Nicaragua vive bajo un estado constante de censura y criminalización del periodismo: medios confiscados por el régimen, periodistas amenazados, agredidos, procesados judicialmente, deportados o forzados al exilio.
El pasado 31 de octubre, el régimen del presidente Daniel Ortega, aprobó una ley que podría convertirse en un mecanismo de censura adicional contra el periodismo. La nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes marca un antes y un después en la distribución de contenidos en el país y, según anticipan periodistas independientes, puede tener implicaciones profundas para la libertad de expresión y los derechos digitales de los nicaragüenses.
“El régimen ha perdido la batalla de la comunicación, ha perdido la batalla de la verdad y ahora pretende ampararse en una supuesta legalidad para empezar esta nueva campaña de regulación y control de contenido”, dijo Carlos Fernando Chamorro, fundador y director de Confidencial, durante un directo en el YouTube del medio.
Esta nueva norma viene a sustituir la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales, vigente desde 1995 en Nicaragua, y entre sus lineamientos facilita el acceso de las autoridades a datos de navegación y personales de los usuarios de internet. Además, establece también que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) puede obligar a los operadores de telecomunicaciones, incluyendo medios de comunicación o cualquiera que produzcan contenido en internet, a solicitar licencias y pagar un porcentaje de sus ingresos para poder operar en Nicaragua. Los que no cumplan pueden ser multados.
El artículo 110 expresa que los operadores de telecomunicaciones están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, “incluyendo información estadística y georreferenciada generada de su participación en el mercado”.
Esto significa que el régimen podrá tener acceso a información de identificación, como nombres y direcciones; metadatos de comunicaciones, como llamadas y ubicaciones; e historial de navegaciones o uso de aplicaciones; según explicó la activista política, defensora de derechos humanos y miembro de la organización la Asamblea Nicaragüense por la Democracia, Alexa Zamora, a LataAm Journalism Review (LJR).
“Es importante advertir lo que hay detrás de esta ley, pero al mismo tiempo es importante reconocer la capacidad de resistencia que los medios de comunicación en el exilio y los ciudadanos nicaragüenses han demostrado ya”, dijo Carlos Fernando Chamorro, fundador y director de Confidencial, sobre la nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes.
“El objeto de esta ley es ejercer un control total sobre los pocos aspectos que todavía no tenían control en Nicaragua”, dijo Zamora. “El régimen busca establecer un mecanismo de monitoreo constante”.
Algunos periodistas temen que la aprobación de esta ley limite aún más el contacto con las fuentes dentro de Nicaragua.
“Las personas que podrían dejar de tener contacto con nosotros los periodistas por temor a que TELCOR pueda pedir incluso el historial de llamadas, los sitios web que visita entre otros”, dijo uno de los periodistas consultados en un informe sobre Nicaragua publicado por la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
Nestor Arce, director del medio digital Divergentes, es más cauteloso al hablar sobre las posibles implicaciones que pueda tener la ley.
“Hay que preocuparse y tomar acción pero tampoco se puede caer en la histeria”, dijo Arce a LJR. “No podemos caer en la desinformación y que la gente, principalmente la gente mayor, piense que con esta ley ahora el régimen leerá sus mensajes. En Nicaragua la censura va escalando, ellos van viendo que les funciona y que no”.
Cualquier persona dentro de Nicaragua puede acceder al contenido de las redes sociales y los sitios webs de medios independientes con libertad y sin necesidad del uso de VPN (red virtual privada). Posibilidad que dista mucho de la realidad de países con contextos políticos similares como Cuba o Venezuela, donde los bloqueos en internet son comunes.
Gran parte del tráfico de los medios nicaragüenses en el exilio provienen de Nicaragua. De acuerdo con lo que dijo Arce, entre un 52% y 58% de la audiencia de Divergentes está dentro del país y el restante se reparte entre países de Centroamérica, Estados Unidos, México y España donde están la mayoría de los nicaragüenses de la diáspora.
“Para bloquear dominios no hay necesidad de una ley. El régimen hasta ahora ha hecho todo sin necesidad de un marco jurídico”, dijo Nestor Arce, director del medio digital Divergentes.
Las personas consultadas para este reportaje temen que la nueva ley de telecomunicaciones sirva como mecanismo para ordenar el bloqueo a sitios webs específicos, incluyendo medios de comunicación independientes, y que esto afecte la ya debilitadas libertades en Nicaragua.
“Una baja en las visitas desde Nicaragua, en la parte de indicadores y métricas, evidentemente se va a notar”, dijo Arce. “Pero quien más pierde evidentemente es la sociedad al no poder tener acceso a información no parcializada”.
Arce explicó que, a través de esta nueva ley, el régimen podría presionar a compañías telefónicas privadas como Claro o Tigo para que bloqueen los URLs de páginas webs con contenido contrario a sus políticas. Sin embargo, sostiene que, detrás de la aprobación de esta ley, pueden haber otras razones no relacionadas a un ataque contra la prensa.
“Para bloquear dominios no hay necesidad de una ley. El régimen hasta ahora ha hecho todo sin necesidad de un marco jurídico”, dijo Arce. “Quizás hay cosas más de fondo que se quieren controlar. Algunos analistas se atreven a decir que buscan controlar la infraestructura, quién pone un canal ya sea de cobertura nacional o comunitario, y seguir controlando también el espectro radiofónico”.
Aún así los medios independientes de Nicaragua se están preparando para lo peor. Hay quienes han creado sitios espejos de sus páginas web, otros han creado canales alternativos para la distribución de su contenido y algunos han iniciado campañas de educación a sus lectores sobre el uso adecuado de los VPNs.
“Es importante advertir lo que hay detrás de esta ley, pero al mismo tiempo es importante reconocer la capacidad de resistencia que los medios de comunicación en el exilio y los ciudadanos nicaragüenses han demostrado ya”, dijo Chamorro. “Nosotros le decimos a nuestra audiencia que nos comprometemos a seguir informando”.
