Era viernes, tres días antes de Navidad, y con la redacción de guardia, el director de la oficina del medio de noticias Metrópoles en São Paulo, Fabio Leite, necesitaba una noticia para abrir el sitio al día siguiente.
Ante la escasez de noticias, decidió arriesgarse. Desde septiembre, una anciana del interior de São Paulo que él conocía se quejaba de deducciones mensuales no autorizadas de su pensión hechas por una entidad llamada Asociación de Mutualistas Jubilados para Beneficios Colectivos (Ambec, por sus siglas en portugués). Leite ya había indicado a la pensionista que acudiera al Instituto Nacional de Seguridad Social de Brasil (INSS) para intentar bloquear los retiros y recuperar su dinero, pero los cargos continuaron.
Tras una rápida búsqueda en Google de “Ambec”, el periodista descubrió innumerables denuncias contra la asociación en el sitio de quejas de consumidores “Reclame Aqui”.
“La situación estaba muy extraña”, dijo Leite a LatAm Journalism Review (LJR).
El editor envió entonces a Luiz Vassallo, reportero de investigación de Metrópoles, a investigar la historia. La búsqueda de casos en el sitio web del Tribunal de Justicia de São Paulo reveló rápidamente la existencia de más de 600 casos contra Ambec. En todo el país, había más de 2 mil. Los pensionistas dijeron que no sabían por qué se les estaba deduciendo ese dinero.
La gran cantidad de personas potencialmente perjudicadas facilitó el contacto con ellas para escuchar sus historias. Vassallo también descubrió esa misma tarde que Ambec estaba a nombre de un asistente dental, pero había fuertes indicios de que empresarios cercanos a Centrão, un poderoso bloque de partidos de centroderecha conocido por intercambiar apoyo político por favores gubernamentales, eran los verdaderos propietarios.
“Dije: ‘Vamos a darle la vuelta a esto rápidamente’”, dijo Leite.
Los periodistas no tenían ni idea en aquel momento, pero el titular de la portada la mañana del 23 de diciembre de 2023, “Asociación en nombre de un asistente de dentista estafa a pensionistas”, dio comienzo a una de las series de reportajes con mayor impacto de los últimos años en Brasil. A lo largo de decenas de reportajes y noticias difundidas durante casi un año y medio, la cobertura de Metrópoles reveló la existencia de un presunto esquema de falsas asociaciones sospechosas de descontar ilegalmente más de 2 mil millones de reales (353 millones de dólares) de las cuentas del INSS de los pensionistas, sólo entre enero de 2023 y abril de 2024.
Después de que la Policía Federal lanzara el 23 de abril una operación cuya investigación cita decenas de veces los reportajes de Metrópoles, el presidente del INSS, Alessandro Stefanutto, y el ministro de Seguridad Social, Carlos Lupi, perdieron sus cargos. El Gobierno federal intenta minimizar los daños y ya ha empezado a devolver el dinero de las retenciones a los pensionistas, mientras que la oposición intenta capitalizarlos políticamente y pide que una Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación investigue el escándalo.
Las abrumadoras repercusiones del caso muestran el impacto potencial del periodismo en la vida de un país, desde sus más altas esferas políticas hasta las facturas mensuales de personas de la tercera edad en condiciones de pobreza. El reportero que destapó el caso y encabezó la cobertura dice, sin embargo, que a lo largo de más de un año de trabajo, gran parte del tiempo tuvo la sensación de que su esfuerzo era en vano.
“Pasé tanto tiempo cubriendo esto prácticamente yo solo”, dijo Vassallo a LJR. “Pensé: ‘Bueno, esto no va a ir a ningún lado”.
El director de Metrópoles São Paulo, Fabio Leite (izquierda) y el reportero de investigación Luiz Vassallo (derecha). (Foto: Rodrigo Freitas/Metrópoles)
La tarde de Navidad de 2023, Vassallo presentó una solicitud a través de la Ley de Acceso a la Información de Brasil para averiguar qué asociaciones tenían un acuerdo de cooperación con el INSS, su número de afiliados y el importe de las retenciones. Recibió una respuesta en enero, pero no incluía la mayor parte de la información solicitada. El periodista apeló en la Contraloría General de la Unión (CGU); la presión surtió efecto, y a finales de marzo el INSS le facilitó por fin una hoja de cálculo con los datos.
Vassallo elogió el Sistema Electrónico de Información Ciudadana (e-SIC), una herramienta que permite a cualquier persona solicitar información de interés público al gobierno federal.
“El sistema del gobierno federal debería servir de ejemplo para todos los organismos públicos”, dijo. “Aunque la LAI sea a veces denostada en Brasil, funciona”.
La información descubierta fue sorprendente. A cambio de supuestos servicios ofrecidos a los afiliados, como la asistencia sanitaria, 29 asociaciones estaban autorizadas por el INSS a practicar “descuentos en la cuota mensual de la asociación” sobre prestaciones de jubilación y pensión de los jubilados. Alrededor de la mitad de las asociaciones estaban razonablemente bien estructuradas y eran bien conocidas, y de hecho trabajaban en favor de los jubilados. La otra mitad, sin embargo, tenía el mismo perfil que Ambec: orígenes desconocidos, de fundación reciente y con un incremento extraordinariamente rápido de afiliados, dijo Vassallo.
