Cuando la letalidad policial en las operaciones de seguridad en el estado de Río de Janeiro alcanzó niveles extremadamente altos, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó en 2022 que se adoptaran una serie de medidas para frenar la violencia. Entre ellas estaba el uso de cámaras corporales portátiles para toda la Policía Militar (PM) durante las horas de trabajo.
Dos años más tarde, cuando la medida estaba plenamente implementada, un reportaje especial de TV Globo y GloboNews investigó 774 casos judiciales de 2023 y 2024 en los que se pidió a la policía que entregara grabaciones de las cámaras corporales. El objetivo de los periodistas era monitorear el uso de estas imágenes por parte de los tribunales. Los reporteros descubrieron escenas espeluznantes de presunta mala conducta policial e imágenes de un agente muerto y otro herido en servicio. La serie también reveló otro dato preocupante: en el 60 por ciento de los casos analizados, la policía no entregó las imágenes a los tribunales.
“La prensa siguió el calendario de instalación de las cámaras, exigió que se instalaran y que se cumpliera la decisión judicial que obligaba a su uso. Pero la prensa no había profundizado en la siguiente fase. Creo que el gran acierto de este reportaje fue pasar la página de la instalación y sumergirse en la otra fase: el funcionamiento, o no funcionamiento, de las cámaras”, dijo Marcelo Bruzzi, periodista de GloboNews, a LatAm Journalism Review (LJR). “Cuando vemos que en la mayoría de los casos la policía no envió el video, esto es muy grave porque representa un despilfarro de dinero público. El contrato es millonario, el estado de Río, el ciudadano, están pagando una fortuna para que la policía utilice estos equipos y es necesario preservar estas imágenes”.
La serie de reportajes es un retrato de la importancia de la persistencia del periodismo y de la falta de transparencia en Brasil.
El punto de partida del reportaje fue la obtención, a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI), de una hoja de cálculo que contenía una lista de todos los números de casos judiciales en los que los tribunales habían pedido a la policía que facilitara las imágenes de las cámaras corporales. Pero lo que debería haber sido una solicitud ordinaria a través de la LAI tardó cuatro meses en recibir respuesta. La ley estipula que las solicitudes deben ser contestadas en un plazo de 20 días, prorrogables por otros 10. Bruzzi tuvo que ponerse en contacto con la Contraloría General del Estado porque no se habían cumplido los plazos para presentar la documentación.
“No fue fácil conseguir [la hoja de cálculo]. Por desgracia, aquí en Brasil tenemos muchos organismos públicos, especialmente en los gobiernos estatales y en los ayuntamientos, que piensan que la información pública no es pública, que es secreta. Así que es muy común que la administración pública intente ocultar información pública, y entonces el ciudadano, el periodista, tiene que luchar hasta el final para tener acceso a estos datos”, dijo Bruzzi.
Con la lista por fin en la mano y un total de 774 casos, comenzó el meticuloso trabajo de analizar el material. Bruzzi y el productor de la serie, Guilherme Ramalho, pasaron seis meses abriendo manualmente cada una de las demandas. El dúo enumeró caso por caso de qué trataba la demanda, si se facilitaron o no las imágenes de las cámaras, por qué no se facilitaron las imágenes y, cuando había video, los periodistas vieron horas y horas de grabaciones para encontrar el momento en que las acciones fueron registradas. Según el reportaje, de los 774 casos, en 473 no se enviaron los videos, en 215 se enviaron íntegramente y en 87 sólo se facilitó parte de las imágenes solicitadas. En total, se emitieron cinco reportajes en televisión y se publicaron nueve artículos en el sitio web de G1.
“Vimos el inicio de la implementación de las cámaras y lo que vimos fue que había una mejora a medida que los equipos empezaban a ser utilizados por las tropas. Las grabaciones [completas] sólo estaban disponibles en [unos] 200 casos, lo cual es una falla grave. Aun así, había muchas, muchas horas de material para ver”, dijo Ramalho a LJR. “La lección para el periodismo es persistir siempre: tener una idea para una historia, pensar en una forma de investigar y ser persistente en la investigación dados los recursos limitados que tenemos en la sala de redacción. Bastaron dos personas para analizar casi 800 casos”.
