El proyecto de ley 84/99, que tramita el congreso brasileño con carácter de urgencia, limitará significativamente la libertad de los usuarios de internet, además de amenazar su privacidad, advirtió el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor.
Bajo la autoría del diputado Eduardo Azeredo, la iniciativa incluye penas para los delitos cometidos por internet, pero según el instituto, el documento termina criminalizando las acciones cotidianas de los consumidores, como el intercambio de archivos, la transferencia de música desde un CD a un computador u otros dispositivos electrónicos y el desbloqueo de aparatos celulares, explicó el sitio Convergência Digital.
Usuarios y activistas contrarios al proyecto lo bautizaron como “AI-5 digital", en referencia a la medida que limitó los derechos civiles durante la dictadura militar en Brasil. En una audiencia pública realizada el 13 de julio, gran parte de los especialistas presentes criticaron la propuesta, informó el diario Folha de S.Paulo.
Entre los puntos criticados están el período en que los proveedores de internet deberán guardar registro sobre los usuarios —tres años—, la previsión de penas muy duras para delitos simples y la creación de tipos penales considerados muy amplios. La falta de una ley civil sobre internet que establezca los derechos y los deberes de los usuariosy los proveedores de internet también es motivo de descontento entre los críticos.
"Necesitamos una regulación civil para que los valores, principios y derechos [del uso de internet] queden bien establecidos antes de crear una legislación penal", aseguró Guilherme Varella, abogado del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, citado por Folha de S. Paulo.
Para mostrar su rechazo al proyecto de ley, el organismo también lanzó una campaña contra la propuesta, que se suma a otra iniciativa similar, la campaña “Mega No”. Asimismo, el 28 de julio el diputado Emiliano José entregó al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la cámara baja una petición en contra del proyecto con 163 mil firmas, reportó el Observatório do Direito à Comunicação.
