\u201cTodo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia para apelar cuando se siente perjudicado, pero algo diferente de eso es el llamado litigio de mala fe, el uso del poder judicial como instrumento de intimidaci\u00f3n, para impedir que alguien revele hechos inconvenientes\u201d, dijo Brembatti a LatAm Journalism Review (LJR)<\/strong>. \u201cEn los \u00faltimos a\u00f1os hemos tenido una escalada de ataques a la prensa, como la violencia digital en las redes sociales, o la violencia f\u00edsica en las calles, y los asesinatos de Dom Philips<\/u><\/a> y\u00a0Givanildo [Oliveira]<\/u><\/a> en 2022. Y ahora el acoso judicial es cada vez m\u00e1s intenso\u201d.<\/p>\n Entre los casos de censura m\u00e1s recientes figuran varias demandas que involucran al actual presidente de la C\u00e1mara de Diputados en Brasilia, Arthur Lira (del Partido Progresista). A mediados de julio, el diputado conservador demand\u00f3 a los sitios web\u00a0Ag\u00eancia P\u00fablica<\/u><\/a> y\u00a0Congresso em Foco<\/u><\/a>, as\u00ed como al canal de YouTube\u00a0ICL Not\u00edcias<\/u><\/a> despu\u00e9s de que estos publicaran reportajes en los que aparec\u00eda su exmujer, Julyenne Lins Rocha, acus\u00e1ndolo de violencia dom\u00e9stica y sexual.<\/p>\n En la demanda, Lira alega que las acusaciones fueron consideradas falsas y difamatorias por el Supremo Tribunal Federal (STF), y pide, adem\u00e1s de la censura, una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios de hasta 300 mil reales (cerca de US $63.000). Adem\u00e1s de estas demandas, Lira tambi\u00e9n demand\u00f3 a ICL Not\u00edcias por publicar v\u00eddeos con denuncias de corrupci\u00f3n<\/u><\/a>.<\/p>\n Las peticiones de retirar inmediatamente el contenido de Ag\u00eancia P\u00fablica e ICL Not\u00edcias fueron denegadas, pero un tribunal de Brasilia orden\u00f3\u00a0el retiro de la entrevista con Congresso em Foco<\/u><\/a>. Todos los casos siguen pendientes en los tribunales, sin que se haya dictado sentencia.<\/p>\n A la agencia de verificaci\u00f3n de hechos Aos Fatos, que ya fue hab\u00eda sido censurada en 2021 a petici\u00f3n de la revista de extrema derecha Oeste<\/a>, tambi\u00e9n se le prohibi\u00f3 difundir informaci\u00f3n debido a una reciente decisi\u00f3n judicial. En junio, el Tribunal de Justicia del estado Rio Grande do Sul ratific\u00f3 la censura de un reportaje publicado en abril de 2020<\/a> que denunciaba una red coordinada de desinformaci\u00f3n integrada por el sitio web Jornal da Cidade Online.<\/p>\n Otro caso de censura se produjo contra la revista piau\u00ed. En su edici\u00f3n de junio, el medio public\u00f3 un reportaje sobre c\u00f3mo el gobierno de Jair Bolsonaro debilit\u00f3 el programa Mais M\u00e9dicos y lo sustituy\u00f3 por un organismo considerado lleno de irregularidades. El reportaje citaba los nombres de una pareja, L.W. y D.O.M., que formaban parte del organismo denunciado.<\/p>\n La portada de la revista Piau\u00ed 201, junio de 2023, que fue retirada de los quioscos.<\/p><\/div>\n Alegando que el art\u00edculo relata un \u201checho falso\u201d, la pareja recurri\u00f3 a los tribunales y pidi\u00f3 la eliminaci\u00f3n del art\u00edculo del sitio web de piau\u00ed y el retiro de circulaci\u00f3n de la edici\u00f3n impresa de la revista. El juez Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, del Distrito Federal, orden\u00f3 a la publicaci\u00f3n retirar los nombres mencionados. En la pr\u00e1ctica, esto supuso la salida de Piau\u00ed de los quioscos<\/u><\/a>.<\/p>\n Otro caso reciente fue el de una\u00a0serie de reportajes y un documental de The Intercept Brasil<\/u><\/a> sobre la llamada Ley de Alienaci\u00f3n Parental. La publicaci\u00f3n revelaba los nombres de jueces, magistrados, fiscales, psic\u00f3logos y asistentes sociales que, aplicando la ley, liberaban a veces a acusados de violaci\u00f3n o violencia dom\u00e9stica, a menudo quit\u00e1ndoles los hijos a las mujeres y entreg\u00e1ndoselos a quienes hab\u00edan denunciado.<\/p>\n La decisi\u00f3n judicial pretend\u00eda supuestamente proteger la intimidad de los ni\u00f1os, que sin embargo no fueron identificados. Despu\u00e9s de que el sitio web apel\u00f3,\u00a0un tribunal dictamin\u00f3 a mediados de julio que los reportajes pod\u00edan volver a emitirse, pero el documental sigue censurado<\/u><\/a>.