{"id":82690,"date":"2023-12-06T07:18:11","date_gmt":"2023-12-06T13:18:11","guid":{"rendered":"https:\/\/latamjournalismreview.org\/?p=82690"},"modified":"2023-12-06T11:15:42","modified_gmt":"2023-12-06T17:15:42","slug":"casos-en-brasil-y-chile-ilustran-como-la-criminalizacion-de-la-difamacion-amenaza-la-libertad-de-prensa-en-america-latina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latamjournalismreview.org\/es\/articles\/casos-en-brasil-y-chile-ilustran-como-la-criminalizacion-de-la-difamacion-amenaza-la-libertad-de-prensa-en-america-latina\/","title":{"rendered":"Casos en Brasil y Chile ilustran c\u00f3mo la criminalizaci\u00f3n de la difamaci\u00f3n amenaza la libertad de prensa en Am\u00e9rica Latina"},"content":{"rendered":"

En noviembre de 2020, la periodista brasile\u00f1a Schirlei Alves escribi\u00f3 un\u00a0reportaje<\/u><\/a> que contaba c\u00f3mo una joven hab\u00eda sido humillada durante el juicio al hombre acusado (y luego absuelto) de haberla violado dos a\u00f1os antes. La revelaci\u00f3n del caso tuvo gran repercusi\u00f3n y provoc\u00f3\u00a0una ola de ataques online contra Alves<\/u><\/a>. Tambi\u00e9n result\u00f3 en la\u00a0aprobaci\u00f3n de una ley<\/u><\/a> para proteger v\u00edctimas de violencia y en una\u00a0sanci\u00f3n al juez responsable del caso<\/u><\/a>.<\/p>\n

Aun as\u00ed, tres a\u00f1os despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n de este informe,\u00a0Alves fue condenada a un a\u00f1o de arresto domiciliario y a pagar R $400.000 [cerca de US $81.000] de indemnizaci\u00f3n<\/u><\/a> al juez y al fiscal del caso, quienes la denunciaron penalmente por difamaci\u00f3n. El caso de Alves es el \u00faltimo en Am\u00e9rica Latina que ilustra c\u00f3mo la criminalizaci\u00f3n de la difamaci\u00f3n impacta las vidas y el trabajo de periodistas y amenaza la libertad de prensa y expresi\u00f3n en la regi\u00f3n.<\/p>\n

La condena de Alves \u201credobla nuestra preocupaci\u00f3n por el mantenimiento de este tipo de legislaciones, que en realidad terminan asfixiando el derecho a informar y sobre todo a la investigaci\u00f3n period\u00edstica\u201d, afirm\u00f3 Carlos Jornet, presidente de la Comisi\u00f3n de Libertad de Prensa e Informaci\u00f3n de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a\u00a0LatAm Journalism Review (LJR)<\/strong>.<\/p>\n

Jornet record\u00f3 que la\u00a0Declaraci\u00f3n de Principios sobre Libertad de Expresi\u00f3n<\/u><\/a> de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) \u201ces muy clara\u201d en este tema. \u201cEl principio 10 dice precisamente que la protecci\u00f3n de la reputaci\u00f3n debe garantizarse s\u00f3lo a trav\u00e9s de sanciones civiles, es decir, no aplicar la ley penal en estos casos\u201d, destac\u00f3.<\/p>\n

Seg\u00fan la organizaci\u00f3n Media Defense<\/u><\/a>, la difamaci\u00f3n \u201cse entiende en sentido amplio como la comunicaci\u00f3n de una declaraci\u00f3n falsa que injustamente causa da\u00f1o o perjuicio a la reputaci\u00f3n de una persona jur\u00eddica o f\u00edsica\u201d. Los t\u00e9rminos legales correspondientes a la difamaci\u00f3n var\u00edan entre pa\u00edses y pueden incluir calumnia, injuria y desacato \u2013 este \u00faltimo se aplica en casos de presunta ofensa a funcionarios, instituciones y s\u00edmbolos p\u00fablicos.<\/p>\n

