La sentencia llegó casi que sin sorpresa. Durante casi un año de proceso judicial en contra del periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, el caso recibió múltiples señalamientos de irregularidades y violaciones, entre otras, al debido proceso impidiendo un “juicio imparcial” como lo denunció el propio periodista.
En efecto, el pasado 14 de junio el Tribunal Octavo de Sentencia del Organismo Judicial, presidido por la jueza Oly González, condenó a seis años de prisión por el delito de supuesto lavado de dinero a Zamora. El mismo tribunal lo absolvió de los delitos de chantaje y tráfico de influencias que estaban incluidos en el mismo juicio.
El periodista, a quien se le negó leer su discurso de defensa final durante la audiencia, anunció que apelará la decisión y que llevaría el caso ante el sistema interamericano de derechos humanos, si es necesario.
“Han vulnerado todos mis derechos, pero espero recuperar mi libertad porque la Fiscalía no pudo comprobar nada”, le había dicho Zamora a la agencia EFE antes de iniciar la audiencia del 14 de junio.
Aunque en un primer momento al periodista se le había impuesto pagar una multa de 300.000 quetzales (cerca de US $38.000) por “reparación digna al Estado de Guatemala”, el lunes 19 de junio la misma jueza resolvió que “no es legítimo” el cobro de esta multa.
Si bien la jueza no concedió los 40 años de prisión que pedía la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la sentencia generó un rechazo generalizado por parte de diferentes organizaciones, las cuales manifestaron su preocupación por la situación general de periodistas en el país, el debilitamiento de la democracia de Guatemala, y por el propio Zamora quien tiene abiertos al menos otros dos casos en su contra.
Una de las primeras personas en pronunciarse fue el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, quien en su cuenta de Twitter manifestó su “preocupación” por la condena.
“El medio que lideraba, cerró. Varios periodistas que han hecho cobertura de su caso, son investigados. Los reportes de miedo y autocensura de la prensa en Guatemala, son diarios”, escribió Vaca.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) también se pronunció a través de un comunicado en el que señaló el proceso penal como una “farsa absurda”.
“La condena y el encarcelamiento vergonzosos del periodista guatemalteco José Rubén Zamora son un crudo testimonio de la erosión de la libertad de expresión en el país y de los esfuerzos desesperados del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei por criminalizar el periodismo”, dijo Carlos Martínez de la Serna, director de Programa del CPJ, según el comunicado. “Las autoridades guatemaltecas deben acabar con esta farsa absurda de procesos penales contra él. Es hora de liberar a José Rubén Zamora, cuyo único ‘crimen’ ha sido su ejercicio audaz de su profesión”.
Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la sentencia demuestra la “fragilidad institucional del país”.
“Se trata de un golpe bajo para la libertad de prensa en Guatemala”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, según un comunicado. Para Jornet es “contradictorio o, al menos sospechoso, que un periodista, cuyas denuncias sobre corrupción pública llevaron a presidentes y a altos funcionarios a la cárcel, termine en la cárcel”.
El colectivo de periodistas de Guatemala #NoNosCallarán rechazaron la condena “fundamentada en pruebas ilegales”. “Rechazamos la condena contra Zamora Marroquín no solamente porque para condenarlo se dio valor a pruebas obtenidas ilegalmente, sino porque se violó flagrantemente el debido proceso y su legítimo derecho de defensa”, señaló el colectivo en un comunicado.
No nos callarán también mencionó la investigación abierta en contra de ocho columnistas y periodistas de elPeriódico, medio fundado por Zamora y que se vio obligado a cerrar el pasado 15 de mayo debido al proceso judicial, originada por el cubrimiento hecho al caso.
“[La condena y la investigación] evidencian, una vez más, la estrategia de persecución y criminalización en contra de medios y periodistas independientes y el uso malicioso del Derechos Penal para imponer censura, silencio e impunidad”, señala el colectivo. “Reiteramos nuestro profundo rechazo a la instrumentalización de la justicia para acallar las voces críticas, ahogar a los medios de comunicación independientes y, con ello, violentar el derecho de la población a estar informada”.
Zamora y su equipo de defensa denunciaron lo que ellos consideraron una serie de irregularidades desde el inicio de su caso. Todas estas estaban registradas en el discurso de defensa final que se le impidió leer a Zamora, pero que el diario El País publicó en su totalidad.
“Estuve leyendo la declaración universal de los derechos humanos y la convención americana sobre derechos humanos y pude darme cuenta de que todos mis derechos fueron vulnerados”, señaló Zamora en su discurso.
Entre los derechos mencionados, Zamora habló del derecho a un tribunal imparcial, así como las garantías necesarias para su defensa. Mencionó por ejemplo cómo durante todo este tiempo del proceso penal tuvo que ser atendido por nueve abogados defensores, tanto públicos como privados, la mayoría “perseguidos por el Estado de Guatemala”. Según dijo, cuatro fueron encarcelados y dos salieron del país, “todo para evitar una defensa técnica eficaz”.
En su declaración, Zamora hizo una detallada explicación además de las irregularidades en los tres cargos en su contra y porqué consideraba que el tribunal debía absolverlo o anular el juicio.
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Zamora tiene abiertos dos casos más: el 28 de febrero la Fiscalía agregó a este primer delito que fue juzgado, el cargo por “conspiración para la obstrucción a la justicia”. Según la Fiscalía, Zamora habría montado una campaña de desprestigio en contra de operadores de justicia a través de publicaciones de elPeriódico, con la ayuda de otras personas. Con base en esto, solicitó abrir investigación a siete periodistas y dos columnistas de elPeriódico por el mismo delito. La Fiscalía también solicitó al juez investigar las fuentes de financiación del medio y periodistas, algo que fue aceptado por el juez.
El tercer caso tiene que ver con el uso de documentos falsos. Según la Fiscalía, el periodista habría usado documentos falsos para entrar y salir del país entre 2015 y 2017. Agregó que en las boletas aduaneras habría firmas que no correspondían a la de Zamora.
Para su hijo José Carlos Zamora el hecho de que el Estado “gaste recursos” en buscar boletas aduaneras de 2015 en busca de otro cargo en contra de su padre hace parte de una estrategia para tener encerradas a las voces críticas, en vista de que no han comprobado los delitos de los que lo acusan.
“Utilizan un proceso tras otro para asegurarse de que las personas que les son molestas se mantengan en prisión”,dijo Zamora hijo en una entrevista con Carmen Aristegui. Para él, otro ejemplo de esto es el de la exfiscal Virginia Laparra, quien se encuentra en prisión cada vez con más casos en su contra.
“Demuestran que están desesperados por encontrar algo que les permita tener a mi padre en prisión”, agregó. “Todo se les ha ido desmoronando”.