<\/p>\n Seg\u00fan\u00a0Silvio Henrique Barbosa<\/u><\/a>, profesor de comunicaci\u00f3n social en la Universidad Federal de Piau\u00ed y coautor del libro \u201cImprensa e Censura\u201d (Prensa y Censura)<\/u><\/a>, los recientes episodios constituyen casos de censura judicial y censura previa, en los que las informaciones y denuncias son censuradas inmediatamente, antes de ser consideradas difamatorias por los tribunales.<\/p>\n \u201cEl juez que toma una decisi\u00f3n as\u00ed, que dice 'recoge esto, esta informaci\u00f3n no puede difundirse', sigue inspir\u00e1ndose en la censura previa. No quiere que la informaci\u00f3n llegue a nadie, as\u00ed que ordena que se suprima el contenido\u201d, declar\u00f3 Barbosa a LJR<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan Barbosa, los casos entran en conflicto con la Constituci\u00f3n Federal de Brasil y con las decisiones del Supremo Tribunal Federal. Los fundamentos jur\u00eddicos de los casos son los llamados derechos de la personalidad, que incluyen la protecci\u00f3n de la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen, y est\u00e1n previstos en la Constituci\u00f3n.<\/p>\n El mismo documento, sin embargo, tambi\u00e9n prev\u00e9 el derecho al libre acceso a la informaci\u00f3n. Cuando ambos principios entran en conflicto, debe prevalecer el derecho a la informaci\u00f3n, y as\u00ed lo ha entendido el m\u00e1s alto tribunal brasile\u00f1o, dijo el investigador.<\/p>\n \u201cCuando hay una confrontaci\u00f3n entre estos dos derechos constitucionales, el Supremo Tribunal Federal entiende que el derecho mayor es el derecho de la sociedad a ser informada, que tiene un peso mayor y siempre ser\u00e1 garantizado en relaci\u00f3n con los derechos de la personalidad\u201d, dijo Barbosa. \u201cEn todas sus decisiones, el STF ordena la anulaci\u00f3n de las medidas cautelares de los jueces, dice que no puede haber censura previa, que la correcci\u00f3n, cuando sea necesaria, debe ser posterior [al juicio]\u201d.<\/p>\n El STF tarda a\u00f1os en pronunciarse sobre las demandas. En 2019, el tribunal desestim\u00f3 una solicitud de censura previa del peri\u00f3dico Estado de S\u00e3o Paulo que involucraba a Fernando Sarney, hijo del expresidente Jos\u00e9 Sarney, despu\u00e9s de 3.327 d\u00edas, es decir, ocho a\u00f1os<\/u><\/a>. Para los medios m\u00e1s peque\u00f1os, que no disponen de recursos para recurrir a instancias superiores, los procesos pueden suponer elevados costos judiciales y que las denuncias no surtan efecto.<\/p>\n \u201cEstos procesos suponen un costo legal muy grande, y tambi\u00e9n un gran estr\u00e9s mental para los reporteros, que se quedan culp\u00e1ndose o pregunt\u00e1ndose si podr\u00edan haber hecho algo de otra manera\u201d, dijo Brembatti, de Abraji.<\/p>\n El empobrecimiento de la esfera p\u00fablica afecta incluso a las manifestaciones del p\u00fablico, seg\u00fan\u00a0Fernando Oliveira Paulino<\/u><\/a>, profesor de la Universidad de Brasilia y presidente de la Asociaci\u00f3n Latinoamericana de Investigadores de la Comunicaci\u00f3n (ALAIC<\/u><\/a>).<\/p>\n \u201cEl aumento de las demandas y de las sentencias judiciales puede influir en una mayor cautela sobre lo que se difunde, y tambi\u00e9n puede significar restricciones sobre lo que se publica, incluyendo el material period\u00edstico y los comentarios que env\u00eda el p\u00fablico\u201d, dijo Oliveira Paulino a LJR<\/strong>.<\/p>\n Aunque generalmente falla a favor de la libertad de informaci\u00f3n, el propio STF ha tomado decisiones a favor de la censura para protegerse de las denuncias. En 2019,\u00a0el tribunal orden\u00f3 el retiro de reportajes que denunciaban a su entonces presidente<\/u><\/a>, Dias Toffoli, publicados por la revista Cruso\u00e9 y el sitio web Antagonista. El a\u00f1o pasado,\u00a0Rubens Valente, uno de los periodistas m\u00e1s premiados de Brasil, fue condenado a pagar 310 mil reales (cerca de US $60.000)<\/u><\/a> por denuncias que involucraban al ministro Gilmar Mendes.<\/p>\n No existe un seguimiento sistem\u00e1tico de los casos de censura judicial en Brasil, por lo que no es posible saber en qu\u00e9 medida aumentan, si es que aumentan, o si s\u00f3lo son m\u00e1s visibles ahora. Seg\u00fan Brembatti, Abraji, en colaboraci\u00f3n con\u00a0Ta\u00eds Gasparian, del Instituto Tornavoz<\/u><\/a>, ha empezado a intentar mapear el n\u00famero de casos, y tambi\u00e9n hay una iniciativa del Ministerio P\u00fablico Federal de R\u00edo de Janeiro en este sentido.