Mariana Padrón* es una periodista venezolana que vive en Nueva York con una visa de talento. Aún está a la espera de la aprobación de su residencia permanente y la entrega de su green card, por lo que el veto migratorio anunciado a comienzos de este mes por el presidente Donald Trump —que prohíbe la entrada de ciudadanos de 12 países y limita los visados a otros 7— la tomó por sorpresa y con preocupación.
“Yo he decido tomar prevención extrema. Es decir, no viajar, no exponerme, no usar nada, porque sigo siendo venezolana”, dijo Padrón a LatAm Journalism Review (LJR). “Mi peor miedo es salir y no poder volver a entrar. Mis cosas están aquí. Tengo apartamento arrendado, tengo mis amigos, mi comunidad…”
Esta previsión ha limitado a Padrón no solo a nivel personal sino también profesional. Su trabajo como periodista incluye viajar fuera de los Estados Unidos ya sea a cubrir o asistir a eventos. “Mi caso no es uno de los más fuertes, pero muestra como no importa qué tan bien estés haciendo las cosas [a nivel legal], todos nos estamos viendo afectados”, dijo.
La situación de Padrón refleja cómo las recientes políticas migratorias de la administración Trump están afectando a periodistas extranjeros que viajan a o desde Estados Unidos. Aunque no está directamente vetada, su temor a salir del país y no poder volver evidencia cómo las nuevas restricciones —justificadas bajo argumentos de seguridad nacional— están limitando el trabajo y la movilidad de la prensa internacional, en un clima marcado por la incertidumbre y la discrecionalidad migratoria.
La reciente proclamación de Trump que prohíbe o restringe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 19 países —en los que se incluyen a Cuba, Haití y Venezuela— es justificada por el mandatario estadounidense como una medida de seguridad ante los "riesgos significantes" que generan los extranjeros que entran al país sin la "adecuada revisión".
También se justifica en que los nacionales de algunos países pueden plantear riesgos significativos de sobrepasar la duración de sus visados, lo que aumenta la carga de los componentes de inmigración y aplicación de la ley en Estados Unidos.
“Venezuela carece de una autoridad central competente o que coopere en la expedición de pasaportes o documentos civiles y no cuenta con medidas adecuadas de control e investigación de antecedentes”, dice la proclamación. “Venezuela se ha negado históricamente a aceptar de vuelta a sus nacionales.Según el Informe de Estancias Excedidas, Venezuela tenía una tasa de estancias excedidas de visados B-1/B-2 [negocio, turismo o visitas familiares] del 9,83 por ciento”.
Cuba, como Venezuela, está sujeta a restricciones parciales. Entre las razones dadas por Estados Unidos están el ser considerado un país patrocinador estatal del terrorismo, la falta de cooperación con las autoridades estadounidenses, y el no permitir la repatriación de sus ciudadanos.
En el caso de Haití, la entrada de sus nacionales queda completamente suspendida tanto para inmigrantes como para no inmigrantes. Según la proclamación, cientos de miles de haitianos ingresaron ilegalmente a Estados Unidos durante la administración del expresidente Joe Biden y la tasa de estancias excedidas de visado se situaban entre el 25 y el 31%.
La medida, en vigor desde el 9 de junio, contempla excepciones para residentes permanentes legales, personas con visas vigentes, algunas categorías específicas de visados y aquellos cuyo ingreso se considere beneficioso para los intereses de Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que “la visa es un privilegio, no un derecho” y están reservadas solo para quienes hacen a Estados Unidos mejor. (Foto: Gage Skidmore/Flickr).
Sin embargo, el abogado migratorio, Roberto Sarmiento, dijo a LJR que la entrada a Estados Unidos va a quedar a discrecionalidad del oficial migratorio de turno.
“La discrecionalidad del oficial juega un papel muy importante y es allí donde esta medida nos duele”, dijo Sarmiento. “Tenemos que estar a merced de una persona que puede ser racista, una persona que puede no conocer de la ley o una persona que tal vez hasta ignora qué tipo de visa es la que está viendo”.
En marzo, fueron revocadas más de 300 visas de estudiantes sin justificación clara y como parte de una campaña de deportación masiva. En relación a ello, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que “la visa es un privilegio, no un derecho” y están reservadas solo para quienes hacen a Estados Unidos mejor, no para los que buscan destruirlo desde adentro.
Sarmiento dijo que también podrían estar en riesgo de no poder entrar a Estados Unidos quienes posean la visa I —que permite a los periodistas extranjeros ingresar al país para cubrir eventos noticiosos o realizar reportajes para audiencias extranjeras. La residencia permanente es la única opción segura en la actualidad, dijo él.
“No existe problema siempre y cuando pasen todo el trámite de la residencia, hayan pasado obviamente todo el proceso de certificación y sponsorship través de su profesión o de la misma compañía periodística donde trabaje”, dijo Sarmiento.
Periodistas de otros países, no incluidos en el veto, también están sujetos a la discrecionalidad de los oficiales estadounidenses a la hora de entrar a Estados Unidos.
En mayo, el periodista chileno Nicolás Sepúlveda iba a visitar Estados Unidos para asistir a ceremonia donde recibiría el premio Lasa Media Award, otorgado por la Latin American Studies Association. Sin embargo, días antes de viajar su estatus en el sistema Visa Waiver cambió a “no autorizado” sin ninguna justificación.
Medios que informaron sobre lo sucedido especularon que podía haber influido alguna publicación en redes sociales del periodista chileno sobre la situación en Gaza. Sin embargo, Sepúlveda aseguró haber compartido solo contenido periodístico de agencias de noticias.
“Se que allá ellos hacen harto aspaviento de que son una democracia que funciona bajo los parámetros de una democracia liberal, pero si están restringiendo el ingreso a su país por lo que escriben las personas en sus redes sociales o en otras plataformas, eso es propio de gobiernos autoritarios, no democráticos”, dijo Sepúlveda a LJR.
Muchos periodistas también se han visto afectados por otras políticas de viaje e inmigración declaradas por Trump: se han eliminado programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS, Temporary Protected Status) para nacionales de países como Venezuela; se han frenado programas de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela; y se han cerrado las vías de solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) publicó en abril una guía de consejos para los trabajadores de la prensa que planeen viajar a Estados Unidos.
Según el documento, los periodistas deben anticiparse a posibles restricciones, confiscación y revisión de dispositivos, o interrogatorios cuando viajen a o desde Estados Unidos.
“Si existe la posibilidad de que se vea afectado por un mayor escrutinio en la frontera estadounidense, considere si es imprescindible viajar o si la información puede realizarse a distancia”, dice el CPJ.
Sarmiento dijo que en los últimos años ha tenido un aumento de clientes periodistas latinoamericanos que veían en Estados Unidos una opción para huir de la violencia y de los regímenes autoritarios en la región y, a su vez, poder seguir ejerciendo su profesión. Para él es un tema preocupante considerando que la libertad de expresión es un derecho humano.
“Me preocupa. Los periodistas no saben ahora si poner un punto y coma o poner un punto definitivo cuando están informando porque no saben a quién van a ofender”, dijo Sarmiento. “Antes los medios de comunicación eran los buenos, los objetivos, los responsables. Ahora parece como que todo el mundo se ofende”.
(*)La periodista pidió no usar su nombre real por temor a que pueda afectar su proceso de solicitud de residencia.
