{"id":61221,"date":"2022-07-11T21:12:52","date_gmt":"2022-07-12T02:12:52","guid":{"rendered":"https:\/\/latamjournalismreview.org\/?p=61221"},"modified":"2022-08-01T18:19:40","modified_gmt":"2022-08-01T23:19:40","slug":"justicia-para-los-periodistas-de-guatemala-la-fiscalia-archiva-mas-denuncias-de-las-que-lleva-a-juicio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latamjournalismreview.org\/es\/articles\/justicia-para-los-periodistas-de-guatemala-la-fiscalia-archiva-mas-denuncias-de-las-que-lleva-a-juicio\/","title":{"rendered":"Justicia para los periodistas de Guatemala: la fiscal\u00eda archiva m\u00e1s denuncias de las que lleva a juicio"},"content":{"rendered":"

Por Jody Garc\u00eda*<\/strong><\/p>\n

Este art\u00edculo ha sido actualizado**<\/em><\/p>\n

Este es el tercer reportaje de una serie sobre la investigaci\u00f3n y la persecuci\u00f3n de los casos de violencia contra los periodistas en Am\u00e9rica Latina.**<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

\"Illustration

(Pablo P\u00e9rez - Altais)<\/p><\/div>\n

Era septiembre de 2014 cuando la periodista ind\u00edgena Norma Sancir tom\u00f3 la mochila con su equipo de trabajo y sali\u00f3 a cubrir un desalojo en la comunidad Camot\u00e1n, Chiquimula, donde viv\u00eda y trabajaba como reportera para diferentes medios de comunicaci\u00f3n locales.<\/p>\n

Aunque solo portaba el tel\u00e9fono con el que documentaba los sucesos, la Polic\u00eda Nacional Civil (PNC) la rode\u00f3 junto a otras mujeres, la golpe\u00f3 y\u00a0la acus\u00f3 de atentado y desorden p\u00fablico<\/a>, relat\u00f3 Sancir. La periodista pas\u00f3 cinco d\u00edas en la c\u00e1rcel hasta que un juzgado orden\u00f3 que\u00a0fuera liberada<\/a> porque no exist\u00edan indicios de que cometi\u00f3 alg\u00fan delito.<\/p>\n

Luego de que quedara en evidencia de que solo hac\u00eda su trabajo como periodista, Sancir denunci\u00f3 a los agentes de la polic\u00eda por abuso de autoridad; la PNC nunca se pronunci\u00f3 por esta agresi\u00f3n y diversos reportes han apuntado a que los agentes siguen agrediendo<\/a> a las y los periodistas.<\/p>\n

Ocho a\u00f1os han pasado y el sistema de justicia no le ha dado una respuesta. Un juez cerr\u00f3 el caso sin que el Ministerio P\u00fablico le notificara de la audiencia y aunque logr\u00f3 que el expediente volviera a ser activado, la impunidad ha afectado su trabajo, relat\u00f3 Sancir durante una entrevista con\u00a0LatAm Journalism Review (LJR)<\/strong>.<\/p>\n

El caso de Sancir no es el \u00fanico. Seg\u00fan estad\u00edsticas oficiales, en el Ministerio P\u00fablico se cierran m\u00e1s casos de agresiones contra periodistas de los que llegan a tribunales: en los \u00faltimos 18 a\u00f1os solo el 2 por ciento (28 expedientes) del total de casos admitidos (1.187 denuncias) ha obtenido una sentencia condenatoria.<\/p>\n

Aunque en 2020 en Guatemala se instal\u00f3 una fiscal\u00eda especial para investigar los delitos cometidos en contra de integrantes de la prensa, la unidad cuenta con escaso personal especializado y el presupuesto anual sufri\u00f3 recortes de hasta un 68 por ciento en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os, seg\u00fan reportes entregados por el Ministerio P\u00fablico a LJR.<\/strong><\/p>\n

Presupuesto versus falta de respuesta<\/strong><\/p>\n

En 2014, la encargada de investigar la denuncia de Sancir contra la polic\u00eda era la Unidad de delitos contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos y operadores de justicia, una oficina a cargo de la Fiscal\u00eda de Derechos Humanos.<\/p>\n

