\u201cMuchos pa\u00edses se est\u00e1n esforzando por responder a la desinformaci\u00f3n y sus impactos a trav\u00e9s de sus sistemas legales, pero hasta ahora no ha sido posible ver esto dentro de un panorama m\u00e1s amplio, que permita comparaciones y an\u00e1lisis desde un solo lugar. Eso es lo que permite LupaMundi y por eso es tan relevante\u201d, dijo a\u00a0LatAm Journalism Review (LJR)<\/strong> Nat\u00e1lia Leal, directora ejecutiva de Lupa. \u201cEs un trabajo que refleja las discusiones m\u00e1s recientes sobre desinformaci\u00f3n, ya que re\u00fane referentes que han sido buscados por diferentes grupos de investigadores y profesionales\u201d.<\/p>\n La cartograf\u00eda permite una mirada comparativa y completa de c\u00f3mo cada pa\u00eds est\u00e1 lidiando con la desinformaci\u00f3n. Seg\u00fan sus creadores, el mapeo a escala global no tiene precedentes y tiene como objetivo \u201cfomentar la investigaci\u00f3n y la producci\u00f3n de contenidos en torno al tema, que conduzcan a la calificaci\u00f3n del debate p\u00fablico sobre la lucha contra la desinformaci\u00f3n\u201d. Su p\u00fablico objetivo son periodistas, investigadores y acad\u00e9micos de la desinformaci\u00f3n de todo el mundo.<\/p>\n Entre los pa\u00edses democr\u00e1ticos de Am\u00e9rica Latina y el Caribe a\u00fan no hay leyes espec\u00edficas aprobadas contra la desinformaci\u00f3n, pero s\u00ed iniciativas, como la que actualmente se discute en Brasil, que intentan cambiar la situaci\u00f3n. La ausencia de una legislaci\u00f3n espec\u00edfica para combatir la desinformaci\u00f3n conduce en ocasiones a distorsiones, como el uso de otras leyes, creadas con fines muy diferentes \u2013 como la lucha contra el terrorismo \u2013 a este fin.<\/p>\n La iniciativa \u2013 que seg\u00fan Leal, deber\u00eda actualizarse peri\u00f3dicamente, pero sin una frecuencia definida \u2013 fomenta discusiones sobre qu\u00e9 es la desinformaci\u00f3n, cu\u00e1l es su situaci\u00f3n actual en Am\u00e9rica Latina y cu\u00e1les son los desaf\u00edos y la relevancia para enfrentarla.<\/p>\n Los proyectos contra la desinformaci\u00f3n tambi\u00e9n pueden tener efectos negativos sobre la democracia y la libertad de expresi\u00f3n, incluida la actividad period\u00edstica independiente. Leyes en pa\u00edses como Nicaragua y Venezuela demuestran c\u00f3mo legislar sobre lo que es o no discurso falso puede servir como herramienta de censura.<\/p>\n \u201cEn t\u00e9rminos de advocacy, el concepto de desinformaci\u00f3n es \u00fatil, interesante y describe una situaci\u00f3n que ya es hist\u00f3rica, pero que tiene nuevas caracter\u00edsticas con la llegada de la internet. Sin embargo, en el \u00e1mbito jur\u00eddico, la desinformaci\u00f3n se presenta como un t\u00e9rmino ambiguo que abarca una amplia gama de comportamientos, desde estafas hasta calumnias e incluso mentiras intencionales. Algunos de los cuales son l\u00edcitos y otros no\u201d, afirm\u00f3 a LJR\u00a0Agustina Del Campo<\/u><\/a>, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresi\u00f3n y Acceso a la Informaci\u00f3n (CELE), con sede en Buenos Aires, que mantiene su propio\u00a0Observatorio Legislativo<\/u><\/a> en nueve pa\u00edses latinoamericanos.