El gobierno federal de México realizará una auditoría de todos los contratos firmados para brindar equipos de seguridad a periodistas y defensores de derechos humanos que supuestamente proporcionó una empresa privada durante la administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), según informó la Campaña para la Libertad de Expresión.
Una investigación del diario El Universal reveló a finales de enero, las irregularidades en un contrato por 14 millones de pesos (1.09 millones de dólares) para brindar equipos de seguridad a periodistas y defensores de derechos humanos y que celebró la Secretaría de Gobernación con la empresa Grupo LOB-RI S.A. de C.V. Según este periódico, el contrato fue cancelado un año después por “falta de calidad de los equipos” pero las autoridades no documentaron las irregularidades ni pusieron a la empresa en la lista negra de proveedores como lo estipula la ley.
En 2011, la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, solicitó 23 equipos de circuito cerrado de televisión, alarmas y tres sistemas de geolocalización GPS, que debían instalarse en varios albergues para inmigrantes, en casas de periodistas y también en las oficinas de la organización Artículo 19, la cual aboga por la libertad de expresión en México.
Pero las organizaciones civiles y los periodistas denunciaron que nunca recibieron los equipos de seguridad, de acuerdo con El Universal.
Dichos contratos fueron firmados antes de que entrara en funciones el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en noviembre de 2012. Desde entonces a la fecha, 11 periodistas han recibido medidas de protección a través de este mecanismo, según reportó la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación al diario Milenio.
Recientemente, el Senado de México también creó una comisión para esclarecer los homicidos de periodistas así como revisar los casos de periodistas presos por supuestos vínculos con el crimen organizado, según informó el diario El Universal. Además, el Senado gestionará apoyos de ley y voluntarios para los familiares de periodistas asesinados, desaparecidos o lesionados como resultado de los ataques contra la libertad de expresión.
Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que existe impunidad en 81 por ciento de los delitos cometidos contra los periodistas en México desde el año 1999 a la fecha, según publicó el diario La Jornada.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