\"Norma

Norma Sancir. (Foto: Cortes\u00eda)<\/p><\/div>\n

Su presupuesto era de 14 millones 565 mil quetzales, alrededor de US 1 mill\u00f3n 865 mil d\u00f3lares, seg\u00fan un reporte entregado por el Departamento de Presupuesto del Ministerio P\u00fablico (MP) a LJR<\/strong> a trav\u00e9s de una solicitud de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

Pese a que exist\u00edan los recursos econ\u00f3micos, Sancir nunca recibi\u00f3 una respuesta a su caso. Incluso se enter\u00f3 de que el expediente fue cerrado a favor de los agentes policiales en una audiencia que ocurri\u00f3 sin que el MP le notificara que deb\u00eda asistir, ella relat\u00f3. No tuvo la oportunidad de pronunciarse ante un juez. La periodista pidi\u00f3 apoyo a una organizaci\u00f3n ind\u00edgena porque consider\u00f3 que se vulner\u00f3 su derecho de petici\u00f3n ante el juzgado, seg\u00fan relat\u00f3 Sancir a LJR<\/strong>.<\/p>\n

Tras \u201cdar pelea\u201d, como describe a las\u00a0decenas de diligencias<\/a> que realiz\u00f3, la investigaci\u00f3n fue retomada por una nueva fiscal y el juez que favoreci\u00f3 a los polic\u00edas fue separado del caso, Sancir relat\u00f3. Al preguntar por el caso en el Ministerio P\u00fablico, la entidad le dijo a LJR<\/strong> que segu\u00eda en marcha.<\/p>\n

Aunque en 2021<\/a> el proceso lleg\u00f3 al punto donde un juez deber\u00e1 decidir si env\u00eda a juicio a los agentes, esta audiencia se ha suspendido en nueve ocasiones.<\/p>\n

Denuncias que no se convierten en expedientes<\/strong><\/p>\n

La situaci\u00f3n de Sancir no es solo un caso aislado, considera Evelyn Blank, directora del Centro C\u00edvitas, una organizaci\u00f3n no gubernamental que ha estudiado las agresiones contra periodistas.<\/p>\n

\u201cEn los \u00faltimos a\u00f1os se han recibido denuncias sobre fiscales cerrando los casos sin que las y los periodistas se enteren o sean consultados. Se est\u00e1 vulnerando el derecho de las v\u00edctimas a participar en el proceso judicial\u201d, dice Blank en entrevista con\u00a0LJR<\/strong>.<\/p>\n

El reporte \u201cGuatemala: Estado contra la prensa y la libertad de expresi\u00f3n<\/a>\u201d, realizado por C\u00edvitas, Art\u00edculo 35 y Art\u00edculo 19, se\u00f1ala que el 70 por ciento de las denuncias que ingresaron los periodistas entre 2002 y 2010 fueron desestimadas.<\/p>\n

En la actualidad la desestimaci\u00f3n se ha convertido en la respuesta que m\u00e1s ha dado el Ministerio P\u00fablico a las denuncias de agresiones contra periodistas. En los \u00faltimos tres a\u00f1os se han cerrado casi la misma cantidad de denuncias que las que han ingresado en el mismo periodo de tiempo.<\/p>\n

Seg\u00fan estad\u00edsticas del MP, las desestimaciones se aceleraron en 2020 con la administraci\u00f3n de la Fiscal General Mar\u00eda Consuelo Porras, quien celebra como mayor logro abrir agencias fiscales en todos los municipios del pa\u00eds, aunque una investigaci\u00f3n de Plaza P\u00fablica revel\u00f3 que la prioridad no es investigar las denuncias\u00a0sino cerrarlas en menos de 30 d\u00edas<\/a>.<\/p>\n

En 2020, 108 denuncias presentadas por periodistas fueron cerradas; en 2021 fueron 153 y en 2022 van 46, haciendo un total de 307 desestimaciones. En ese tiempo ingresaron 312 casos nuevos.<\/p>\n

La estrategia de Consuelo Porras para reducir la mora judicial es cerrar los casos, seg\u00fan el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg), que hizo un estudio que revel\u00f3 que\u00a09 de cada 100 casos<\/a> son resueltos de manera favorable a la v\u00edctima, que hay un incremento desbordado de las desestimaciones y que no existe informaci\u00f3n sobre la estrategia criminal detr\u00e1s del cierre masivo de expedientes.<\/p>\n