<\/p>\n \u201cDado que la definici\u00f3n de desinformaci\u00f3n es ambigua, estas leyes permiten interpretaciones amplias que pueden ser utilizadas para restringir la libertad de expresi\u00f3n y el contenido m\u00e1s all\u00e1 de lo que originalmente se pretend\u00eda\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n LupaMundi se\u00f1ala qu\u00e9 pa\u00edses tienen legislaci\u00f3n espec\u00edfica sobre la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n falsa, y tambi\u00e9n pa\u00edses en los que, aunque no hay leyes espec\u00edficas, otra legislaci\u00f3n \u2013 como, por ejemplo, el C\u00f3digo Penal \u2013 trata el tema. El mapa tambi\u00e9n incluye 14 proyectos de ley que el equipo de Lupa consider\u00f3 m\u00e1s relevantes a nivel global en este momento.<\/p>\n La encuesta muestra que s\u00f3lo 35 pa\u00edses tienen leyes espec\u00edficas aprobadas sobre desinformaci\u00f3n, 28 de los cuales est\u00e1n en Europa. Esta concentraci\u00f3n se debe al\u00a0Digital Services Act<\/u><\/a> (DSA), un reglamento de plataformas digitales aprobado por la Uni\u00f3n Europea (UE) que entr\u00f3 en vigor en noviembre del a\u00f1o pasado. La ley exige que las plataformas digitales adopten posturas activas y cumplan con los procedimientos definidos por la ley para moderar contenidos ilegales en l\u00ednea.<\/p>\n En Am\u00e9rica Latina, la iniciativa similar m\u00e1s cercana a ser aprobada es el Proyecto de Ley N\u00b0 2630, de 2020, de Brasil, conocido como Proyecto de Ley de Fake News. Despu\u00e9s de m\u00e1s de tres a\u00f1os de discusiones y cambios,\u00a0hubo bastantes especulaciones de que el proyecto podr\u00eda ser votado y aprobado en el Congreso entre abril y agosto de este a\u00f1o<\/u><\/a>, pero esto no sucedi\u00f3. La expectativa ahora es que su votaci\u00f3n tenga lugar al menos en 2024<\/u><\/a>.<\/p>\n Seg\u00fan su relator, el diputado Orlando Silva (de centro-izquierda), el proyecto preserva tres pilares importantes: libertad de expresi\u00f3n, mecanismos de transparencia de los servicios de las plataformas digitales y modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen de responsabilidad de las plataformas. La falta de consenso, sin embargo, sobre qu\u00e9 organismo ser\u00eda responsable de vigilar y controlar la aplicaci\u00f3n de las medidas previstas en la ley impidi\u00f3 su aprobaci\u00f3n.<\/p>\n El diputado Orlando Silva, relator del proyecto ley de Fake News, durante una sesi\u00f3n de la C\u00e1mara del d\u00eda 25 de abril. Desde entonces, el avance del proyecto ha perdido apoyo. (Foto: Lula Marques\/ Ag\u00eancia Brasil)<\/p><\/div>\n Especialista en libertad de expresi\u00f3n en internet, el profesor de Derecho en el Instituto de Educaci\u00f3n e Investigaci\u00f3n (Insper) en S\u00e3o Paulo Ivar Alberto Hartmann ve aspectos positivos y negativos en las versiones m\u00e1s recientes del proyecto.<\/p>\n \u201cLa legislaci\u00f3n brasile\u00f1a para combatir la desinformaci\u00f3n es pr\u00e1cticamente inexistente. Ha habido cambios espec\u00edficos en la legislaci\u00f3n electoral, pero son restringidos y se hicieron sin una buena comprensi\u00f3n de c\u00f3mo funciona la comunicaci\u00f3n en l\u00ednea\u201d, dijo Hartmann a\u00a0LJR<\/strong>.<\/p>\n Entre los puntos positivos de la propuesta de ley, seg\u00fan el investigador, est\u00e1 el establecimiento de obligaciones de transparencia por parte de las plataformas sociales, que deber\u00e1n explicar qu\u00e9 criterios utilizan en sus decisiones de contenidos. Adem\u00e1s, la ley tambi\u00e9n ofrece m\u00e1s garant\u00edas procesales a los usuarios, que podr\u00e1n apelar si se elimina su contenido.