A pesar de las reiteradas recomendaciones de la\u00a0CIDH<\/u><\/a> y de la\u00a0Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU)<\/u><\/a> y las continuas campa\u00f1as de organizaciones de la sociedad civil para que los pa\u00edses eliminen la difamaci\u00f3n de sus c\u00f3digos penales,\u00a0la Unesco<\/u><\/a> afirm\u00f3 que el movimiento para despenalizar la difamaci\u00f3n en pa\u00edses latinoamericanos se ha estancado en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n

En el\u00a0informe \u201cEl \u2018mal uso\u2019 del sistema judicial para atacar la libertad de expresi\u00f3n: tendencias, retos y respuestas\u201d<\/u><\/a>, la Unesco afirm\u00f3 que, entre 1993 y 2012, al menos 12 pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el Caribe \u201cderogaron las leyes de desacato y similares o abolieron la difamaci\u00f3n penal en relaci\u00f3n con cuestiones de inter\u00e9s p\u00fablico\u201d. Sin embargo, los delitos de difamaci\u00f3n persisten en 29 pa\u00edses de la regi\u00f3n \u201cy siguen siendo un arma contra periodistas y blogueros\u201d.<\/p>\n

El caso Alves<\/h3>\n

El\u00a0reportaje de Alves publicado por el sitio Intercept Brasil el 3 de noviembre de 2020<\/u><\/a> trajo extractos de la grabaci\u00f3n, hasta entonces in\u00e9dita, de una de las audiencias del proceso contra el empresario Andr\u00e9 de Camargo Aranha, que tuvo lugar en julio de 2020. Fue acusado de haber violado a la influencer Mariana Ferrer en 2018. La grabaci\u00f3n muestra que, al interrogar a Ferrer, el abogado defensor de Aranha, Cl\u00e1udio Gast\u00e3o da Rosa Filho, mostr\u00f3 fotos sensuales de ella y dijo que \u201cnunca tendr\u00eda una hija\u201d del \u201cnivel\u201d de ella y que \u201cle ped\u00eda a Dios\u201d para que su hijo no encontrara \u201cuna mujer como ella\u201d. Cuando ve llorar a Ferrer, el abogado dice que es \u201cllanto disimulado\u201d y \u201cl\u00e1grimas de cocodrilo\u201d.<\/p>\n

Aranha fue\u00a0absuelto de los cargos de violaci\u00f3n<\/u><\/a> en septiembre de 2020.<\/p>\n

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El reportaje de Schirlei Alves en el sitio web de Intercept Brasil revel\u00f3 detalles del caso Mariana Ferrer. (Captura de pantalla)<\/p><\/div>\n

Tras la publicaci\u00f3n del reportaje, el fiscal Thiago Carri\u00e7o de Oliveira, el juez Rudson Marcos y la abogado Rosa Filho interpusieron denuncias penales y civiles por difamaci\u00f3n contra Alves.<\/p>\n

El 20 de diciembre de 2020,\u00a0Intercept fue obligado legalmente a editar el reportaje de Alves<\/u><\/a>. La versi\u00f3n modificada del art\u00edculo se\u00f1ala que Oliveira \u201chizo aclaraciones e intervino\u201d y Marcos \u201chizo varias intervenciones para mantener el orden, dar explicaciones a la v\u00edctima y advertir al abogado defensor\u201d durante la audiencia. Tambi\u00e9n afirma que estos hechos \u201cfueron omitidos\u201d en la parte de la grabaci\u00f3n de la audiencia publicada por The Intercept.<\/p>\n

