El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un dictamen en el reconoce la violación de diferentes derechos humanos de la periodista Lydia Cacho por parte del Estado mexicano tras una detención arbitraria ocurrida en 2005.
La resolución del pasado 31 de julio es la respuesta a una denuncia que Cacho interpuso ante el organismo en octubre de 2014 con la representación de la organización Artículo 19 México. Según el Comité, el Estado mexicano violó alguno de los derechos humanos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el de igualdad de género, prohibición de tortura, libertad y seguridad personal, libertad de expresión, entre otros.
“Hoy es un día en el que el mundo reconoce que las agresiones cometidas en contra de la periodista Lydia Cacho fueron ciertas y que requieren una reparación integral y una justicia efectiva”, dijo Ana Ruelas, directora de Artículo 19 México en conferencia de prensa luego de darse a conocer la resolución. “Cuántas verdades nos ha negado el Estado por perseguir a periodistas”.
El Comité reconoce que los hechos en contra de la periodista fueron originados por la publicación del libro ‘Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil’ en marzo de 2005. En el libro, Cacho exponía una red de corrupción y explotación infantil en la que había una presunta responsabilidad de autoridades públicas y empresarios reconocidos del país como José Kamel Nacif Borge.
En julio de 2005, Nacif interpuso una denuncia en contra de Cacho en el estado de Puebla por los delitos de difamación y calumnia.
La periodista fue detenida en el estado de Quintana Roo en diciembre de 2005 por un grupo de 10 hombres, entre ellos “cinco agentes privados de Nacif”, según los hechos expuestos por Cacho en su denuncia ante la ONU.
La periodista fue trasladada hasta el estado de Puebla en un recorrido de casi 20 horas en el cual, según denunció, fue víctima de tortura psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte, y violencia verbal y física. Según su relato, durante el trayecto no se le permitió ingerir alimentos o dormir, no le suministraron los medicamentos para una enfermedad diagnosticada, solo le fue autorizado ir al baño una vez, y le apuntaron varias veces con un arma, entre otros hechos.
En la sede de la Procuraduría General de Puebla, según dijo la periodista, también fue víctima de tocamientos sexuales y violencia física y verbal. Fue dejada en libertad tras pagar una fianza de 70 mil pesos mexicanos (aproximadamente US.$3.700).
Tras un año después de la detención y un largo proceso en su defensa, Cacho fue absuelta de todo cargo. Durante ese tiempo se conocieron conversaciones entre el Gobernador de Puebla y el empresario Nacif en el que acuerdan la detención de Cacho, según la denuncia ante la ONU.
Por estos hechos, solo hay una persona con sentencia confirmada, y una segunda persona con orden de arresto, pero prófuga. El Comité llamó la atención sobre el hecho de que el proceso judicial en contra de estas dos personas solo continuó después de que Cacho presentó su recurso ante la ONU, es decir, casi 12 años después de la denuncia ante la justicia mexicana. Sobre las otras personas denunciadas por Cacho en su país – es decir, otras autoridades ejecutivas y de justicia de Puebla y el empresario Nacif – en 2008 el Ministerio Público resolvió “no ejercer acción penal”, según la resolución de la ONU.
Por eso Cacho, no dudó en buscar justicia en otros organismos. Una pelea que le tomó casi 14 años.
“Las razones por las que seguí son muchas, pero la más importante de todas no tiene que ver ni con el heroísmo ni con la valentía ni con las ganas de seguir. Tiene mucho que ver con el sufrimiento de las y los demás, tiene que ver con la muerte de muchas y muchos de mis colegas que a lo largo de estos años han ido desapareciendo por hacer su trabajo adecuadamente”, dijo Cacho durante la rueda de prensa.
“Y tiene que ver también con esa nueva generación de periodistas que en todas las presentaciones de mis libros o conferencias a las que voy me preguntan cómo pueden ser tan valientes como yo. Y cada vez que me lo preguntan me quedo pensando me gustaría que no tuvieran que hacer esa pregunta e hicieran otra. Me gustaría que no tuvieran miedo de hacer periodismo”.
Las desiciones de la resolución del Comité “son mucho más que recomendaciones” porque este se trata de un órgano “casi jurisdiccional”, explicó Jan Jarab, representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, durante la rueda de prensa.
Para reparar lo sucedido, México deberá realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los delitos cometidos en contra de Cacho. También deberá procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas responsables de estos delitos. El Comité también estableció una compensación para la periodista, y que el país tome todas las medidas necesarias para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
Especial importancia tiene para la libertad de expresión la petición reiterada de despenalizar de los delitos de difamación y calumnia en todo el país. En la actualidad ocho estados de México “mantienen vigentes los delitos de difamación y calumnia”, según Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19 México.
La resolución además señala que así se cometan estos delitos contra el honor, la detención siempre será una medida desproporcionada. En el caso de Cacho, también estableció que incluso había intereses más allá de cumplir con la ley. “La detención de la autora no fue una medida necesaria ni proporcional, sino más bien una medida de carácter punitivo y, en consecuencia arbitraria”, señala parte de la resolución del Comité de la ONU.
Esta se trata de una resolución “histórica” debido a que es “el primer dictamen de este importante mecanismo internacional de derechos humanos contra México”, dijo Jarab en la conferencia de prensa.
Agregó que es importante que México actúe porque “es un caso emblemático, pero también porque las violaciones ocurridas en el caso de Lydia Cacho siguen repitiéndose, siguen preocupándonos 13 años después”.
El Estado mexicano tiene 180 días para informar al Comité sobre las medidas que ha tomado para cumplir con este dictamen.