<\/p>\n Entre los puntos negativos, para Hartmann, est\u00e1 precisamente la falta de definici\u00f3n sobre qu\u00e9 organismo ser\u00eda responsable de supervisar la aplicaci\u00f3n de la ley.<\/p>\n \u201cSer\u00eda una cat\u00e1strofe si el organismo encargado de supervisar las redes sociales fuera un organismo pol\u00edtico, designado libremente por el presidente. Esto significar\u00eda que este organismo tendr\u00eda control sobre la libertad de expresi\u00f3n. Tiene que ser un organismo totalmente aut\u00f3nomo, donde la persona designada no pueda ser despedida\u201d, afirm\u00f3 Hartmann. \u201cPero es completamente viable hacer esto. Esta fue la opci\u00f3n adoptada en la UE\u201d.\u200b<\/p>\n El temor de que la legislaci\u00f3n para inhibir la desinformaci\u00f3n se utilice en realidad para restringir la libertad de expresi\u00f3n es el principal motivo de las reticencias de especialistas ante este tipo de ley.<\/p>\n Seg\u00fan Adriana Amado Su\u00e1rez, periodista argentina y profesora de la Universidad Camilo Jos\u00e9 Cela de Madrid, ciertas condiciones comunes en la regi\u00f3n facilitan la instrumentalizaci\u00f3n pol\u00edtica del tema, como la falta de transparencia de los datos p\u00fablicos, los bajos niveles de confianza y consumo de noticias e informaci\u00f3n p\u00fablica devaluadas por el exceso de propaganda.<\/p>\n La investigadora observa que esto muchas veces limita el trabajo del periodismo:<\/p>\n \u201cMuchos periodistas, ante la posibilidad de tener alg\u00fan problema al respecto, prefieren abandonar ciertos temas para investigar. Prefieren mantener silencios sobre opiniones pol\u00edticas o partidaria\u201d, dijo Amado a\u00a0LJR<\/strong>.<\/p>\n En este sentido, los casos de los reg\u00edmenes autoritarios de Nicaragua y Cuba alertan sobre estos riesgos, afirm\u00f3 el polit\u00f3logo Andr\u00e9s Ca\u00f1iz\u00e1lez, director de la organizaci\u00f3n\u00a0Median\u00e1lisis<\/u><\/a> y profesor de la Universidad Andr\u00e9s Bello en Caracas.<\/p>\n Aunque estos pa\u00edses no tienen leyes espec\u00edficas sobre desinformaci\u00f3n, ambos tienen art\u00edculos en otros c\u00f3digos que limitan la libertad de expresi\u00f3n con el argumento de inhibir la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n supuestamente falsa.<\/p>\n \u201cEn estos pa\u00edses, la desinformaci\u00f3n es vista desde un poder represivo que utiliza la categor\u00eda para poder sancionar o castigar a aquellos que se le opongan o que difundan informaci\u00f3n en una l\u00f3gica de confrontaci\u00f3n pol\u00edtica\u201d, dijo Ca\u00f1iz\u00e1lez a\u00a0LJR<\/strong>.<\/p>\n Los temores sobre este tipo de restricciones muchas veces impiden avanzar en la legislaci\u00f3n sobre el tema en varios pa\u00edses. Por ejemplo, en M\u00e9xico, en 2021, el senador\u00a0Ricardo Monreal propuso cambiar algunos art\u00edculos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi\u00f3n para regular las redes sociales<\/u><\/a>. Una\u00a0fuerte reacci\u00f3n negativa<\/u><\/a> hizo que el proyecto no saliera adelante.