En julio de 2023, la jueza Andrea Cristina Rodrigues Studer, del 5\u00ba Juzgado Penal del Distrito de Florian\u00f3polis, estado de Santa Catarina, absolvi\u00f3 a Alves en las causas iniciadas por Rosa Filho.\u00a0Seg\u00fan el portal Metr\u00f3poles<\/u><\/a>, Studer absolvi\u00f3 a la reportera, afirmando que ejerci\u00f3 su \u201clibertad de expresi\u00f3n\u201d y no extrapol\u00f3 \u201clos l\u00edmites de la libertad de prensa\u201d, y que la discusi\u00f3n es fundamental para el \u201cpluralismo de ideas\u201d.<\/p>\n

Sin embargo, dos meses despu\u00e9s,\u00a0Studer conden\u00f3 a Alves en las acciones interpuestas por el juez y el fiscal<\/u><\/a>. Ellos afirmaron que la periodista cometi\u00f3 el delito de difamaci\u00f3n al utilizar la expresi\u00f3n \u201cviolaci\u00f3n culposa\u201d, la cual no fue utilizada en la audiencia ni consta en el expediente. El t\u00e9rmino aparece en el reportaje en referencia a la alegaci\u00f3n de la fiscal\u00eda de que Aranha no ten\u00eda forma de saber que Ferrer no estaba en condiciones de consentir el acto sexual y, por lo tanto, no hubo intenci\u00f3n.<\/p>\n

En\u00a0una nota a\u00f1adida al reportaje de Alves el mismo d\u00eda de su publicaci\u00f3n<\/u><\/a>, los editores de Intercept afirman que la expresi\u00f3n \u201cviolaci\u00f3n culposa\u201d se utiliz\u00f3 \u201cpara resumir el caso y explicarlo al p\u00fablico no especializado\u201d. \u201cEl artificio es com\u00fan en el periodismo. En ning\u00fan momento The Intercept declar\u00f3 que la expresi\u00f3n fue utilizada en el proceso\u201d, dice la nota.<\/p>\n

En su fallo, la jueza Studer afirm\u00f3 que el uso del t\u00e9rmino \u201csuper\u00f3 la barrera de la cr\u00edtica narrativa y period\u00edstica\u201d. Conden\u00f3 a Alves por \u201cdifamaci\u00f3n contra un funcionario p\u00fablico, en raz\u00f3n de sus funciones y por medios que facilitaron la divulgaci\u00f3n del caso\u201d,\u00a0seg\u00fan un art\u00edculo de Ag\u00eancia Estado<\/u><\/a>. La jueza orden\u00f3 a la periodista a pagar una indemnizaci\u00f3n de R $200.000 [cerca de US $40.000] al juez Marcos y la misma cantidad al fiscal Oliveira, y cumplir seis meses bajo arresto domiciliario por cada caso \u2013 es decir, R$ 400.000 [cerca de US $81.000] y un a\u00f1o bajo arresto domiciliario, en total.<\/p>\n

El\u00a0reportaje de Alves<\/u><\/a> tuvo repercusi\u00f3n nacional y propici\u00f3 la aprobaci\u00f3n de la\u00a0ley 14.321\/2022,<\/u><\/a> que pas\u00f3 a conocerse como ley Mariana Ferrer. La norma tipifica el delito de violencia institucional y sanciona a agentes p\u00fablicos que intimiden o permitan intimidar a v\u00edctimas y testigos de delitos violentos. Y en noviembre de 2023, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil aprob\u00f3 por unanimidad\u00a0una advertencia al juez Marcos sobre su papel en este juicio<\/u><\/a>. Seg\u00fan\u00a0el CNJ<\/u><\/a>, el juez \u201cno logr\u00f3 restringir el comportamiento excesivo del abogado del acusado\u201d.<\/p>\n