<\/p>\n Otra iniciativa que Abraji viene desarrollando, esta vez en asociaci\u00f3n con un profesor de la Universidad de S\u00e3o Paulo (USP), es la realizaci\u00f3n de reuniones de trabajo en busca de una definici\u00f3n del concepto de \u201cacoso judicial\u201d, hoy inexistente en la doctrina jur\u00eddica brasile\u00f1a.<\/p>\n Seg\u00fan Brembatti, una de las razones de tantas demandas es la facilidad, incluso en t\u00e9rminos de costos, con la que se puede recurrir a los tribunales para demandar a periodistas en Brasil. \u201cAcceder a la justicia en Estados Unidos es muy caro, y esa es una de las razones por las que demandar a un periodista en Estados Unidos no es una pr\u00e1ctica recurrente. En Brasil, por ejemplo, tenemos tribunales especiales que se utilizan para esto de forma equivocada\u201d, dijo.<\/p>\n Otra raz\u00f3n, seg\u00fan Oliveira Paulino, es la creciente presencia del Poder Judicial en la pol\u00edtica y en la vida cotidiana de Brasil. \u201cEn los \u00faltimos a\u00f1os, se ha producido un aumento de la estructura, las atribuciones y la actuaci\u00f3n del Poder Judicial y, en consecuencia, la judicializaci\u00f3n de las situaciones cotidianas. Por un lado, el acceso a la justicia ha crecido y ha contribuido a una mayor reivindicaci\u00f3n de derechos. Por otro lado, el Poder Judicial ha ocupado un lugar central en los procesos pol\u00edticos, convirti\u00e9ndose en un instrumento importante en la lucha por el poder, con un uso estrat\u00e9gico en la b\u00fasqueda de la hegemon\u00eda\u201d, dijo Oliveira Paulino.<\/p>\n El escritor Jo\u00e3o Paulo Cuenca, demandado 144 veces por pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios. (Foto: Rafael Andrade)<\/p><\/div>\n Adem\u00e1s, el profesor se\u00f1ala que internet permite estrategias organizativas para utilizar el poder judicial como herramienta contra los comunicadores, \u201cdificultando su defensa y tambi\u00e9n limitando el trabajo de los profesionales\u201d. Fue el caso, por ejemplo, del escritor Jo\u00e3o Paulo Cuenca, quien sufri\u00f3 144 demandas diferentes en varias regiones de Brasil promovidas por pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios<\/u><\/a>.<\/p>\n La protecci\u00f3n de los periodistas, seg\u00fan los expertos consultados, requiere cambios en la legislaci\u00f3n. Brembatti cita como ejemplo a seguir la llamada\u00a0Ley Anti-SLAPP de la Uni\u00f3n Europea (UE)<\/u><\/a>, una iniciativa para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos en el bloque europeo.<\/p>\n La \u00faltima Ley de Prensa de Brasil, redactada en 1967 durante la dictadura militar, preve\u00eda la censura previa, y fue derogada en 2009. El profesor Barbosa, de la UFPI, cree que un nuevo marco jur\u00eddico podr\u00eda ofrecer protecci\u00f3n a los comunicadores.<\/p>\n \u201cLa regulaci\u00f3n de la prensa ser\u00eda buena para limitar la capacidad de los tribunales de dictar castigos y definirlo claramente. Ser\u00eda posible, por ejemplo, estipular c\u00f3mo debe corregirse una informaci\u00f3n err\u00f3nea, con derecho a r\u00e9plica e indemnizaci\u00f3n\u201d, dijo.<\/p>\n Para complicar a\u00fan m\u00e1s las cosas, existe tambi\u00e9n el problema de las llamadas\u00a0fake news<\/i> (noticias falsas), que incluyen muchas situaciones en las que la desinformaci\u00f3n es deliberada. En estos casos, Barbosa cree que los tribunales pueden actuar; pero son excepciones.<\/p>\n \u201cHay que sopesar cada situaci\u00f3n. Creo que la Corte Electoral puede, s\u00ed, ordenar la retirada de informaciones falsas, pero en estos casos es necesario para la preservaci\u00f3n de la democracia. En otras situaciones, como estas recientes, la democracia no est\u00e1 amenazada\u201d.<\/p>\nIntentos de silenciamiento<\/h3>\n
![\"The](\"https:\/\/latamjournalismreview.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/capa_201_interna.webp\")
Una triste tradici\u00f3n<\/h3>\n
Dimensi\u00f3n desconocida<\/h3>\n
![\"A](\"https:\/\/latamjournalismreview.org\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Joao_Paulo_Cuenca.jpg\")
Necesidad de una nueva legislaci\u00f3n<\/h3>\n