La mayoría de los casos analizados por el reportaje se referían a detenciones de presuntos narcotraficantes en comunidades del estado de Río. La investigación del equipo demostró que, en casi 500 casos, las imágenes solicitadas no fueron enviadas por la policía a la justicia. De acuerdo con la investigación del equipo, en unos 200 de estos casos la propia policía admitió que las imágenes fueron borradas del sistema porque los agentes no pulsaron el botón de “modo ocurrencia”, que guarda los archivos durante un año.
“Es importante mostrar las dos caras en este contexto de la seguridad pública, que incluyen al policía honesto, que trabaja correctamente, al que le disparan mientras está de servicio. Se muestran las dificultades y los retos, que no es fácil ser policía en Río de Janeiro”, dijo Bruzzi. “Por otro lado, la cuestión de la mala conducta es extremadamente grave. El policía que no cumple su función, que acepta sobornos, que dispara a un sospechoso desarmado, que cambia la escena de un crimen para incriminar a alguien, será castigado y la prueba de la imagen es muy fuerte”.
De acuerdo con el reportaje, las imágenes muestran presuntos abusos de autoridad, crímenes cometidos por la policía militar y violaciones de los derechos humanos. De acuerdo con la investigación de TV Globo y GloboNews, un video parece mostrar a un agente disparando por la espalda a un sospechoso de robo, incluso con las manos en alto. También hubo casos que pusieron de relieve ejemplos positivos de buenas prácticas, como el rechazo de sobornos. Otro caso llamativo fue el de la muerte de un agente en servicio. El reportaje mostró que hubo casos en los que las imágenes aportaron elementos para que los tribunales condenaran a los acusados, y ocasiones en las que las grabaciones ayudaron a absolver a personas que estaban en prisión.
“Estas imágenes revelan una serie de debilidades institucionales. No podemos culpar sólo a la policía. Al fin y al cabo, a ellos se les asigna a un servicio. Lo mínimo que se podría esperar es información sobre la zona donde trabajan, lo que pueden encontrar”, dijo a GloboNews el coronel retirado Robson Rodrigues, ex jefe de Estado Mayor de la Policía Militar.
Además de analizar las acciones judiciales y ver todas las grabaciones, el trabajo de investigación también incluyó la comprobación de los expedientes y el diálogo con las instituciones implicadas, entre ellas la propia Policía Militar, el Ministerio Público del Estado y la Defensoría Pública del Estado. De acuerdo con el reoirtaje, en aproximadamente un año y medio de uso de cámaras corporales por la Policía Militar, el departamento de asuntos internos ha abierto 2 mil 657 casos que ya han resultado en la detención o arresto administrativo de 170 policías. Los reportajes también muestran que en los casos en los que se entregaron los videos y los tribunales ya han dictado sentencia, el 74 por ciento de los sospechosos han sido condenados.
“Estos datos también refuerzan la importancia de estos equipos para la actividad policial. En todas las conversaciones que mantuvimos, el uso de cámaras corporales fue muy elogiado como una medida importante para mejorar la seguridad en el estado para todos. Después de que emitimos la serie, el Ministerio Público abrió 12 procedimientos de investigación y la Policía Militar retiró de las calles a nueve policías y detuvo administrativamente a otros seis que aparecían en las imágenes”, dijo Ramalho.
La Policía Militar cree que el uso de cámaras corporales es un camino sin retorno, y que estos materiales serán muy útiles para los procesos de formación de la policía y para trabajar en el cambio de cultura, dijo a GloboNews la portavoz de la corporación, Cláudia Moraes.
“La corporación está totalmente interesada en la transparencia de sus acciones y se está trabajando en esta cuestión de mejorar las respuestas a las solicitudes, independientemente del tipo de incidente. Puede ser un incidente que implique un abordaje o algún tipo de cuestionamiento por parte de la justicia, de la misma forma que tenemos la cuestión de la letalidad", dijo Moraes a GloboNews.
En Brasil, el equipo constató que once de los 27 estados ya utilizan o están en proceso de implementar cámaras corporales. El gobierno federal defiende la grabación del trabajo policial en todo el país, pero los estados tienen independencia para decidir si adoptan o no este tipo de monitoreo.
