A siete meses de las elecciones que decidirán quién será el presidente del país por los próximos seis años, los ataques a la prensa se han intensificado en Venezuela, denunció la organización Reporteros Sin Fronteras.
El pasado martes 20 de marzo, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, catalogó como "terrorismo mediático" las denuncias de los opositores sobre la contaminación del agua potable en una región del centro del país y atribuyó el supuesto hecho a una campaña para perjudicar su imagen en un año electoral, según informaciones del portal Terra y del sitio web Notícias24.
"No podemos quedarnos de brazos cruzados ante tales campañas. Eso es terrorismo y no se puede permitir así como así", aseguró Chávez, durante un Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores. De igual manera solicitó a las autoridades que investiguen a los responsables de las acusaciones de contaminación, de acuerdo con Agencia Ansa.
Después de dialogar con el presidente Chávez, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, anunció el miércoles 21 de marzo, que le solicitó a un juzgado una medida cautelar para obligar a los medios de comunicación que publiquen un informe técnico que avale la información divulgada sobre la contaminación, informó en su sitio web el periódico El Espectador. La Fiscalía también abrió investigación penal en contra de los medios que informaron sobre la contaminación.
En plenos preparativos para el inicio de las campañas presidenciales, los casos de censura, violencia y amenazas, promovidos tanto por simpatizantes del gobierno como por opositores, se multiplican.
El día 4 de marzo, funcionarios de Globovisión fueron amenazados de muerte por partidarios del presidente Chávez durante la cobertura de una caminata del candidato a la presidencia, Henrique Caprilles. Un semana después, el mismo canal de televisión, crítico de la actual administración, fue objeto de una manifestación organizada por un colectivo armado pro-Chávez y acusado de financiar “grupos paramilitares" para crear una “campaña de miedo y desestabilización”. Recientemente, el 15 de marzo, cuando transmitía en vivo el caso de la contaminación del agua, un reportero del canal fue interrumpido de forma violenta por miembros de un consejo comunal.
Los periodista también se han visto directamente afectados por la acalorada contienda electoral. El 8 de marzo, la periodista Laure Nicotra denunció la cancelación intempestiva del programa de noticias que dirigía desde hacía cinco años, por el Canal 7-Telellano, después de que la cadena fuese vendida a empresarios chavista. El locutor del programa radial "Punto y coma", Adolfo Superlano, solicitó la protección a Fiscalía porque se siente amenazado y teme ser objeto de agresiones físicas por parte de funcionarios públicos, después de denunciar casos de corrupción. La presentadora del canal Órbita TV, Sara Vargas García, también fue victima de amenazas, durante la transmisión en vivo de su programa.
Según Reporteros Sin Fronteras, militantes de la oposición también contribuyen a crear un ambiente de hostilidad atacando a periodistas y afectando el trabajo informativo de los medios oficiales.