<\/p>\n \u201cMuchas organizaciones de la sociedad civil y plataformas de redes sociales se opusieron a este proyecto porque parec\u00eda m\u00e1s una medida punitiva contra los usuarios y las plataformas. Esta complejidad surge, especialmente en nuestro contexto nacional actual, donde el poder pol\u00edtico parece influir en todas las ramas del gobierno. El objetivo parece ser el control en lugar de desincentivar la desinformaci\u00f3n\u201d, dijo Carolina Palfar, abogada de la Suprema Corte de Justicia de M\u00e9xico, a\u00a0LJR<\/strong>.<\/p>\n La pregunta que queda, en este contexto, es si es posible tener una legislaci\u00f3n sobre desinformaci\u00f3n que no se instrumentalice e inhiba la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n La profesora Amado Su\u00e1rez entiende que, en el contexto de democracias imperfectas como la latinoamericana, el riesgo no vale la pena.<\/p>\n \u201cLa democracia no requiere leyes de la verdad, sino leyes que garanticen el acceso a la informaci\u00f3n. Necesitamos facilitar la verificaci\u00f3n cruzada no solo por parte de las agencias de fact-checking, sino tambi\u00e9n por parte de la ciudadan\u00eda y las instituciones. Las universidades tambi\u00e9n deber\u00edan desempe\u00f1ar un papel en la supervisi\u00f3n de la informaci\u00f3n proporcionada por el gobierno en temas como el cambio clim\u00e1tico y las vacunas.\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n La investigadora Del Campo, del CELE de Buenos Aires, entiende que es necesario separar el tema de la desinformaci\u00f3n en sus diversos elementos \u2013 como, por ejemplo, la calumnia \u2013 para evaluar las deficiencias de los marcos jur\u00eddicos.<\/p>\n \u201cDonde realmente enfrentamos desaf\u00edos como sociedad es en relaci\u00f3n a expresiones que, aunque no sean ilegales ni est\u00e1n sujetas a ning\u00fan otro concepto de ilegalidad, las percibimos como da\u00f1inas y creemos que deber\u00edan estar sujetas a regulaci\u00f3n legal. Aqu\u00ed surgen complicaciones, especialmente si queremos establecer nuevas restricciones\u201d, afirm\u00f3 Del Campo.<\/p>\n \u201cEn este punto, nos enfrentamos a un problema de definici\u00f3n, pero tambi\u00e9n a uno de necesidad democr\u00e1tica. \u00bfC\u00f3mo justificamos la restricci\u00f3n al debate p\u00fablico sobre cuestiones de inter\u00e9s p\u00fablico? \u00bfC\u00f3mo logramos que esta restricci\u00f3n sea legalmente viable sin socavar el debate p\u00fablico abierto necesario para el funcionamiento de nuestra democracia? Creo que este equilibrio no se est\u00e1 logrando\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n Ca\u00f1izalez, de Median\u00e1lisis, por su parte, cree que depende de la l\u00f3gica y situaci\u00f3n en la que se haga cada legislaci\u00f3n.<\/p>\n \u201cTodo depende del contexto en el que se promulguen estas leyes. Por ejemplo, si estuvieran en un contexto donde existen amplias libertades y estas leyes surgieran tras un debate inclusivo que involucrara a los gremios de periodistas y las universidades, podr\u00eda resultar interesante\u201d, dijo Ca\u00f1iz\u00e1lez. \u201cEstas leyes solo tendr\u00edan sentido si se abordan con los principios democr\u00e1ticos en mente\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El mapa interactivo LupaMundi, de la agencia brasile\u00f1a de verificaci\u00f3n de datos Lupa, arroja luz sobre el estado mundial de las leyes contra la informaci\u00f3n falsa. 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Debilidades latinoamericanas<\/h3>\n
\u00bfUna posible regulaci\u00f3n?<\/h3>\n