Nunca antes en sus 12 años como camarógrafo de noticias Víctor Rivas se había sentido amenazado realizando su trabajo. La primera vez llegó el pasado 23 de octubre del 2023 mientras transmitía para el medio panameño Telemetro Reporta, según contó a LatAm Journalism Review (LJR).
“Ese día fui a cubrir una de las protestas... Cuando los antimotines llegaron y se estaban alistando para reprimir, los manifestantes comenzaron a lanzar piedras. Primero hacia nosotros y luego hacia los policías. Una de esas piedras rebotó en el piso y me pegó en la pierna”, dijo Rivas.
Durante más de un mes, Panamá se vio envuelta en protestas que dejaron al menos cuatro muertos. Comenzaron el 19 de octubre y la razón fue un contrato minero entre el Estado panameño y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para el desarrollo de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica durante 40 años.
Los periodistas que cubrieron los hechos denunciaron el uso de la fuerza y agresiones por parte de manifestantes y policías.
Expertos señalan el descontento de ambos grupos por la forma en que los medios de comunicación estaban cubriendo las movilizaciones y los posteriores intentos de controlarlas.
En el caso de Rivas, la herida no fue de gravedad y siguió realizando la cobertura de protestas pero tomando mayores previsiones de seguridad.
Gremios periodísticos hicieron varios llamados públicos para garantizar “la seguridad física y material de los periodistas, que cumplen con el deber de informar”.
El Sindicato de Periodistas de Panamá advirtió que el periodismo no es un crimen y llamó a las partes en conflicto a no promover un discurso de odio.
Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno panameño que garantizara que los periodistas pudieran informar sobre las protestas sin ser agredidos. En su declaración, en la que instaba al Estado a proteger el derecho a la protesta pacífica, también citaba denuncias de que agentes de policía de la unidad antidisturbios habían hecho un uso excesivo de la fuerza.
El 19 de octubre, mientras los manifestantes se movilizaban contra el contrato, el fotógrafo freelance y ambientalista Aubrey Baxter estaba documentando los acontecimientos frente a la Asamblea Nacional.
Contó a LJR que, de repente, recibió varios impactos de perdigones de pimienta, uno de los cuales le alcanzó justo debajo del ojo derecho.
El fotógrafo dijo que no recibió ayuda de la policía. Al final perdió la vista en ese ojo.
La policía nacional negó ser responsable y el Ministerio Público ha abierto una investigación sobre el caso.
El mismo día del ataque al equipo de Telemetro Reporta, la unidad móvil de TVN Noticias fue vandalizada durante la cobertura de las protestas, en los predios de la plaza 5 de mayo, uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad de Panamá.
También se denunciaron otros casos de empujones, daños a equipos e insultos a periodistas cubriendo las manifestaciones. Sin embargo, no hay un registro preciso del número de agresiones alrededor del país.
La investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá (CIEPS) Raisa Urribarri dijo a LJR que los ataques a periodistas no solo ocurrieron en la Ciudad de Panamá sino que también hubo en regiones fronterizas con Costa Rica al oeste, y Colombia al este, es decir, a lo largo de toda la Carretera Interamericana.
“En esa zona también se han producido agresiones en contra de periodistas en el ejercicio de su trabajo, pero no han sido tan bien documentadas ni tenemos el registro preciso de todas ellas. Solo se sabe por notas de prensa, por los mismos colegas periodistas que se dan a la tarea de hacer las denuncias”, dijo Urribarri.
Raúl López, director del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá, dijo a LJR que no llevan un conteo exacto de los ataques pero sí recibieron denuncias de agresiones a periodistas desde provincias como Chiriquí, Veraguas y Colón.
“Los periodistas a nivel nacional supieron cubrir y le dieron la información a la población de manera oportuna, a pesar de las dificultades. Además de los ataques, periodistas en provincias como la de Chiriquí vieron afectada su labor por la falta de combustible. Esto les impedía moverse a todos los puntos y a la hora que fuese necesaria”, dijo López.
La desmovilización de las protestas no ocurrió sino hasta el pasado 2 de diciembre cuando se publicó en Gaceta Oficial el falló en el que la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato minero con la canadiense First Quantum Minerals.
Urribarri identifica dos patrones diferentes de hostilidad hacia la prensa en el reciente ciclo de protestas en Panamá. En primer lugar, las agresiones por parte de la policía. En segundo lugar, la proveniente de los manifestantes.
“Es lo que podríamos llamar el descontento del manifestante acerca de la cobertura de algunos medios de comunicación social. Es decir, se han producido situaciones de hostigamiento. Ha sido bastante consistente una crítica al modo como los medios de comunicación en general han cubierto las protestas”, dijo Urribarri.
Este patrón lo confirma Rivas quien, además de haber resultado herido, en otras ocasiones durante las protestas recibió junto a su equipo amenazas y gritos bajo la frase ‘Telemetro está vendido’ por parte de los manifestantes.
El profesor de periodismo Hernández Lópes asegura que el problema es que los diversos sectores esperan que la prensa cubra los acontecimientos tal y como ellos los ven.
“Si la parte del gobierno siente que no se le da la cobertura que ellos esperan, se sienten ofendidos y pueden recurrir a presiones a través de los mecanismos disponibles para el gobierno. Por otro lado, están los manifestantes, quienes también exigen una amplia cobertura de sus acciones. Esto hace que cuando un periodista está en la calle, ambos sectores sientan que tienen derecho a criticar y señalar al periodista”, contó a LJR.
Gremios periodísticos hicieron hincapié en la importancia de un periodismo libre, equilibrado y comprometido para el sostenimiento de la democracia en el país.
“Lo que me preocupa realmente, como investigadora de la comunicación latinoamericana, es que, cuando se manda por el cañón a los medios y el periodismo, se manda por el caño también la democracia”, dijo Urribarri.