Porras, quien en mayo de 2022 fue reelecta como Fiscal General, cre\u00f3 la Fiscal\u00eda Liquidadora. As\u00ed como en el caso de Sancir,\u00a0hay reportes de personas<\/a> que al preguntar por el curso de su denuncia se enteran que fue archivada o desestimada. De acuerdo con una\u00a0investigaci\u00f3n de Plaza P\u00fablica<\/a>, en el 45 por ciento de las denuncias que fueron desestimadas en 2021 no hubo notificaci\u00f3n para las denunciantes.<\/p>\n

LJR<\/strong> intent\u00f3 comunicarse con la Fiscal General, pero no recibi\u00f3 una respuesta al momento de la publicaci\u00f3n.<\/p>\n

Seg\u00fan las estad\u00edsticas que el Ministerio P\u00fablico entreg\u00f3 a LJR<\/strong>, 7 de cada 10 denuncias, por todo tipo de delitos, tienen ese destino.<\/p>\n

\u201cEstuve muy molesta e indignada por eso\u201d, dijo Sancir, quien despu\u00e9s busc\u00f3 ayuda en una organizaci\u00f3n de derechos humanos para retomar su caso.<\/p>\n

M\u00e1s institucionalidad, menos recursos<\/strong><\/p>\n

El Acuerdo 69-2019, del 26 de noviembre de 2019, firmado por la Fiscal Consuelo Porras,\u00a0cre\u00f3 la Fiscal\u00eda de Delitos contra Periodistas<\/a> para ser la encargada de conocer, investigar y perseguir penalmente los delitos que a nivel nacional se cometan en contra de periodistas, cuando los hechos hayan sido cometidos con el objeto de limitar sus derechos humanos en el ejercicio de sus funciones o sea un acto de intimidaci\u00f3n, hostigamiento o represalia por su actividad.<\/p>\n

Antes de que se creara este departamento, era una peque\u00f1a oficina dentro de la Fiscal\u00eda de Derechos Humanos la que investigaba los casos contra periodistas, pero tambi\u00e9n contra activistas y operadores de justicia.<\/p>\n

El primer art\u00edculo del acuerdo de creaci\u00f3n dice que si los fiscales determinan que el m\u00f3vil del delito no es consecuencia de la labor period\u00edstica, las denuncias ser\u00e1n remitidas a otras fiscal\u00edas.<\/p>\n

\"Una

Una manifestaci\u00f3n de periodistas de Guatemala realizada el pasado 30 de noviembre de 2021. (Foto: Cortes\u00eda de Jos\u00e9 David L\u00f3pez)<\/p><\/div>\n

Seg\u00fan el acuerdo de creaci\u00f3n, la fiscal\u00eda cuenta con una jefatura, agencias fiscales y \u00e1reas de apoyo administrativo. Tambi\u00e9n con apoyo de t\u00e9cnicos en investigaciones criminal\u00edsticas cuando la investigaci\u00f3n lo requiera.<\/p>\n

En la actualidad, veinte personas trabajan en esta unidad. Hay un fiscal jefe de secci\u00f3n, tres agentes fiscales, nueve auxiliares fiscales, un asistente ejecutivo, un oficinista, tres oficiales y dos conductores para seis veh\u00edculos, seg\u00fan informaci\u00f3n proporcionada a LJR.<\/strong><\/p>\n

En 2018, la unidad de delitos contra periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia contaba con un presupuesto de 23.3 millones de quetzales.<\/p>\n

Un a\u00f1o despu\u00e9s de su creaci\u00f3n, la fiscal\u00eda tuvo una significante reducci\u00f3n de su presupuesto: en 2019 recibi\u00f3 un 68 por ciento menos de fondos, cayendo a 7.2 millones de quetzales, a pesar de haber adquirido una categor\u00eda mayor en la escala jer\u00e1rquica del Ministerio P\u00fablico. En 2020, 2021 y 2022 la oficina recibi\u00f3 incrementos m\u00ednimos.<\/p>\n

El presupuesto actual de esta unidad es 77% menor al que ten\u00eda asignado antes de que la Fiscal Porras asumiera el cargo e implementara la estrategia de convertir la unidad en fiscal\u00eda.<\/p>\n

