Una nueva ley aprobada en Perú representa una de las amenazas más graves en décadas para el periodismo independiente y la sociedad civil en el país, según críticos.
Promulgada por la presidenta Dina Boluarte el pasado 14 de abril, la Ley N° 32301 exige la autorización previa de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para todas las actividades y proyectos de la sociedad civil que reciban fondos de cooperación internacional. La ley establece que la APCI “goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa”. Sin embargo, la agencia está vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores y su director es designado por el gobierno.
Periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil afirman que, bajo el pretexto oficial de establecer una mayor transparencia en el uso de los fondos de cooperación internacional, la ley transforma a la APCI en un mecanismo de control político sobre las actividades de las organizaciones no gubernamentales, incluidos los medios de comunicación independientes. Observan paralelismos entre la iniciativa y proyectos similares para inhibir a la sociedad civil ya aprobados en países autoritarios como Rusia, Bielorrusia, Nicaragua y Venezuela.
“Si queremos investigar violaciones de derechos humanos o casos de corrupción, será el gobierno quien nos dará permiso”, dijo Fabiola Torres, directora del medio Salud con Lupa, a LatAm Journalism Review (LJR). “Esa ley no es casualidad. Es parte de la captura del Estado peruano por parte de una coalición política de partidos cuyos miembros están siendo investigados por periodistas”.
Según la nueva ley, todas las actividades, proyectos y gastos que reciban fondos de cooperación técnica internacional deben registrarse públicamente en la APCI. Además, la nueva normativa autoriza a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a crear una unidad especializada para supervisar a las ONG. Según Boluarte, el objetivo es garantizar “que los recursos, tanto públicos como privados, se utilicen de manera honesta”.
La ley afecta a los medios de comunicación independientes peruanos, que a menudo operan bajo la figura jurídica de organizaciones sin fines de lucro y dependen de fondos de organizaciones filantrópicas internacionales o de apoyo a la libertad de prensa.
Para sus críticos, la nueva legislación no puede garantizar principios periodísticos básicos como el secreto profesional y la capacidad de realizar investigaciones sin supervisión estatal. Además, otros aspectos de la ley socavan la capacidad de los periodistas para defenderse legalmente al prohibir el uso de fondos internacionales para emprender acciones contra el Estado. Por ejemplo, no será posible recurrir a asesoramiento legal para solicitar información oficial ni defenderse de demandas presentadas por miembros del Estado.
Durante la ceremonia de promulgación de la ley en Palacio de Gobierno, Boluarte afirmó que “esta ley velará por el supremo interés de la democracia, la unidad nacional y poner bajo una revisión exhaustiva a una minoría de ONGs que actúan en contra de los intereses de nuestro país”.
Según el gobierno, la medida busca combatir a las entidades que, en palabras de la Presidenta, están “sembrando odio y atacando nuestro sistema”. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, y no requirió una segunda votación, lo que indica un amplio apoyo político.
La Presidenta alega que busca promover la transparencia. “No se trata de control, sino de claridad; no es fiscalización arbitraria, sino de rendición de cuentas”, afirmó.
La promulgación de la ley se produce en un contexto de deterioro de las condiciones democráticas en Perú. Boluarte tiene un índice de aprobación de tan solo el 4%. Elegida vicepresidenta en una fórmula de extrema izquierda — liderada por Pedro Castillo, quien finalmente fue destituido y arrestado tras un intento de golpe de Estado—, se alió con los fujimoristas de ultraderecha y ahora cuenta con una supercoalición en el Congreso. El Congreso actual nombró a seis de los siete jueces de la Corte Constitucional.
El periodismo y la sociedad civil representan voces críticas cada vez más escasas en un sistema más uniforme. Como resultado, los periodistas afirman haberse convertido en blancos cada vez más frecuentes.
Periodistas y defensores de la libertad de expresión prevén los siguientes efectos de la ley sobre el periodismo: control previo y censura, violación del secreto profesional y de las fuentes, bloqueo de financiación, riesgo de cierre, aumento de la burocracia y riesgo de sanciones arbitrarias.
“¿Cómo uno va a decir la investigación que está haciendo a una agencia? ¿Y cómo el Estado va a validar una investigación contra él?”, dijo a LJR Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP). “Para nosotros es claro que es censura”.
La periodista Clara Elvira Ospina, fundadora de Epicentro.tv, dijo que la ley se aprobó debido a una combinación de intereses privados de políticos investigados por ONG y medios de comunicación, un afán de venganza contra la sociedad civil y un ambiente más amplio de desinformación y propaganda contra las ONG.
“La ley es producto de una campaña de políticos con intereses particulares en destruir las ONG, porque no han podido pasar a la impunidad por litigios estratégicos”, dijo Ospina a LJR. “Presentan a las ONG como se utilizaran fondos de otros países para hacer daño a Perú”.
