La periodista brasileña Bianca Santana presentó el 7 de julio una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU contra el presidente Jair Bolsonaro. En total, 19 organizaciones de la sociedad civil suscribieron la denuncia.
Edison Lanza, Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH; Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Joan Barata, experto español; y Guilherme Canela, jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la Unesco participaron en el webinar “Desafíos legales para la protección de la libertad de expresión en tiempos de COVID-19”.
La organización también señaló que en Brasil, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México y Nicaragua “se agrava la estigmatización a medios y periodistas”.
Su asesinato nos impactó también porque vimos que no importa si tienes premios internacionales, por más conocido que seas, todos están en riesgo y, bueno, el asesinato de Javier también, no sé, cada asesinato ha sido difícil.
Según la investigación de Abraji, Pureza hizo constantes referencias en su programa de radio a presuntas irregularidades cometidas en la administración del exalcalde João Batista Gomes Rodrigues, conocido como Batista Boiadeiro (PTB).
La prensa independiente también demandó al gobierno, por primera vez según 14yMedio, la derogación de leyes que contravienen el derecho a la libertad de expresión y la legalización de los medios periodísticos independientes.
La organización registró 30 casos en que los policías abordaron de forma violenta a periodistas, fotógrafos y camarógrafos de medios digitales, impresos y televisivos.
Ese Plan de Acción busca “crear un entorno libre y seguro para los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación de todo el mundo”, de acuerdo con el comunicado.
Cerca de 60 periodistas independientes se han ido al exilio, lo que en un país tan pequeño como Nicaragua es un número importante proporcionalmente hablando.
La creación de un entorno que permita el ejercicio de la libertad de expresión, la creación y el mantenimiento de un internet libre e inclusivo y el control privado de la comunicación digital son los principales desafíos para la libertad de expresión en la próxima década, según expertos.