La Asociaci\u00f3n Brasile\u00f1a de Periodismo de Investigaci\u00f3n (Abraji) consider\u00f3 la condena de Alves \u201cinadmisible y ultrajante\u201d, seg\u00fan\u00a0un comunicado firmado por la entidad y otras ocho organizaciones<\/u><\/a>. El\u00a0Comit\u00e9 para la Protecci\u00f3n de los Periodistas<\/u><\/a> (CPJ),\u00a0Reporteros Sin Fronteras<\/u><\/a> (RSF), la\u00a0Coalici\u00f3n de Mujeres en el Periodismo<\/u><\/a> y la\u00a0Red Voces del Sur<\/u><\/a>, que agrupa a organizaciones de 17 pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, tambi\u00e9n expresaron su rechazo a la sentencia y pidieron su anulaci\u00f3n.<\/p>\n

Rafael Fagundes, abogado de Intercept Brasil y defensor de Alves en el caso, declar\u00f3 en una nota a\u00a0LJR<\/strong> que \u201cla defensa est\u00e1 descontenta con la sentencia, que ignor\u00f3 la realidad de los hechos y las pruebas del caso, resultando en una decisi\u00f3n descaradamente arbitraria e ilegal\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan \u00e9l, \u201cla sentencia cometi\u00f3 una serie de errores jur\u00eddicos primarios, agravando artificialmente la condena y contradiciendo toda la jurisprudencia brasile\u00f1a sobre el tema\u201d. \u201cIncapaz de ocultar preocupaciones corporativistas, esta sentencia podr\u00eda servir como una amenaza contra quienes se atrevan a denunciar abusos posiblemente cometidos por el Poder Judicial\u201d, afirm\u00f3 Fagundes. La defensa interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia.<\/p>\n

Katia Brembatti, presidenta de Abraji, tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 \"corporativismo\" en la condena de Alves y dijo que era preocupante esa \"uni\u00f3n\" entre fuerzas del Poder Judicial para defenderse. Seg\u00fan ella, este caso se enmarca en un contexto de creciente acoso judicial contra periodistas en Brasil.<\/p>\n

\u201cCuando hablamos de acoso judicial, siempre pensamos en un aluvi\u00f3n de acciones contra un periodista. Pero un solo proceso, si es muy sustancial, muy intimidante, es capaz de obstaculizar al periodista y hacerle dejar de hablar de ese tema\u201d, dijo Brembatti.<\/p>\n

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Katia Brembatti, presidenta de Abraji. (Foto: Cortes\u00eda)<\/p><\/div>\n

Abraji est\u00e1 trabajando en proponer un modelo de ley anti-SLAPP en Brasil, dijo, basado en par\u00e1metros internacionales. Un ejemplo es la\u00a0orientaci\u00f3n general establecida por la Uni\u00f3n Europea en junio de este a\u00f1o<\/u><\/a> para proteger a \u201cperiodistas y a los defensores de los derechos humanos frente a demandas manifiestamente infundadas o procesos judiciales abusivos\u201d. SLAPP es la sigla en ingl\u00e9s de \u201cjuicios estrat\u00e9gicos contra la participaci\u00f3n p\u00fablica\u201d (strategic lawsuit against public participation<\/i>) que generalmente son iniciados por empresas o personas con poder institucional o financiero con el objetivo de silenciar las cr\u00edticas mediante la intimidaci\u00f3n judicial.<\/p>\n

Brembatti tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que los jueces en Brasil tienen el poder de no aceptar \u201cacciones que sean claramente intimidantes\u201d. Incluso hay una\u00a0recomendaci\u00f3n del CNJ a los tribunales<\/u><\/a> para que \u201cadopten precauciones encaminadas a frenar la judicializaci\u00f3n predatoria que podr\u00eda resultar en la restricci\u00f3n de la defensa y la limitaci\u00f3n de la libertad de expresi\u00f3n\u201d.<\/p>\n

\u201cEsa es una facultad que est\u00e1 en manos del Poder Judicial, y el Poder Judicial rara vez la utiliza\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n

Sentencia de la Corte IDH se\u00f1ala caminos en Chile y m\u00e1s all\u00e1<\/h3>\n

