Por Carolina Peredo
La condena que la Corte Suprema de Justicia de Colombia profirió en contra de la ex directora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, y del ex secretario general de la Presidencia en el mandato de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno Villegas, implica un avance en el esclarecimiento de casos de violaciones a la libertad de prensa del país, señalaron algunas organizaciones.
En su decisión del 27 de febrero, la Corte Suprema los encontró culpables de haber dado instrucciones precisas en el año 2007 para interceptar de manera ilegal llamadas de periodistas, magistrados y congresistas opositores al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (quien fue mandatario entre 2002 y 2010), según informó el diario El Espectador.
De acuerdo con el diario, Hurtado fue condenada por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, violación ilícita de comunicaciones, falsedad ideológica de documento público y abuso de función pública. La ex funcionaria continuará privada de su libertad hasta que se conozca el monto de la condena, que podría llegar hasta los 18 años de prisión.
Por su parte, Moreno fue condenado por concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Moreno, quien ya había sido destituido de su cargo e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos en 2010, seguirá en libertad hasta conocer los detalles de la pena.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una organización no gubernamental que monitorea las violaciones a la libertad de prensa en Colombia, se pronunció para destacar el caso como “un avance en el esclarecimiento de estos hechos que constituyeron violaciones graves a la libertad de prensa en el país”. Sin embargo, señaló que tal como lo han recordado otros medios “pese a que se han identificado 68 posibles responsables por parte de la Fiscalía, menos de 20 de estos se encuentran en la cárcel”. La FLIP hizo un llamado para que la decisión de la Corte sea “un insumo para la efectiva sanción de todos los comprometidos”.
En su momento, la FLIP denunció que entre 2003 y 2009 ocurrieron al menos “16 casos de periodistas víctimas de seguimientos, montajes, interceptaciones y amenazas”. Entre los comunicadores que fueron víctima de estas agresiones figuraban Hollman Morris, Daniel Coronell, Carlos Lozano, Gonzalo Guillén, Alfredo Molano y Claudia Julieta Duque.
El periodista Daniel Coronell fue uno de los blancos de la campaña de espionaje y desprestigio iniciada por la presidencia de Uribe y su organismo de inteligencia en 2007 “por las molestias que generaban sus columnas y artículos en la Revista Semana al presidente de la República. Para esto se ordenó la búsqueda de información reservada de ellos y sus familiares”, informó El Espectador.
Coronell, actual Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de Noticias de la cadena Univisión y entonces director de Noticias Uno y columnista de la Revista Semana en Colombia, vinculaba en sus publicaciones a funcionarios de gobierno en casos de corrupción. El periodista denunció, entre otros temas, la compra del voto que permitió la reelección de Álvaro Uribe y los negocios de los hijos del ex mandatario.
El caso de Coronell se conoció cuando el escándalo de las “chuzadas del DAS” (como se conoció en Colombia) salió a la luz pública en 2009. El DAS era el organismo de inteligencia del país que dependía directamente de la Presidencia y que fue liquidado en 2011. Las investigaciones periodísticas señalaban que durante la administración de Uribe se interceptaron correos, líneas telefónicas y se hizo un trabajo de espionaje ilegal con el objetivo, según ex funcionarios de dicho organismo, de establecer las fuentes de información de los periodistas.
Siete años más tarde la Justicia determinó que en efecto la ex directora del DAS dio instrucciones precisas a sus subalternos para conseguir dicha información de manera ilegal. Hurtado se presentó por primera vez ante la Corte en el juicio por el espionaje tras entregarse a las autoridades colombianas el pasado 29 de enero luego de haber estado prófuga durante casi cuatro años en Panamá.
Otra de las víctimas de espionaje, persecución y silenciamiento fue la periodista Claudia Julieta Duque quien se convirtió en blanco de los funcionarios de inteligencia por las investigaciones realizadas para esclarecer el crimen del también periodista colombiano Jaime Garzón ocurrido en 1999. El año pasado la causa abierta por su caso terminó con la declaración del ex director de Inteligencia del DAS, quien aceptó su responsabilidad en lo que se caracterizó como “tortura psíquica agravada” cometida en contra de la periodista.
El escándalo de los seguimientos e interceptaciones ilegales lleva al menos 20 condenados en los últimos cinco años, pero el proceso contra el ex Presidente y actual Senador y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe – quien ha sido señalado por las víctimas como el supuesto gran artífice de las “chuzadas” – no ha avanzado a la fecha.
Tras la sentencia de la Corte Suprema, el senador por el Polo Democrático Iván Cepeda señaló “llegó el momento de discutir sobre la responsabilidad directa de Álvaro Uribe. […] La pregunta que uno se hace es cómo operaba todo este entorno criminal en la Presidencia de la República sin conocimiento del Presidente”, informó el diario El Heraldo. Uribe se limitó a decir por Twitter que se sentía “apenado” por las recientes condenas.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
