El periodista y activista político Fernando Villavicencio y el exasambleísta Cléver Jiménez, enjuiciados penalmente a principios de 2014 por el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa a causa de una investigación periodística, fueron declarados inocentes el 22 de febrero por un Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia.
En esta pequeña libertad cada ecuatoriano tiene un poquito. Seremos plenamente libres cuando se haga justicia con todas las víctimas del correísmo. pic.twitter.com/2ldspWWjxE
— Fernando (@fevillavi_) February 24, 2018
Durante el juicio final, la Fiscal Thania Moreno se abstuvo de acusarlos por falta de pruebas y la presidenta de ese Tribunal Penal, la jueza Sylvia Sánchez, falló a favor de los procesados, publicó El Comercio.
Todo empezó hace cinco años con la publicación del reportaje “El expediente Chevron”, el 3 de octubre de 2013. En esta investigación, Villavicencio cita las denuncias de Jiménez sobre la supuesta injerencia del gobierno ecuatoriano en la función judicial durante el litigio entre ese país andino y la petrolera transnacional Chevron, publicó Fundamedios.
En el reportaje, el periodista cita como fuentes de sus acusaciones algunos mensajes de correo electrónico intercambiados entre el entonces procurador general del Estado, Diego García, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y Correa.
Por ello fueron denunciados penalmente por el delito de divulgación de información reservada de la Presidencia, por poner “en peligro la seguridad del Estado”, declaró Correa, según informaciones de El Telégrafo en 2014. En ese entonces, Correa también los acusó de interceptación ilegal de documentos de la Presidencia, de “hackear durante meses” las cuentas de correo del Ejecutivo.
Tras el juicio que les devolvió la completa libertad, Villavicencio y Jiménez declararon ante varios medios que iniciarán acciones judiciales contra Correa.
“El objetivo de Rafael Correa era tomar la información que teníamos Cléver y yo, y ahora vamos a pedir que se libere esa información”, dijo Villavicencio, y se refirió específicamente a la información de ocho mil archivos pdf contenidos en la computadora que se llevaron de su vivienda durante el allanamiento, publicó El Comercio. “Yo voy a iniciar acciones contra todos los que ordenaron el allanamiento, me refiero a Rafael Correa, Alexis Mera, exjuez Jorge Blum que autorizó el allanamiento, (…) y también contra los jueces que nos aplicaron grilletes y medidas cautelares, como se ha probado, de forma ilegal”, señaló.
Por su parte, Jiménez declaró a los medios que no se ha podido “probar cuál es el documento reservado que hemos hecho público, nos estaban acusando simplemente porque habíamos combatido durante diez años una impresionante corrupción del exgobierno de Rafael Correa Delgado”, publicó El Comercio.
Antes de que ambos fueran enjuiciados formalmente, el juez Jorge Blum ordenó el 27 de diciembre de 2013 en Quito el allanamiento de los domicilios de Villavicencio y de las oficinas de Jiménez, en el cual se llevaron computadoras y discos duros del periodista y del exasambleísta.
Por este juicio, se ordenó prisión efectiva contra Villavicencio y Jiménez en octubre de 2016, la cual ninguno de los dos cumplió por encontrarse fuera del país debido a la persecución política que ambos dijeron sufrir por parte del gobierno de Correa, de acuerdo con Fundamedios.
Un recurso de Hábeas Corpus interpuesto por los abogados de Villavicencio y Jiménez hizo que el 21 de noviembre de 2016 se revocara la prisión efectiva que pesaba sobre ellos. A cambio, a ambos se les prohibió la salida del país, teniendo que presentarse semanalmente ante un juez, según El Universo.
A las pocas semanas, el 19 de diciembre de 2016, el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera apeló el Hábeas Corpus presentado por los procesados e hizo que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia vuelva a ordenar prisión preventiva, según publicó El Universo.
Meses después, el 12 de julio de 2017, la Corte Nacional de Justicia cambió la orden de prisión preventiva por la de vigilancia electrónica. Con esa medida, el periodista y el exasambleísta fueron obligados a portar grilletes electrónicos y a comparecer semanalmente ante la Justicia, publicó El Comercio.
Sin embargo, el 7 de agosto de 2017, la jueza conjunta Magally Soledispa ratificó la orden de prisión preventiva contra Villavicencio por no asistir a la colocación del grillete electrónico por estar fuera del país, exiliado en Perú, informó IFEX.
El 18 de octubre de 2017, Villavicencio acudió a la Fiscalía de Flagrancia y aceptó portar, aunque “bajo protesta”, el grillete electrónico. De esta manera la medida de prisión preventiva quedó sin efecto, informó el sitio La República.
Por el proceso de divulgación de información reservada de la Presidencia y por uno anterior que también involucra al expresidente Correa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió en 2014 medidas cautelares a favor de Villavicencio y Jiménez, las cuales ratificó en 2016 y 2017.
Estas medidas cautelares solicitadas por la CIDH al gobierno de Ecuador nunca fueron reconocidas por el gobierno de Correa. Al respecto, el entonces presidente dijo que dicho organismo no tenía las competencias para dictaminarlas.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
