“Seis periodistas han sido asesinados en México este año, cinco de ellos en un lapso de poco más de dos meses, lo que representa uno de los picos de violencia más mortíferos contra la prensa que el CPJ ha documentado en más de una década.
A pesar de las diversas exigencias organizadas de justicia en los estados mexicanos donde los reporteros fueron asesinados, las autoridades gubernamentales no han atendido las preocupaciones expresadas por periodistas locales y grupos de libertad de prensa sobre el hecho de que los comunicadores estén siendo agredidos en relación con su labor.
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En respuesta, el CPJ ha instado a la Fiscalía General de la República (FGR) de México a ejercer su facultad de atracción de todos los casos de periodistas asesinados, aumentar la coordinación entre las autoridades federales y estatales, y reforzar las medidas de protección para todos los periodistas en el marco del Mecanismo federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Las autoridades federales no solo cuentan con una amplia facultad, de acuerdo con el Artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales de México, para hacerse cargo de las investigaciones de delitos contra periodistas cuando hay funcionarios públicos involucrados, sino que también han demostrado en el pasado ser más eficaces al obtener condenas en varios casos de alto perfil de periodistas asesinados, incluidos los homicidios en 2017 de Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas”.
