La principal asociación que monitorea las agresiones a periodistas en El Salvador se ha convertido en la última víctima de la controvertida Ley de Agentes Extranjeros del país.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció el 1 de octubre que se exiliará como resultado de la ley que exige a las organizaciones que reciben fondos extranjeros registrarse ante el gobierno e impone fuertes multas a quienes no la cumplan. La APES dijo que moverá su personería jurídica a otro país de la región del que prefieren por ahora omitir su nombre,
“Nos vamos jurídicamente para poder seguir siendo útiles para los colegas que están adentro”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Sergio Arauz, presidente de la APES.
El reciente anuncio llegó después de que la APES informara sobre el cierre de sus operaciones en El Salvador debido a la obligación de inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). La organización informó que durante los últimos 90 días había suspendido, liquidado y cerrado todos los proyectos cuya financiación provenía del exterior.
Se trata de la cuarta ONG en cerrar sus operaciones en el país tras la aprobación de la ley, según informó Associated Press. También se suma a los 43 periodistas que se habían exiliado hasta junio de este año, según un informe reciente de la APES.
En sus más de 80 años de existencia, la APES ha logrado defender el periodismo en un país cada vez “más hostil”, como dijo a LJR Angélica Cárcamo, expresidenta de la APES y actual directora ejecutiva de la Red Centroamericana de Periodistas (RCP). Con su salida, dijo, los periodistas que están en terreno estarán más expuestos y con pocos mecanismos de protección.
“Si bien es cierto que la APES va a tratar de continuar ejerciendo su labor, será un reto porque no es lo mismo trabajar en tu país como organización gremial que salir porque es el mismo Estado que te está persiguiendo”, dijo Cárcamo. “[Será un reto] tratar de mantener los nodos comunicativos con tu gente porque justamente eso es lo que quieren: evitar que la organización siga haciendo su labor para terminar de debilitar lo poco que está quedando del periodismo independiente en El Salvador”.
La Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador fue aprobada por la Asamblea Legislativa del país el 20 de mayo de 2005. Desde que el proyecto de ley fue enviado al legislativo por el presidente Nayib Bukele, la ley prendió alertas de diferentes organizaciones nacionales e internacionales por considerar que estaba encaminada a criminalizar el espacio cívico.
La ley obliga a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que reciban fondos del exterior a inscribirse en el RAEX. Allí deberán informar sobre los proyectos, actividades y objetivos los cuales deberán ser autorizados por el gobierno. También establece un impuesto del 30% sobre todos los recursos recibidos, entre ellos donaciones, pagos u otros conceptos.
Asimismo, los agentes extranjeros registrados tienen prohibido participar en “actividades para fines políticos u otros” con el objetivo de “alterar el orden público” o que “amenacen la estabilidad social y política del país”.
Quienes no se inscriban pueden recibir multas entre US $100.000 y US $250.000, así como la cancelación de su personería jurídica, e incluso pueden enfrentar procesos administrativos o penales.
“Creemos que, si nos sometíamos a las reglas de la Ley de Agentes Extranjeros, nos íbamos a morir o íbamos a vernos en la obligación de callarnos, de taparnos la boca. Y en ese sentido, nuestro trabajo no iba a ser el que se requiere en estos tiempos en defensa de los colegas y del gremio”, dijo Arauz.
Tanto Bukele como la Asamblea han defendido la ley como una que intenta fortalecer la “transparencia”.
Sin embargo, entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, se han pronunciado en contra de la ley.
“No cabe duda de que la Ley de Agentes Extranjeros busca silenciar a quienes denuncian la corrupción, las violaciones de derechos humanos y las negociaciones secretas entre los líderes de las pandillas y el gobierno de Bukele”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, en un comunicado.
La CIDH hizo mención, por ejemplo, a los altos impuestos que pueden “inviabilizar la sostenibilidad financiera” de organizaciones y medios, y la discrecionalidad sobre quiénes serían exentos de estas medidas.
A punto de cumplir 90 años de existencia, la APES está considerada como una de las asociaciones de prensa más antiguas de América Latina. Fundada en 1936 con el propósito de “defender a periodistas y el derecho a la libertad de expresión”, es la primera vez que deberá ejercer sus funciones fuera de El Salvador.
El “cerebro y corazón” de los servicios de la APES, dijo Arauz, es el registro de las agresiones y vulneraciones a la libertad de expresión en el país. Esto se realiza a través de un centro de monitoreo y un teléfono abierto (incluso también llegan a través de redes sociales) donde periodistas reportan las violaciones a sus derechos.
Según estos registros, 2024 se había convertido en el año con mayor número de agresiones (789 en total) desde 2018 cuando se creó el Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas. Sin embargo, las denuncias de 2025, dijo Arauz, han aumentado. Sólo en tres meses, la Clínica de Auxilio Jurídicos de la APES registró casi la misma cantidad de desplazamientos forzados que los que había registrado en toda su existencia.
Arauz dijo que este monitoreo continuará desde el exilio.
La APES tiene también una clínica de auxilios jurídicos que acompañan legalmente los casos “graves”, dijo Arauz. Estos incluyen detenciones arbitrarias, requisas de policías, decomiso de objetos de trabajo, entre otras. El acompañamiento jurídico también podía darse a un medio o periodista que quisiera “blindar” legalmente alguna pieza periodística.
El área de formación “fue la que lastimosamente se suspendió de forma más abrupta”, dijo Arauz, debido a que era la que recibía mayor financiación extranjera. Como parte de la capacitación, APES conectaba a medios de El Salvador con mentores especializados que guiaban piezas complejas. En los últimos dos años se lograron producir al menos 300 piezas periodísticas, dijo Arauz.
La APES también ofrece a sus periodistas asesoría de seguridad digital y de apoyo psicoemocional.
“[El exilio] es una decisión difícil, claramente, pero, ¿de qué sirve existir jurídicamente sin poder ayudar en El Salvador?”, dijo Arauz. “Peleamos por nuestra sobrevivencia no sólo por el derecho de existir. […] Es una opción obligada para mantenernos vivos, para sacar la cabeza y flotar para sobrevivir, es decir, salvarnos para salvar a otra gente”.
Ante este panorama, el llamado de Arauz a la comunidad internacional es a continuar con la cooperación y el financiamiento a organizaciones como la APES y medios que han tenido que irse al exilio.
La APES solamente es la reciente organización en anunciar su exilio. Tras la detención de la defensora y jefa de la unidad anticorrupción y justicia de la organización no gubernamental Cristosal, Ruth Eleonora López, el 18 de mayo, esta organización también se fue al exilio. López continúa detenida, mientras su familia y representantes legales han dicho que no han podido comunicarse con ella. El pasado 22 de septiembre, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de López.
Al menos otros tres activistas fueron detenidos en mayo, y para ese mes las cifras de exilio de periodistas ya llegaba a 40. Esto hace parte de la llamada “escalada de mayo”, expresión utilizada para describir la persecución por parte del gobierno a personas y organizaciones, principalmente defensores de derechos humanos y periodistas.
Recientemente el medio FocosTV anunció el cambio de operaciones a Costa Rica, tal como lo había hecho años atrás el medio de investigación, El Faro.
“El exilio forzado de cualquier asociación de periodistas en cualquier país del mundo debería generar alerta en la comunidad internacional, incluyendo gobiernos democráticos, porque justamente su salida pone de manifiesto la falta de institucionalidad democrática que existe en este momento en El Salvador”, dijo Cárcamo. “Estamos frente a un gobierno que entró por la vía democrática pero que está transitando de forma muy acelerada a la consolidación de una dictadura”.