Al igual que Alves en Brasil, el periodista chileno Felipe Soto Cort\u00e9s tambi\u00e9n vive desde enero con una condena penal por difamaci\u00f3n. Es director del medio local Resumen, en la ciudad de Concepci\u00f3n, 500 kil\u00f3metros al sur de Santiago, la capital del pa\u00eds. Cort\u00e9s fue condenado penalmente por difamaci\u00f3n por un\u00a0reportaje publicado en julio de 2022<\/u><\/a> que trataba sobre la acumulaci\u00f3n de salarios en las alcald\u00edas de la provincia de Biob\u00edo.<\/p>\n

En el texto cita un informe de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica que se\u00f1alaba que Rodrigo Daroch, exvicepresidente nacional del Partido por la Democracia (PPD) y entonces empleado del gobierno regional del Biob\u00edo, hab\u00eda mantenido trabajos paralelos en dos ayuntamientos de la regi\u00f3n en 2021. El reportaje utiliz\u00f3 la expresi\u00f3n \u201cm\u00e9todo Daroch\u201d para referirse a casos de otras personas que realizaban trabajos paralelos en otros ayuntamientos.<\/p>\n

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El pol\u00edtico Rodrigo Daroch demand\u00f3 a Felipe Soto Cort\u00e9s tras un reportaje en el sitio web del medio Resumen. (Captura de pantalla)<\/p><\/div>\n

Daroch present\u00f3 una causa penal por \u201clesiones graves\u201d contra Soto Cort\u00e9s, quien en enero fue\u00a0condenado a 61 d\u00edas de prisi\u00f3n<\/u><\/a>, el pago de una multa equivalente a US $822 y la prohibici\u00f3n de ejercer cargos p\u00fablicos durante su condena. Al no tener antecedentes penales, la pena de prisi\u00f3n fue sustituida por una \u201cremisi\u00f3n condicional\u201d de un a\u00f1o, durante el cual Cort\u00e9s deber\u00e1 presentarse mensualmente en una gendarmer\u00eda.<\/p>\n

La defensa de Cort\u00e9s apel\u00f3 la sentencia y, a la espera de avances en los tribunales, el periodista es objeto de otras dos demandas similares relacionadas con otros reportajes, dijo a\u00a0LJR<\/strong>.<\/p>\n

\u201cUna querella por injuria y calumnia es un juego de poder m\u00e1s que algo relacionado con la verdad\u201d, dijo Cort\u00e9s. \u201cUno termina con miedo, porque finalmente dices \u2018hasta qu\u00e9 punto puedo molestarlos? Hasta qu\u00e9 punto lo que yo voy a decir puede significar un malestar para ellos y me van a perseguir a trav\u00e9s de tribunales?\u2019. Entonces uno muchas veces termina diciendo \u2018sab\u00e9s que no, no damos para este tema, descart\u00e9moslo porque ya tenemos una querella encima\u2019\u201d.<\/p>\n

La condena penal por difamaci\u00f3n tiene precisamente ese \u201cefecto silenciador\u201d, dijo a\u00a0LJR<\/strong> Javier Garc\u00eda, fundador y presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicaci\u00f3n (ODC).<\/p>\n

\u201cA partir de [la primera] condena t\u00fa ya sabes que en la segunda la pena va a ser efectiva o va a ser m\u00e1s intensa, entonces el efecto silenciador est\u00e1 ah\u00ed. (...) Adem\u00e1s el impacto no es solamente contra ti: es sobre todos, tus pares, porque cuando se condena no solo te silencias t\u00fa, sino el otro periodista que dice \u2018a m\u00ed me puede pasar lo mismo\u2019. Entonces es un efecto disciplinador sobre las voces cr\u00edticas o de denuncia\u201d, dijo Garc\u00eda.<\/p>\n

