La agudización del hostigamiento contra periodistas, posibles reformas legales para criminalizar la labor informativa y el aumento de autocensura son algunos factores que algunos periodistas de El Salvador y organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa ven como posibilidades para los periodistas tras el triunfo de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales del 4 de febrero.
De acuerdo con datos preliminares, Bukele fue elegido con amplia ventaja para un segundo término consecutivo en la presidencia, pese a que diversas voces apuntan a que se trata de una reelección inconstitucional.
“Nosotros como sector de periodistas no descartamos que eso sea el inicio de la dictadura, el cierre de una débil democracia, de un gobernante que fue electo en 2019 bajo la vía democrática, pero que instaló un proceso autocrático”, dijo Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) a LatAm Journalism Review (LJR).
Bukele aprovechó su discurso de triunfo para arremeter contra la prensa y los enviados especiales de medios extranjeros. (Foto: Captura de pantalla de elfaro.net)
El proceso electoral evidenció el deterioro de las condiciones para el ejercicio periodístico y las garantías para la libertad de expresión, de acuerdo con las organizaciones Artículo 19 México y Centroamérica, Protection International Mesoamérica, Reporteros Sin Fronteras (RSF), Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP), Free Press Unlimited, Fundamedios, Voces del Sur y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), las cuales publicaron un comunicado conjunto tras darse a conocer los resultados preliminares de las elecciones.
“Ante el nuevo periodo de gobierno que comienza en El Salvador, las organizaciones y redes firmantes de este comunicado hacemos un llamado para que se establezcan las condiciones y garantías necesarias para que las y los periodistas puedan ejercer su labor, la ciudadanía esté informada, y se reconozca el papel de los medios en el fortalecimiento de la democracia”, se lee en el documento del 6 de febrero.
Sin embargo, algunos periodistas salvadoreños temen que lo más probable es que el segundo término de Bukele traiga justo lo opuesto.
“Es muy probable que Bukele arremeta, dependiendo de qué tanto sienta que pierde la popularidad, en atacar a los medios independientes que sigan resistiendo, que haya medidas o reformas legales que puedan criminalizar la labor periodística con mayor peso”, dijo Cárcamo.
Durante la jornada electoral, la APES registró al menos 173 agresiones contra miembros de la prensa, incluyendo restricción al acceso de periodistas a los centros de votación, intimidación, acoso y declaraciones estigmatizantes por parte de funcionarios públicos. De acuerdo con un reporte de la asociación, los principales responsables de las agresiones fueron personal de seguridad, miembros de juntas electorales, seguidores de partidos políticos, entre otros funcionarios.
De las 173 agresiones, 65 fueron contra periodistas del sexo masculino, 39 contra periodistas mujeres, 36 contra medios de comunicación, 6 contra integrantes de la APES y 27 contra otros miembros y colectivos de prensa no identificados. Los departamentos con más incidentes fueron San Salvador, Usulután, Morazán y San Miguel.
Además, el escritor Carlos Bucio Borja fue detenido tras leer en voz alta en un centro de votación los artículos de la Constitución de El Salvador que prohíben la reelección de los presidentes. Varias organizaciones consideraron la detención como una violación a su libertad de expresión. Borja, acusado de desorden público, fue liberado el 7 de febrero tras 72 horas en el centro de detención de San Salvador conocido como “El Penalito”.
“El escritor Carlos Bucio fue detenido en un centro de votación por leer la constitución que Bukele ha violentado al reelegirse como presidente. Las autoridades no han proporcionado información sobre su captura. Exigimos su pronta liberación”, escribió en la red social X Juanita Goebertus, directora de la División Américas de Human Rights Watch.
La noche del día de la elección, Bukele aprovechó su discurso ante miles de simpatizantes reunidos frente al Palacio Nacional para arremeter contra la prensa y las voces críticas. También criticó a enviados especiales de medios extranjeros y a organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas.
“A mí me queda claro tras su discurso: el próximo enemigo prioritario a destruir por Bukele será la prensa independiente”, escribió en X el periodista Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, medio digital independiente de investigación periodística que en 2023 se vio forzado a mudar su sede a Costa Rica tras un continuo acoso y varios casos reportados de espionaje en su contra.
El régimen de excepción declarado por Bukele el 27 de marzo de 2022 como parte de una serie de medidas para combatir a las pandillas, y el cual se ha venido prorrogando hasta la fecha, ha dado lugar a violaciones a derechos humanos de forma sistemática, según han acusado organizaciones como Amnistía Internacional.
Según Cárcamo, para la APES, el régimen de excepción ha representado abusos de poder y mayores restricciones al ejercicio periodístico, sobre todo por parte de militares y agentes de la Policía Nacional Civil, cuya presencia en las calles se ha incrementado a raíz de la disposición legal.
“Estos militares cada vez tienen más poder y autoridad para tomar decisiones que no les competen. La Asociación ha estado reportando casos de restricciones al ejercicio periodístico por parte de estas personas que amenazan [a periodistas] si realizan coberturas afuera de los centros penales o incluso por cosas tan risibles como tomar fotografías a la construcción de un hospital”, dijo Cárcamo. “Los amenazan con que borren las imágenes, los videos, les revisan los teléfonos personales. El abuso de poder es algo que estas fuerzas están haciendo más constante y más naturalizado, y nadie, al menos en el Estado, está tratando de evitar eso”.
