Ingrid Escamilla, 25, fue brutalmente asesinada en la Ciudad de México, en el barrio de Vallejo, el 9 de febrero. Su cuerpo fue mutilado. Al día siguiente, sus restos fueron publicados en las portadas del diario La Prensa y del tabloide Pásala. Este último puso en el encabezado “La culpa la tuvo Cupido”.
Las imágenes también se difundieron en redes sociales, lo que desató la indignación de la ciudadanía y de diversos colectivos, organizaciones civiles y de derechos humanos.
Numerosas demostraciones de solidaridad y protesta tuvieron lugar en el país, con mujeres exigiendo mayor protección para ellas y criticando la cobertura mediática del asesinato de Escamilla. En una marcha del 14 de febrero, los marchantes incendiaron una camioneta del diario La Prensa, exigiendo a su director disculparse públicamente por publicar las fotografías del cadáver.
Respecto a su política de publicación fotográfica, el director de La Prensa, Luis Carriles, dijo al Centro Knight que como diario se van a mantener dentro de la ley y que están dispuestos a ajustarse a cambios legales.
“Seguimos como un diario popular, nos mantenemos como un periódico serio y comprometido y hoy nos reuniremos con liderazgos de las organizaciones. Creemos en el trabajo de la sociedad, en el periodismo de paz y en la construcción de nuevas narrativas”, comentó Carriles.
La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 México señaló que la publicación de estas imágenes va en contra de toda ética periodística y evidencia la urgencia de un espacio de reflexión del gremio periodístico sobre la cobertura de feminicidios. Asimismo, afirmó que la difusión de estas imágenes es una forma de revictimización, que en este caso ha provenido del mismo Estado al filtrar estas imágenes a los medios. Al mismo tiempo, la organización alertó en su comunicado que esta no es la primera vez que ocurre este tipo de filtraciones.
En el caso de las imágenes de Escamilla, los sospechosos de la filtración de imágenes a los medios serían presuntamente seis funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), reportó el sitio La Silla Rota. La subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la FGJCDMX, Nelly Montealegre, informó que ya se está investigando a los sospechosos.
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó en un comunicado del 13 de febrero que investigará, con las consecuencias jurídicas del caso, a los medios de comunicación que hayan promovido la filtración de las fotos del cuerpo de Escamilla.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, dijo al Centro Knight que “los medios de comunicación masiva tienen una obligación de autorregulación con parámetros éticos que puedan ser conocidos por el público”.
“En el caso del manejo de la imagen de hechos de violencia que tienen una base en materia de estereotipos y género, y de violencia de género histórica en nuestro continente, (…) se debe establecer cómo se manejan este tipo de informaciones y sobre todo de imágenes, atendiendo justamente a la necesidad de que es una obligación de todos, de los Estados y también de los medios, de acuerdo a la Convención de Belém Do Pará, para la lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres”, añadió.
Diversos colectivos, entre ellos Periodistas Unidas Mexicanas (PUM), condenaron la publicación de las imágenes del cadáver de Escamilla. “El caso de Ingrid, como muchos otros, es una muestra más de cómo los medios de comunicación contribuyen a la violencia diaria contra las mujeres”, señaló PUM vía Twitter, a través de un comunicado.
“Como periodistas y como mujeres nos duele y nos indigna ver la descarada impunidad con la que operan ciertas empresas que cotidianamente difunden información que solo violenta, estigmatiza, discrimina, estereotipa y revictimiza a las mujeres”, sostuvo PUM.
En México, la tasa de feminicidios ha aumentado en un 137% en los últimos cinco años, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), publicó el sitio La Vanguardia. Solo en 2019 se registraron 976 denuncias por feminicidio, indicó.
Pocos días después del asesinato de Escamilla, el 15 de febrero, residentes de un barrio de la Ciudad de México encontraron el cuerpo de Fátima Aldrighett, 7, dentro de una bolsa plástica. La niña habría sido raptada al salir de la escuela el 11 de febrero. Su familia denunció que la policía no hizo ningún esfuerzo por buscarla cuando fueron a reportar su desaparición, publicó la BBC.
En la mañana del 10 de febrero en que se publicaron las fotos de Escamilla, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, abrió su conferencia de prensa matutina informando al público sobre la recuperación de dos mil millones de pesos mexicanos por parte de la Fiscalía General de la República tras las investigaciones de actos ilícitos. Al recibir preguntas de la prensa, los periodistas le preguntaron sobre cómo combatirá su gobierno los feminicidios que van en aumento en el país.
A ello, el Presidente respondió: “Miren, no quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio, ya está muy claro, se ha manipulado mucho sobre este asunto en los medios, no en todos, desde luego, los que no nos ven con buenos ojos, [que] aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro. De distorsión, información falsa, este es el caso”.
Posteriormente, el Presidente enfatizó que sí está a favor de que se cree una fiscalía especializada en la investigación de feminicidios, publicó El Heraldo de Puebla.
