“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por un decreto del Gobierno de Costa Rica que declara secreto de Estado una amplia gama de información vinculada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo de trabajo Fuerza Élite. La organización hemisférica advirtió que una disposición de tal amplitud podría obstaculizar la labor periodística y restringir el acceso a información de interés público, con consecuencias para la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada.
La medida, decretada el 10 de agosto por la presidenta Laura Fernández, comprende información sobre operaciones policiales y de inteligencia, estructuras de mando, recursos tecnológicos, planes de seguridad, presupuestos, gastos y contrataciones públicas, además de documentos, reuniones, acuerdos y otros archivos de estos tres organismos de seguridad. El decreto, que tiene efecto inmediato, fue publicado en el diario oficial La Gaceta.
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Abogados y expertos consultados por medios costarricenses cuestionaron la constitucionalidad y el alcance de la medida que sostienen, debería estar respaldada por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa y no únicamente por un decreto ejecutivo. Entre otros aspectos, señalaron que Costa Rica carece de una legislación específica que regule de manera clara las declaratorias de secreto de Estado”.
