Los seis periodistas ecuatorianos que participaron en la investigación global conocida como Panama Papers han sido objeto de una “campaña de verdadero acoso”, según denunció la ONG Fundamedios.
Hasta antes del terremoto en Ecuador el pasado sábado 16 de abril – que hasta ahora registra más de 500 muertos y miles de heridos – el presidente del país, Rafael Correa, se encontraba liderando esta campaña a través de la cual le pedía a los ciudadanos exigir a los reporteros revelar todos los documentos filtrados.
El mandatario había publicado diferentes tuits en los que no solo incitaba a sus seguidores a presionar a los periodistas para que publiquen “toda la verdad”, sino que había promovido etiquetas como #DifundanTodo o había compartido notas como la escrita por el diario oficialista El Telégrafo con el anuncio “lo que no encontrarás en la prensa mercantilista”.
“Una cosa que hay que resaltar es que el Gobierno ha tomado la publicación de estos Papeles de Panamá como si fuera un ataque contra su gobierno”, explicó Mónica Almeida, del diario El Universo de Ecuador, en conversación la semana pasada con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. “Bajo ese paraguas, bajo esa perspectiva es que se ha armado toda una estrategia en la que los únicos que vamos a comparecer somo los periodistas [que participaron en la investigación]”.
La comparecencia a la que hizo referencia Almeida estaba programada para el 19 de abril ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Además de Almeida estaban citados los periodistas Xavier Reyes y Paúl Mena, de El Universo; Arturo Torres, Andrés Jaramilllo y Alberto Araujo del diario El Comercio, reporteros que hicieron parte de esta investigación.
Sin embargo, debido al terremoto, los periodistas informaron al Consejo que no asistirían, aseguró Almeida al Centro Knight. Por su parte, el CPCCS el día de la citación retuiteó un comunicado en el que daba a conocer que ésta había sido postergada para la próxima semana a la misma hora.
En la primera citación, dada a conocer el 13 de abril, el Consejo les pedía entregarle “toda la información a la que ustedes tengan acceso en esta investigación que atañe a los ecuatorianos más allá de su identidad política o ideológica”.
El CPCCS es una entidad creada por la nueva constitución y que tiene por objetivo “promover el ejercicio de los derechos de participación y control social de lo público, la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, y designar u organizar procesos de designación de las autoridades que le corresponda”, según su página web.
Para Almeida no es claro el alcance de la citación, entre otras razones, por la falta de antecedentes de este tipo. Sin embargo, le preocupa que este Consejo tenga a su cargo la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) – entidad encargada de vigilar a los medios del país y que en los primeros dos años de vida impuso multas a diferentes medios por casi US 274.000 dólares.
En su citación, el CPCCS señaló que los periodistas deben entregar los documentos que sustentan las historias que han ido publicando sobre el caso Panama Papers y que en Ecuador ha mencionado a tres personas vinculadas a la administración del presidente Correa, según explicó Almeida. Panama Papers expuso a políticos, empresario y figuras públicas quienes habían creado empresas en paraísos fiscales a través de la compañía panameña Mossak Fonseca.
Almeida señaló que las historias en su país han vinculado al fiscal General de la República, Galo Chiriboga; al expresidente del Banco Central y primo del presidente Correa, Pedro Delgado; y al exasesor de la Secretaría de Inteligencia y uno de los fundadores de Mossak Fonseca en Quito, Javier Molina.
Sin embargo, estas personas no han tenido ninguna consecuencia, por lo menos, jurídica, dijo la periodista.
“Nos parece lamentable que se ataque el trabajo profesional y riguroso de nuestros colegas en Ecuador y Venezuela. Esos gobiernos deberían invertir esa misma energía y recursos en investigar a los funcionarios y otras personalidades públicas, incluidos empresarios, que han utilizado los mecanismos poco transparentes de los paraísos fiscales”, dijo Marina Walker Guevara, directora adjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), al Centro Knight. “La red del ICIJ respalda a sus colegas ecuatorianos y venezolanos que han trabajado con determinación e independencia en todo momento y los alienta a seguir publicando las historias que sean de interés público”.
El ICIJ es la entidad que tiene los documentos filtrados luego de que el diario alemán (a donde llegaron originalmente) los compartiera con la organización para que ésta trabajara en los documentos. Recientemente ICIJ publicó una nota en la que hizo referencia a la situación de los periodistas ecuatorianos y aseguró que, tal como lo dijo desde que la investigación se hizo pública, no ofrecerá acceso a la totalidad de los documentos debido a que estos “contienen información sobre individuos privados sobre quienes no existe un argumento de interés público para su exposición”.
En esta misma línea se pronunció Almeida respecto a las acusaciones en contra de los periodistas por publicar información con base en intereses propios. La periodista aseguró que hay cierta información que no ha sido publicada porque siguen en el proceso de verificación de datos. Además, según dijo, como en Ecuador no es ilegal tener empresas fuera del país, la información se publica solo cuando se comprueba es de interés público.
El ICIJ también dijo que aunque no van a compartir información con los gobiernos, seguirá en el proceso de analizar datos.
Además del CPCCS, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional anunció que iniciará una investigación relacionada con el caso, reportó El Universo. Y aunque esta entidad sí planteó llamar a los involucrados, también señaló la intención de citar a los periodistas.
“La campaña para que difundamos todo lo que sabemos y todo lo que tengamos empezó desde la semana pasada”, dijo Almeida. “Ha comenzado primero diciendo deben difundir todo, digan la verdad, etc., y ha ido como in crescendo hasta que esta semana ya se ve una cosa coordinada entre unos activistas de un grupo de juventudes, entre el mismo presidente, otro sitio web que se llama Somos Más – afín al Gobierno – donde ha puesto nuestras fotos y el logo que tienen es el mismo que utilizó el Consorcio y encima un hashtag que dice ‘difundan todo’”.
En su denuncia, Fundamedios aseguró que tras el inicio de esta campaña “las agresiones y ataques en redes sociales no se hicieron esperar”, y dio como ejemplo algunos tuits en los que sus usuarios además de ofensas contra los periodistas, publicaron fotos de los reporteros en algunas ocasiones con familiares. También dijo que “rechaza y repudia estas acciones que evidencian el hostigamiento y la estigmatización desde el poder”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también se pronunció sobre la situación de los periodistas ecuatorianos y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, Claudio Paolillo, aseguró que “responsabilizamos al presidente Correa por la integridad física de los periodistas y por su continua política de intimidación”.
Los periodistas de Ecuador sin embargo no son los únicos en haber tenido consecuencias por sus investigaciones. Recientemente se conoció el despido de la periodista Ahiana Figueroa, del grupo venezolano Últimas Noticias, quien aseguró se había producido por haber participado en Panama Papers.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
