjefe José Rubén Zamora.
Durante una audiencia el 28 de febrero de 2023 en contra de Zamora, fundador de elPeriódico, la entonces fiscal Cinthia Monterroso solicitó al juez abrir una causa penal en contra de varios periodistas(opens in new tab) por el delito de “obstrucción a la justicia” — un delito enmarcado en la ley de crimen organizado.
El argumento de Monterroso tenía como base textos periodísticos y columnas de opinión publicadas por elPeriódico relacionada con el juicio ahora anulado de Zamora(opens in new tab), quién fue condenado a seis años de prisión en un caso cuestionado por organizaciones de libertad de expresión(opens in new tab). De acuerdo con la Fiscalía, la cobertura hecha del caso había creado en la sociedad guatemalteca una imagen falsa, débil y mala de la Fiscal General de entonces, María Consuelo Porras.
“Entonces eso tiene como consecuencia que ellos, como fiscales, ya no pueden investigar de una debida forma porque hay una predisposición”, explicó a LatAm Journalism Review (LJR) Wendy Geraldina López, abogada de la organización Udefegua que representa a cinco de los periodistas.
Zamora, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, ha enfrentado desde 2023 acusaciones(opens in new tab) por chantaje, delitos relacionados al lavado de dinero y tráfico de influencias, causas judiciales que numerosos observadores han calificado de represalia por sus investigaciones sobre corrupción gubernamental.
El exilio de los periodistas involucrados en la cobertura del juicio subraya el largo alcance que ha tenido la ofensiva legal del gobierno guatemalteco en contra de Zamora(opens in new tab), quien antes de su arresto ya había enfrentado décadas de amenazas(opens in new tab), persecución y actos de tortura por su trabajo periodístico y la de su medio.
Con una reciente decisión de la Corte Constitucional, el caso penal en contra de los periodistas está cerrado,(opens in new tab) dijo López. Algunos de los colegas de Zamora ya regresaron a Guatemala, pero ante la falta de garantías y protecciones, quedan cuatro que se mantienen en el exilio y con miedo de regresar.
Durante la audiencia de 2023 se ordenó investigar a los periodistas Denis Aguilar, Christian Velix, Alexander Valdez, Rony Ríos, la directora de elPeriódico Julia Corado, el exjefe de redacción Gerson Ortiz, y los columnistas Gonzalo Marroquín y Edgar Gutiérrez.
Una vez que se conoció la investigación abierta en su contra, organizaciones internacionales se comunicaron con ellos para hacerles un análisis de riesgo rápido, dijo Corado a LJR.
El análisis hecho por las organizaciones señalaba que era mejor salir del país por falta de garantías judiciales, dijo Corado. “Era muy fácil que dictaran órdenes de captura y nos llevaran al otro día”, dijo.
Hicieron caso y salieron del país. Corado y Ortiz lo hicieron el 2 de marzo de 2023, vía Costa Rica, y no han vuelto.
“Es bien injusto porque uno no ha hecho nada fuera de la ley más que su trabajo. Y por eso fui perseguida, salí del país en unas condiciones bien críticas”, dijo Corado. “Fue bien fuerte, la verdad. Una incertidumbre terrible”.
Corado, Ortiz y Rony Ríos, quienes hablaron con LJR, coinciden en dos cosas: pensaron que su exilio sería algo de máximo dos meses, y tuvieron que hacerlo solos. No contaban con recursos para irse con sus familias.
Para Ortiz, ahora en Europa, fue particularmente sorprendente verse en ese grupo investigado. Por ser editor que no firmaba artículos, no pensó que estuviera en el radar de la justicia.
“Como editor cuidaba el lenguaje, cuidaba que los datos fueran certeros, hacía doble chequeo [...] y entonces soy perseguido por ocuparme de esos detalles aparentemente inofensivos”, dijo Ortiz.
Junto con Corado fundó en 2024 EP Investiga(opens in new tab), un medio cuyo equipo se encuentra parte en Guatemala y parte en el exilio con el que se busca continuar con el legado de elPeriódico, pero sobre todo continuar haciendo periodismo, dijo.