Esta estrategia, surgida en Rusia bajo el gobierno de Vladimir Putin, no es nueva en Latinoamérica. Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Paraguay han aprobado leyes que reprimen a la sociedad civil con el pretexto de proteger al país de agentes extranjeros.
Una crítica a la ley peruana es su redacción imprecisa. Al prohibir de forma genérica proyectos que provoquen “intervención en política interna” o “actos que afecten el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional”, afirman que podría inhibir prácticamente cualquier crítica.
“El lenguaje de la ley es tan amplio, tan abierto y tan arbitrario que cualquier cosa puede ser utilizada como una supuesta afectación al Estado peruano”, dijo a LJR Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, que representa a los principales medios de comunicación del país.
La ley afecta principalmente a los medios independientes que dependen en gran medida del apoyo internacional y cubren temas como derechos humanos y medio ambiente. Sin embargo, cualquier medio que reciba apoyo de la cooperación internacional, incluso para proyectos específicos, podría verse afectado.
En cuanto a la posibilidad de que la ley se centre principalmente en las ONG y que el periodismo sea solo una víctima, Ospina asegura que no hubo ningún error de cálculo.
“Ellos sabían perfectamente lo que hacían. Tienen un objetivo común y amplio”, dijo. “Además, nuestros críticos no nos presentan como medios, sino como ONG”.
La nueva ley ha generado una fuerte reacción por parte de periodistas y medios de comunicación independientes. En un comunicado firmado por cientos de profesionales y organizaciones que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos en Perú y en el extranjero, advierten que la “norma establece disposiciones que son un ataque directo a la libertad de prensa, de un modo que no solo contraviene la Constitución Política sino estándares y jurisprudencia internacionales sobre el tema”.
Con la excepción del diario La República, los principales medios de comunicación peruanos, incluyendo el periódico conservador El Comercio, el canal América Televisión y las emisoras de radio CRP y RPP, no se han pronunciado directamente sobre la ley ni firmaron la carta crítica.
Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la nueva legislación.
Gina Romero, Relatora Especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, dijo que “las modificaciones propuestas a la APCI generan riesgos de interferencia indebida en la estructura y el funcionamiento interno de las organizaciones no gubernamentales (ONG)”.
En un comunicado enviado al gobierno peruano en junio de 2024, expertos de la ONU advirtieron que aprobar cambios a la Ley APCI afectaría gravemente los derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad de asociación, y representaría un retroceso en los compromisos internacionales del país.
La ley ya está en vigor y, según su texto, las ONG deben registrarse.
Según el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, “la Ley 32301 desconoce principios constitucionales básicos, como la libertad de asociación, la libertad de expresión, el derecho al trabajo y el derecho a la participación en los asuntos públicos”.
La estrategia para impugnarla legalmente es alegar su inconstitucionalidad en tribunales inferiores, según periodistas entrevistados por LJR. Dado que el Tribunal Constitucional fue nombrado casi en su totalidad por el Congreso (en Perú, el Tribunal se renueva cada cinco años), la estrategia es recurrir a tribunales inferiores, recurriendo a medidas cautelares, conocidas en el país como acciones de amparo.
“Vamos a meter acciones de amparo, porque si algún juez puede dictaminar para dejar en suspenso la aplicación de la ley, entonces, eso puede generar jurisprudencia”, dijo Lainez.
Esta no es la única ley reciente que podría asfixiar a la prensa peruana. En marzo, el Congreso del país aprobó una ley, conocida como Ley Mordaza, que aumenta las penas de prisión por difamación y calumnia, y que establece que el derecho de réplica para quienes se sientan difamados debe ser de 24 horas.
La Ley Mordaza aún necesita una segunda votación para ser aprobada y tiene muchas similitudes con un proyecto de ley similar que se consideró en 2023. Bajo la nueva legislación propuesta, cualquier ciudadano podría ser arrestado por un comentario publicado en redes sociales, dijo Salazar Zimmermann. Además, el plazo para las respuestas es muy corto.
“Un día es prácticamente imposible para tramitar e investigar una queja de forma seria”, dijo Salazar Zimmermann.
En cuanto al contexto general que lo permite, los entrevistados coinciden en afirmar que el autoritarismo está creciendo en Perú. Según una encuesta publicada el año pasado, más de la mitad de los peruanos no cree que la democracia sea la mejor forma de gobierno, y el 87 % está insatisfecho con el modelo actual.
El país tuvo seis presidentes en seis años, hasta que la impopular Boluarte pactó con Fujimori para mantenerse en el poder. La fragmentación política es enorme, con más de 40 partidos, y se cree que intereses del narcotráfico, la minería ilegal y otras formas de crimen organizado se han infiltrado en el poder público. En vista de esto, la amenaza a la prensa peruana forma parte de un riesgo más amplio para la democracia.
“Hay una degradación democrática e institucional muy fuerte, que también afecta a la prensa”, dijo Salazar Zimmermann. “El Perú está camino a un autoritarismo muy fuerte”.
