Por Samantha Badgen
El sábado 26 de abril, unas 7,000 personas formaron una cadena humana frente al Senado de México en protesta de la nueva propuesta de ley de comunicaciones que el presidente Enrique Peña Nieto presentó el lunes pasado.
La nueva propuesta, que debe complementar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en vigor desde 1995, tiene el objetivo oficial de reequilibrar la relación de fuerza entre los gigantes del mercado y las pequeñas empresas, pero el texto ha despertado fuertes críticas por ciertos artículos que le otorgarían al poder ejecutivo el derecho de controlar el contenido mediático.
Peña Nieto afirma querer ampliar el pluralismo y luchar contra el monopolio mediático que representan América Móvil y Televisa, pero dentro de la ley se vería amenazada la independencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hasta ahora autónomo, y le otorgaría al poder ejecutivo el derecho de bloquear temporalmente las señales de telecomunicaciones.
Según el proyecto de ley, estos poderes serían otorgados solo “de manera excepcional y solo cuando exista urgencia, atendiendo al interés social y al orden público” y en “eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional”. Sin embargo, estos poderes no tienen precedentes y preocupan a grupos y ciudadanos que lo ven como una posible amenaza a la libertad de prensa.
“El artículo 7 de la Constitución Mexicana prohíbe la censura. Reporteros sin Fronteras expresa su preocupación porque esta prohibición estaría en riesgo. En esta nueva legislación no debe olvidarse tampoco el principio de neutralidad editorial garantizado por la Constitución. En particular, nuestra organización se inquieta por el derecho que adquiría el poder Ejecutivo de bloquear el acceso a ciertos contenidos, aplicaciones o servicios que se considere atenten contra la seguridad nacional (art. 197). Las imprecisiones de este artículo abrirían la puerta a la censura a priori. ¿Cuál es el límite entre un ataque a la seguridad nacional y una información de interés general?”, dijo Lucie Morillon, directora de Investigación de Reporteros sin Fronteras en un comunicado de la organización.
Activistas a favor de la libertad de información se manifestaron en la calle para protestar la propuesta que, ellos consideran, atenta contra los derechos básicos de los usuarios, censura contenidos en internet y favorece el dominio de las compañías grandes que dominan el mercado. La protesta ocurrió unos días después de que Peña Nieto defendiera la iniciativa, diciendo que se trata de un proyecto “clave” para ofrecer tecnologías a las empresas en desarrollo, y busca impulsar la “competencia, inversión e innovación” en el sector mediático.
Ante la fuerte polémica y protestas, en la que varios ciudadanos denunciaron haber sido reprimidos por las fuerzas de seguridad, el gobierno prometió modificar los puntos más controversiales del documento, como los relacionados con la censura o el bloqueo de internet, y funcionarios insistieron que la ley fue propuesta sin ninguna intención de infringir en los derechos de los ciudadanos.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