Estas cifras provienen de un informe del Ministerio P\u00fablico entregado a\u00a0LJR<\/strong> a trav\u00e9s de una solicitud de acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n

\"Crime

(Pablo P\u00e9rez - Altais)<\/p><\/div>\n

\u201cPor un lado fue positiva la creaci\u00f3n de la fiscal\u00eda y por otro el deterioro en la capacidad de investigar fue negativo\u201d, se\u00f1ala Blank.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo pudo pasar esto de pasar de ser una unidad con m\u00e1s recursos a una fiscal\u00eda con menos fondos?, se le pregunta.<\/p>\n

\u201cS\u00ed, eso es bien il\u00f3gico, \u00bfverdad? Pero sucedi\u00f3 que algunos de los fiscales en los que se hab\u00eda invertido en capacitar en la persecuci\u00f3n de estos delitos fueron trasladados. Adem\u00e1s afect\u00f3 mucho la pandemia. No hab\u00eda personal, hab\u00eda una escasez casi absoluta de recursos\u201d, describe.<\/p>\n

La falta de recursos y de respuesta judicial a los ataques contra periodistas provoca impunidad y eso perpet\u00faa el ciclo de violencia, enfatiz\u00f3 la investigadora.<\/p>\n

En el caso de Norma Sancir, esa impunidad provoc\u00f3 que migrara dentro de su propio pa\u00eds y se alejara de la comunidad que era la fuente primaria de sus reportajes e investigaciones. Ahora trabaja desde la Ciudad de Guatemala.<\/p>\n

\u201cCon mi rabia e indignaci\u00f3n pude seguir haciendo cosas en el periodismo, pero al final cansa tener que estarse cuidando, despu\u00e9s se dieron otros dos incidentes por el trabajo que estaba haciendo. Fue mucho desgaste y por eso tom\u00e9 la decisi\u00f3n de iniciar un proceso de sanaci\u00f3n\u201d, cuenta.<\/p>\n

Sancir sufri\u00f3 la agresi\u00f3n no solo de forma f\u00edsica y aunque ya pasaron diez a\u00f1os, el no poder cerrar el cap\u00edtulo porque no hay una sentencia le ha dejado secuelas emocionales.<\/p>\n

\u201cHasta el d\u00eda de hoy no puedo dormir bien. A veces ya no quisiera llorar pero es imposible quitarlo de tu memoria y a veces cuando me toca que buscar informaci\u00f3n de m\u00ed misma se me revuelve el est\u00f3mago. Me pregunto qu\u00e9 hago en la ciudad cuando mi esencia, mi pasi\u00f3n, estaba en cubrir las comunidades, pero ya no puedo asumir ese riesgo\u201d, dijo Sancir a LJR.<\/strong><\/p>\n

Efectividad<\/strong><\/p>\n

El delito m\u00e1s denunciado por las y los periodistas es amenazas, con 464 casos, seguido de coacci\u00f3n con 216, lesiones leves con 82, abuso de autoridad con 45, robo agravado 40, homicidio 37, asesinato 36, hurto agravado 28, difamaci\u00f3n 19 y extorsi\u00f3n 17, entre otros.<\/p>\n

Un porcentaje m\u00ednimo de las denuncias presentadas por las y los periodistas ha llegado a tener una sentencia condenatoria: en los \u00faltimos ocho a\u00f1os se reportan 28 condenas, el 1 por ciento del total, de acuerdo con el reporte del MP.<\/p>\n

A ese dato se suman 13 sentencias absolutorias, entre ellas\u00a0el fallo a favor del exdiputado Julio Ju\u00e1rez<\/a>, acusado por el Ministerio P\u00fablico de haber sido uno de los autores intelectuales del asesinato del periodista Danilo L\u00f3pez, hecho ocurrido en marzo de 2015, donde tambi\u00e9n fue acribillado el reportero Federico Salazar.<\/p>\n

La gravedad de estos asesinatos que ocurrieron a plena luz del d\u00eda y frente a una sede del Ministerio de Gobernaci\u00f3n, provoc\u00f3 que el gremio de periodistas saliera a manifestar<\/a> y a exigir la creaci\u00f3n de mecanismos de protecci\u00f3n.<\/p>\n