Resumen cuenta con un equipo de ocho periodistas, seg\u00fan Cort\u00e9s, y se dedica a investigaciones sobre autoridades locales, como alcald\u00edas y el gobierno regional. La autocensura impuesta por el miedo a nuevos juicios y condenas tambi\u00e9n afecta la capacidad del medio para financiarse, ya que Resumen se sostiene con aportes de los suscriptores, adem\u00e1s de inversiones de los propios periodistas.<\/p>\n

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El periodista chileno Felipe Soto Cort\u00e9s. (Foto: Cortes\u00eda)<\/p><\/div>\n

\u201cSomos un medio peque\u00f1\u00edsimo, que est\u00e1 investigando cosas que nadie investiga\u201d, afirm\u00f3 Soto Cort\u00e9s. \u201cCuando uno se autocensura y deja de investigar, el contenido que t\u00fa presentas dentro de tu diario es poco innovador, poco noticioso, poco relevante, por tanto bajan tus visitas. (...) Se vuelve un diario del que le gustar\u00eda tener a ellas [las personas que te denuncian], o sea, un diario que solo publica notas que ya vienen listas, comunicados de prensa y ese tipo de cosas. Se vuelve un medio inocuo, irrelevante\u201d.<\/p>\n

Garc\u00eda dijo que la hip\u00f3tesis de la ODC es que el periodismo local es el principal blanco de los procesos penales por difamaci\u00f3n en Chile.<\/p>\n

\u201cLos poderosos han evitado confrontarse con la prensa\u00a0mainstream<\/i>, porque hay una mirada de que Chile tiene muy buenas condiciones de libertad de expresi\u00f3n y est\u00e9ticamente se ve feo presionar a periodistas\u201d, afirm\u00f3. \u201cLo que nos hemos encontrado es este trabajo m\u00e1s subterr\u00e1neo, de buscar al d\u00e9bil, al vulnerable, al que no va a tener repercusi\u00f3n p\u00fablica, al que no va a tener una defensa corporativa\u201d.<\/p>\n

Garc\u00eda y el ODC asesoran la defensa de Cort\u00e9s. Una de las formas de revertir la condena del periodista es\u00a0una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos<\/u><\/a> (Corte IDH),\u00a0dada a conocer en febrero<\/u><\/a>, que determin\u00f3 que Chile es responsable de violar el derecho a la libertad de expresi\u00f3n de un defensor ambiental condenado penalmente por difamaci\u00f3n en 2004.<\/p>\n

La\u00a0sentencia del tribunal internacional determina<\/u><\/a>, entre otros puntos, que el Estado chileno \u201cdeber\u00e1 establecer v\u00edas alternativas al proceso penal para la protecci\u00f3n del honor de los funcionarios p\u00fablicos respecto de opiniones relacionadas con su actuaci\u00f3n en la esfera p\u00fablica\u201d. Tambi\u00e9n afirma que, mientras no se complete la despenalizaci\u00f3n de la difamaci\u00f3n en el pa\u00eds, \u201ces necesario que las interpretaciones referidas a los casos que involucren querellas por injuria (...) se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal en materia de libertad de expresi\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan Garc\u00eda, \u201cla Corte Interamericana lleva a\u00f1os, por no decir d\u00e9cadas, planteando un est\u00e1ndar muy claro en el cual dice que no se debe de utilizar el derecho, y sobre todo el derecho penal, para acosar a periodistas. Como esto no ha tenido repercusi\u00f3n, creo que la Corte ha tomado una medida m\u00e1s dr\u00e1stica, y es plantear esto en su jurisprudencia\u201d.<\/p>\n

\u201cEso es un aviso que la Corte Interamericana est\u00e1 dando a toda la regi\u00f3n, a todos los pa\u00edses\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los casos de la periodista brasile\u00f1a Schirlei Alves y del periodista chileno Felipe Soto Cort\u00e9s evidencian el impacto de la criminalizaci\u00f3n de la difamaci\u00f3n en la libertad de prensa en Am\u00e9rica Latina. 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