El periodista comunitario Víctor Barahona fue detenido durante el régimen de excepción de El Salvador, acusado de “colaborar con pandillas”. Permaneció por más de 11 meses en una prisión. (Foto: Captura de pantalla de YouTube)
En 2022, el periodista de una radio comunitaria digital Víctor Barahona fue detenido acusado de “colaborar con pandillas” y permaneció por más de 11 meses en una prisión, donde supuestamente sufrió torturas. La APES denunció entonces que el encarcelamiento de Barahona se había dado en condiciones irregulares y había sido excarcelado sin ningún documento de liberación.
Un mes después de decretarse el régimen de excepción, en abril de 2022, la Asamblea salvadoreña aprobó reformas a la Ley de Proscripción de Pandillas, que castigaban con penas de entre 10 y 15 años de cárcel a quienes difundieran mensajes relacionados con las pandillas. Dichas enmiendas, que fueron parcialmente derogadas en noviembre de 2023, fueron calificadas por la APES como “reformas mordaza”.
“Todo el tiempo que [esa reforma] estuvo vigente tuvo un efecto de miedo en contra de la prensa. Por eso es que para muchos, la opción es ‘mejor me censuro para no tener problemas’, y obviamente lo que está predominando es la narrativa única de la versión oficialista”, dijo Cárcamo.
También como consecuencia de ese efecto de miedo, la APES tuvo que sacar del país entre 2022 y 2023 a 17 periodistas que estaban publicando artículos relacionados con pandillas. Tres de esos 17, dijo Cárcamo, permanecen fuera de El Salvador porque no ven viable poder seguir ejerciendo la profesión en su país, entre ellos dos mujeres periodistas.
Desde que entró en vigor el régimen de excepción, el acceso a la información pública es otro derecho que está suspendido de facto, pues oficialmente la Ley de Acceso a la Información Pública, decretada en 2011, sigue en vigor, según criticó el periodista Ricardo Avelar en una columna para El Diario de Hoy.
Esto ha bloqueado casi por completo el acceso de periodistas a datos públicos, a espacios de gobierno y a funcionarios, de acuerdo con el comunicado conjunto que organizaciones de libertad de prensa publicaron tras las elecciones.
El 8 de mayo de 2011, durante el gobierno de Mauricio Funes –el primero de izquierda en el país centroamericano– , entró en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador, que incluyó la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública.
El régimen de excepción ha debilitado la democracia al clasificar información pública como “confidencial” o “reservada” en aras de la seguridad nacional, de acuerdo con un pronunciamiento de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
“Cuando este presidente [Bukele] llega al gobierno, se da cuenta que hay que destruir esa ley. Entonces comienza, de una manera sutil, a bloquear el acceso a información”, dijo a LJR Luis Canizalez, periodista y editor de la revista especializada en periodismo de profundidad Elementos. “Desde que él llegó al gobierno, nosotros los medios, los periodistas, hemos hecho centenares de solicitudes de información. La respuesta en un principio era que era información reservada. Ya en los últimos dos años, ni siquiera te responden. La ley no ha sido derogada, pero en la práctica no funciona”.
La APES también teme la posibilidad de que se creen nuevas leyes o se reformen las ya existentes para vigilar o obstaculizar el trabajo de medios de comunicación u organizaciones de la sociedad civil. Tal es el caso de la ley de agentes extranjeros que propuso Bukele en 2021.
El proyecto de ley buscaba que las organizaciones que reciben fondos del extranjero pagaran un impuesto de 40 por ciento por cada transacción, incluidos los medios de comunicación independientes que se financian con fondos de organizaciones extranjeras.
Al presentar el proyecto de ley, el Ministro de Gobernación Juan Carlos Bidegain dijo que “nos permitirá garantizar la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política del país”.
La discusión de la ley de agentes extranjeros fue suspendida en 2022 tras presión internacional.
Ante la esperada continuación del ambiente hostil para ejercer el periodismo que representa la reelección de Bukele, Cárcamo dijo que existen medidas que los miembros de la prensa podrían tomar para protegerse y hacer frente a los ataques. Algunas de esas medidas son reorganizarse, trabajar de manera colaborativa y agruparse a nivel gremial.
El régimen de excepción decretado por Bukele ha representado abusos de poder y mayores restricciones al ejercicio periodístico, sobre todo por parte de militares y agentes de la Policía Nacional Civil. (Foto: La Prensa Gráfica Noticias de El Salvador, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)
“La experiencia nos ha dicho en los últimos meses que los ejercicios de periodismo colaborativo tienen un impacto mucho mayor, y eso es algo que no le gusta al poder por la cantidad de gente a la que se llega”, dijo.
Canizalez coincidió en que afiliarse a gremios de periodistas es una buena medida de protección para medios independientes pequeños. Además añadió que llevar registro de todo caso de ataque, amenaza y hostigamiento es también una buena práctica de protección.
“Tiene que haber una serie de documentación de hechos concretos que evidencien lo que en verdad está sucediendo”, dijo. “Eso lo hemos venido haciendo [en Revista Elementos]”.
Seguir apoyándose en organizaciones internacionales de protección a periodistas y visibilizar las violaciones a los derechos humanos ante la comunidad internacional son otras de las medidas recomendadas por la APES.
“En los últimos meses, quienes más hemos estado al frente de visibilizar la vulneración de derechos humanos y de cuestionar a través del trabajo periodístico ha sido la prensa”, dijo Cárcamo. “Es como una guerra y estamos al frente. No tenemos más aliados para eso. Una prensa independiente que frente al aparataje de propaganda está haciendo cosas interesantes, obviamente eso no es cómodo para este tipo de figuras antidemocráticas”.