\"Reporters

(Pablo P\u00e9rez - Altais)<\/p><\/div>\n

A petici\u00f3n del gremio, en la investigaci\u00f3n de este crimen particip\u00f3 la Comisi\u00f3n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), oficina de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas para tratar casos de corrupci\u00f3n de alto impacto. En los \u00faltimos dos a\u00f1os,\u00a0seis exfiscales y una jueza que investigaron<\/a> redes criminales dentro del Estado, han salido al exilio debido a denuncias, ataques y hasta amenazas de muerte por el trabajo que realizaron.<\/p>\n

Los expedientes ahora est\u00e1n a cargo de\u00a0Rafael Curruchiche<\/a>, un fiscal nombrado por Porras, que ha sido cuestionado por supuestamente cambiar el rumbo de los casos, algo que \u00e9l llama \u201creorientar las investigaciones a la legalidad<\/a>\u201d.<\/p>\n

Para Evelyn Blank, el caso del asesinato de los dos periodistas \u201cse cay\u00f3\u201d en el juicio de la misma forma en la que se est\u00e1n desmantelando otros expedientes investigados por la CICIG.<\/p>\n

Aunque los casos no se resuelven, Blank dice que la Fiscal\u00eda de delitos contra periodistas es efectiva para responder a peque\u00f1as solicitudes que hacen los periodistas y menciona un caso en particular.<\/p>\n

Una periodista comunitaria fue agredida por un grupo de agentes de la polic\u00eda y pidi\u00f3 medidas de seguridad ante un juzgado. Las autoridades asignaron a los mismos agentes como los encargados de proteger a la periodista Sancir.<\/p>\n

Blank se comunic\u00f3 a la Fiscal\u00eda, donde ayudaron a resolver el problema, sin embargo, en el caso de Sancir, se ha tardado ocho a\u00f1os en procesar a los polic\u00edas acusados de agredirla.<\/p>\n

Pese al tiempo, la periodista tiene esperanza de que haya un juicio y una sentencia condenatoria.<\/p>\n

\u201cNo por venganza sino por justicia y dignidad y para que a otros periodistas no les pase lo mismo\u201d, concluye.<\/p>\n

\n

* Jody Garc\u00eda es periodista de Guatemala, parte del equipo de Plaza P\u00fablica<\/a>. Stringer en el pa\u00eds para The New York Times. Becaria del programa Alfred Friendly Fellow, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri. Interesada en la justicia, pol\u00edtica, derechos humanos y migraci\u00f3n.<\/em><\/p>\n

**Este art\u00edculo ha sido actualizado para corregir el n\u00famero de condenas en casos que afectan a periodistas.<\/em><\/p>\n

**Este es el decimotercero informe de un proyecto sobre la seguridad de los periodistas en Am\u00e9rica Latina y el Caribe. Este proyecto de LatAm Journalism Review est\u00e1 financiado por el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de Comunicaci\u00f3n de la UNESCO.<\/em><\/p>\n

Lee otros art\u00edculos del proyecto en este enlace<\/a>.<\/em><\/p>\n

\"UNESCO<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Datos estad\u00edsticos demuestran que en los \u00faltimos tres a\u00f1os, la respuesta m\u00e1s com\u00fan del Ministerio P\u00fablico de Guatemala a los casos de ataques contra periodistas fue la desestimaci\u00f3n. Solo un 1 por ciento de los expedientes llega a tener una condena. En la gesti\u00f3n de la Fiscal General Consuelo Porras el presupuesto para investigar los cr\u00edmenes contra este gremio se redujo en un 77 por ciento.<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":58467,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1222],"tags":[1459,1518],"coauthors":[],"class_list":["post-61221","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-violencia-contra-periodistas-es","tag-guatemala-es","tag-seguridad-y-proteccion-es"],"acf":[],"yoast_head":"\nJusticia para los periodistas de Guatemala: la fiscal\u00eda archiva m\u00e1s denuncias de las que lleva a juicio - LatAm Journalism Review<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Justicia para los periodistas de Guatemala: la fiscal\u00eda archiva m\u00e1s denuncias de las que lleva a juicio Violencia Contra Periodistas. 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