En febrero del año pasado, el sitio web independiente de noticias Indómita publicó una investigación que revelaba que más de un tercio de las personas que morían de forma violenta en Ecuador eran niños menores de 5 años. El titular decía: “Los niños no son víctimas colaterales, son víctimas directas de la violencia en Ecuador”.
A la mañana siguiente, el sitio web de Indómita fue hackeado, y los periodistas del medio con sede en Guayaquil se vieron obligados a adoptar nuevas medidas para proteger su seguridad digital.
Periodistas de otros lugares de América Latina también han sido objeto de ataques digitales. En México, una base de datos de reporteros asistentes a conferencias del expresidente Andrés Manuel López Obrador circuló en un foro de filtraciones. Y en Venezuela, casi 49 medios de comunicación, entre ellos El Político, Impacto y La Gran Aldea, siguen bloqueados por los proveedores de internet del país.
Estos incidentes forman parte de un patrón más amplio de agresiones contra la prensa la región. Entre 2023 y 2024, más de 400 ataques, incluyendo hackeos, censura, espionaje y campañas de desinformación, fueron documentados en el informe “En la mira: seguridad y principales amenazas digitales en América Latina”.
El estudio, liderado por la organización Derechos Digitales en colaboración con el Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD), alerta sobre el creciente uso de estrategias digitales para intimidar, silenciar y obstaculizar el trabajo periodístico en la región.
Portada del informe de Derechos Digitales “En la mira: seguridad y principales amenazas digitales en América Latina”. (Foto: Captura de pantalla)
Este es el primer informe conjunto de OLAD, una alianza de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos en línea. Entre sus hallazgos, revela cómo gobiernos, actores criminales y grupos organizados han convertido el ecosistema digital en un terreno hostil para el periodismo, el activismo y la sociedad civil.
“Tener un entendimiento de las amenazas digitales que existen en la región es importante para poder reaccionar y poder actuar”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Rafael Bonifaz, Líder del Programa Latinoamericano para la Seguridad y Resiliencia Digital en Derechos Digitales y editor del informe.
“Es importante hacer esa pausa, analizar lo que pasó y tener un entendimiento más profundo de lo que nos sucede. Normalmente tenemos un escándalo por semana, nos horrorizamos y la siguiente semana hay otro escándalo, nos olvidamos del anterior y así vamos”.
OLAD lo integran Fundación InternetBolivia.org de Bolivia, Escola de Ativismo, Instituto Nupef y MariaLab de Brasil, Colnodo y Fundación Karisma de Colombia, LaLibre.net Tecnologías Comunitarias y Taller de Comunicación Mujer de Ecuador, Social TIC y Sursiendo de México, Conexión Segura de Venezuela, y Código Sur, Derechos Digitales y Fundación Acceso de alcance regional.
El informe está disponible en español, inglés y portugués.
De acuerdo con el informe, la desinformación es un fenómeno que se repite en toda la región y representa uno de los mayores retos en el ecosistema digital.
El informe resalta casos de desinformación en comunidades rurales en Bolivia, Perú y El Salvador. En particular, pone foco en el caso de Bolivia en donde tres localidades indígenas (Villa Tunari, Cochabamba; Yacapaní y Montero, Santa Cruz), centros de partidos políticos que mantienen tensiones continuas, registraron censura y violencia debido a desinformación difundida en redes sociales.
El documento también destaca propuestas legislativas en Colombia y en Brasil que buscan que los contenidos periodísticos sean sujetos a remuneración por parte de las plataformas donde estos se comparten y regular el uso indiscriminado de la inteligencia artificial, que facilita la creación informaciones falsas.
Las intervenciones telefónicas a su vez son un patrón que se repite en América Latina. En el informe se mencionan dos casos emblemáticos que aunque no sucedieron en el periodo analizado sí tuvieron actualizaciones. En primer lugar, la intervención ilegal con el software Pegasus al teléfono de la periodista mexicana Carmen Aristegui. A principios de 2024 un juez federal declaró inocente al único procesado por el espionaje.
En segundo lugar, la batalla legal contra NSO, el fabricante del programa espía Pegasus, por parte de periodistas de El Faro en El Salvador que vieron sus comunicaciones intervenidas. A mediados de 2024, los gigantes Microsoft y Google presentaron cartas de apoyo al caso ante un tribunal de California.
En febrero de 2024, el sitio web de Indómita fue hackeado, y los periodistas del medio con sede en Guayaquil se vieron obligados a adoptar nuevas medidas para proteger su seguridad digital. (Foto: post de Indómita en X)
“Las mayores amenazas digitales en América Latina hacia el periodismo son por un lado la desinformación y la censura. Por el otro, el ataque directo a los periodistas para meterles miedo y que dejen de trabajar o afectar sus investigaciones”, dijo Bonifaz.
En ello coincide Juan Manuel Casanueva, director ejecutivo de Social Tic en México, una de las organizaciones colaboradoras del informe. Para él, una de las mayores amenazas digitales para el periodismo en la actualidad son “los ecosistemas con agentes relevantes de desinformación como Elon Musk en X u otros representantes de gobierno y grupos ideológicos”.
En el informe se concluye que los principales actores amenazantes son gobiernos, grupos antiderechos que amenazan la libertad de expresión en línea, actores criminales que hacen presencia en el ciberespacio y personas particulares con expresiones de sexismo y racismo.
Sin embargo, hay comparaciones y patrones que los creadores del informe no pudieron obtener debido a la naturaleza de los datos de cada organización colaboradora en el informe. Por ejemplo, solo tres de las organizaciones manejan líneas de ayuda directa y ofrecen acompañamiento y respuesta en casos de violencia de género digital. Por lo tanto, hay un subregistro de casos en esa área.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, Indómita Media recibió más de 300 infecciones de malware a su página web. Los ataques los dejaron en una ocasión 15 días fuera del ciberespacio.
“Ahora los periodistas en Ecuador estamos cada vez más expuestos a ataques que van desde lo más sencillo como la autocensura y los bloqueos de información, hasta casos más graves como amenazas digitales”, dijo a LJR Thalíe Ponce, directora y fundadora de Indómita Media.
LaLibre.net, organización colaboradora del informe, proporcionó a Indómita Media un nuevo servidor y una infraestructura de tecnología más sólida y accesible. Esto también le facilita al medio una comunicación más fluida con expertos en caso de nuevos ataques.
“Un aprendizaje importante que tuvimos fue el no subestimar este tipo de ataques”, dijo Ponce. “También la importan tener una comunicación constante con las organizaciones de la sociedad civil. Ellas llevan más tiempo enfrentando situaciones a las que quizás el periodismo, al menos en Ecuador, no se había enfrentado tan directamente hasta estos últimos años”.