“La primera reacción emocional que hay es de una absoluta decepción”, dijo Ortiz. “Pero al mismo tiempo también, luego de procesarlo, te hace darte cuenta de que tu trabajo sigue siendo importante, decir las cosas a pesar del miedo, a pesar de las consecuencias incluso, vale la pena, tiene sentido político y crítico, importante para un país”.
Ríos, quien quedó designado a cubrir algunas de las audiencias de Zamora por su experiencia en tribunales, tampoco tiene muy claro por qué fue vinculado al caso judicial. Cubrió y redactó las historias como hizo con muchas otras.
En el expediente judicial, los textos y columnas de los periodistas hacen parte de las pruebas de la Fiscalía. Notas con encabezados como “Detienen al periodista José Rubén Zamora y allanan oficinas de ‘elPeriódico”, “Personal de ‘elPeriódico’ fue detenido por las fuerzas de seguridad”, “Zamora sigue detenido y sin audiencia de primera declaración”, “‘Este es un montaje del presidente y del fiscal general’”, “Nuevo hostigamiento contra José Rubén Zamora”, son algunos de los muchos artículos, editoriales o columnas que fueron anexados como evidencia.
También en el expediente judicial, la Fiscalía utilizó calificativos como “desinformación” y “falso” para describir los textos. Ríos ve con extrañeza que uno de los textos marcados como evidencia fue cuando describió que uno de los audios que se presentaron como prueba contra Zamora no se podía escuchar claramente. La Fiscalía consideró esa descripción como un intento por deslegitimar la acusación contra Zamora.
“No se oían. Y otros medios lo reportaron”, insiste Ríos.
Artículos sobre cómo organizaciones internacionales — como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Sociedad Interamericana de Prensa — se manifestaban en contra del caso de Zamora también fueron presentadas como evidencia de obstrucción a la justicia en contra de los periodistas.
Actualmente en Estados Unidos después de que su caso de asilo fuera aprobado, Ríos divide su tiempo entre redactar artículos para el medio independiente guatemalteco Prensa Comunitaria y su trabajo como cocinero en un restaurante. Su deseo es volver a su país, y lamenta los momentos que se ha perdido. No pudo estar cuando su abuela murió y vive preocupado por la salud de sus padres.
Estos episodios hicieron que Ríos tuviera momentos de rabia y de frustración contra quienes lideraban el apartado judicial. “No los podía ni ver”, dijo Ríos.
El reciente informe “La Verdad del Exilio, Ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala”(opens in new tab), da cuenta de la persecución que vivieron operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas desde 2014.
Ortiz describe los tres años de caso como una especie de “espada de Damocles” en que el objetivo de la Fiscalía era callarlos y mandar un mensaje de que otros periodistas podrían tener el mismo camino.
López explica que el caso no debió llevarse por la vía penal, sino resolverse mediante un mecanismo especial para asuntos relacionados con la libertad de expresión. En enero de 2024 un juez aceptó que el proceso no podía continuar en un tribunal penal. El Ministerio Público apeló la decisión ante distintas instancias, pero todas la mantuvieron. En junio de 2026, la Corte Constitucional cerró el caso entre otras razones, por renuncia del Ministerio Público.
“Es decir, que de una forma indirecta, nos están diciendo que efectivamente siempre tuvimos la razón”, dijo López. “Prácticamente ellos utilizaron el sistema de justicia simple y sencillamente para criminalizar, porque ellos reconocen que sus peticiones nunca tuvieron un fundamento serio”.
Aunque la decisión de la Corte Constitucional y el cambio de Fiscal General(opens in new tab) abre una ventana de esperanza para regresar, Ortiz advierte que el sistema total no ha cambiado. Aún faltan protección y garantías para evitar nuevas persecuciones, así como un reconocimiento del daño causado por el Estado y una reparación para quienes vieron sus proyectos de vida afectados.
“El Estado le debe a sus ciudadanos una justicia”, dijo López. “Para que ellos retornen también necesitan condiciones, y creo que las condiciones más que otra cosa tendrían que hacer de reparación hacia ellos, por lo menos una disculpa”.