Contra estas asociaciones hubo más de 60 mil demandas en todo Brasil de pensionistas que afirmaban no haber requerido nunca sus servicios, dijo Vassallo. Sólo a lo largo de 2023 y principios de 2024 se habían facturado más de 2 mil millones de reales (353 millones de dólares) de esta forma.
“En aquel momento dijimos: ‘Esto es un saqueo a las pensiones”, dijo Leite, en alusión a cómo surgió el nombre por el que después se conocería el caso.
Después de dos o tres días de trabajo para organizar la información y escuchar al INSS y a los representantes de las empresas, Metrópoles publicó la noticia con la primicia, titulada “Exclusiva: Saqueo a través de deducciones a jubilaciones factura 2 mil millones de reales en 1 año”.
Las denuncias eran demoledoras: en conjunto, la facturación mensual de las empresas pasó de 85 millones de reales (15 millones de dólares) a principios de 2023 a 250 millones (44 millones de dólares) un año después. Tan solo Ambec había pasado de 40 mil a 600 mil miembros en 15 meses. La propia Ambec facturaba 30 millones de reales (5.3 millones de dólares) al mes.
Lo que permitió las deducciones fueron los llamados Acuerdos de Cooperación Técnica (ACT), una legislación de los años 90 creada por los sindicatos de defensa de los jubilados. Para afiliar a los jubilados, las asociaciones debían cumplir ciertas normas, que exigían necesariamente la firma de sus miembros.
Sin embargo, las nuevas asociaciones hacían caso omiso de esta norma y realizaban las nuevas afiliaciones de forma fraudulenta, como por ejemplo a través de supuestas autorizaciones telefónicas, según demostró el informe de Metrópoles. En algunos casos, los tribunales ya habían probado la existencia de firmas fraudulentas.
“En los casos juzgados, pudimos comprobar que los argumentos de las organizaciones ante los tribunales eran muy débiles”, dijo Leite.
Durante toda la cobertura, los acusados negaron haber afiliado a personas contra su voluntad, postura que mantienen hasta hoy.
La investigación de Metrópoles continuó. Desde la primera noticia, en Navidad, los reportajes de Vassallo destacaron la figura de Maurício Camisotti, un empresario del sector sanitario que aparecía como el verdadero dueño de Ambec y otras asociaciones. Tras revelar el alcance de la trama, fuentes internas de las asociaciones facilitaron documentos a Vassallo. Según el periodista, las pruebas demostraban que Camisotti y otros empresarios del sector asegurador y sanitario controlaban las empresas, una noticia publicada a principios de abril de 2024.
«Desde el momento en que publicas una noticia, la gente que tiene conocimiento del tema o está desvinculada de los actuales propietarios empieza a buscarte», dijo Vasallo. «La gente hablaba por teléfono o me entregaba documentos que demostraban que las asociaciones tenían el control».
Siguieron varios reportajes, como uno de julio de 2024 que mostraba la vida lujosa y las relaciones con políticos de los supuestos dirigentes de las asociaciones, y otro de septiembre que revelaba que incluso una antigua liga de tenis playa se había convertido en una asociación que supuestamente beneficiaba a los pensionistas.
Los periodistas sabían desde hacía tiempo que la Contraloría General de la Unión, el Tribunal Federal de Cuentas y el propio INSS estaban investigando las dedicciones. En julio, André Fidelis, director de Prestaciones del INSS, perdió su empleo a causa del escándalo.
Aún así, Vassallo y Leite consideran que las primeras reacciones de otros medios de comunicación fueron, en palabras de Leite, “tímidas”. Una de las razones, según el editor, fue el hecho de que la hoja de cálculo que contenía los datos inicialmente permaneció privada, lo que dificultó a otros periodistas dar seguimiento a la historia. De vez en cuando, algunos medios de comunicación, como el Jornal Nacional, publicaban artículos, pero eran recapitulativos y no mostraban grandes avances.
De acuerdo con Vassallo y Leite, representantes de los implicados en la trama intimidaron tanto a los periodistas como a la dirección de Metrópoles para que detuvieran la investigación. Aunque Vassallo y Leite subrayan que recibieron un apoyo ejemplar de la dirección del portal durante todo el proceso, afirman que hubo una ofensiva agresiva para impedir que cubrieran la noticia, desde declaraciones públicas acusándoles de “enemigos de los pensionistas” hasta insinuaciones de propuestas económicas para abandonar el tema.
“Enviaron a todo tipo de gente para intentar detenerme, incluso pasando por encima de mí, hablando con los jefes y todo eso”, dijo Vassallo. "Me demandaron, me intimidaron fuera de los tribunales. Esta gente intentó desgastarme a toda costa".
La cobertura, sin embargo, no se detuvo. Tampoco la presunta trama de fraude: el 11 de abril de 2025, Metrópoles informó que, desde la publicación del primer artículo, sólo se había rescindido el contrato de una asociación con el INSS. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, 21 organizaciones descontaron 2 mil 100 millones de reales (370 millones de dólares) a los pensionistas –un promedio de 100 millones de reales (17.6 millones de dólares) por asociación–. En aquel momento, la CGU ya había constatado con una auditoría que el 98 por ciento de los jubilados afirmaban no haber autorizado nunca las deducciones.
La situación llegó a su punto álgido el 23 de abril. Ochocientos agentes de la Policía Federal llevaron a cabo un megaoperativo, en el que se ejecutaron 211 órdenes de registro e incautación y otras seis de detención en 13 estados y en la capital Brasilia. El objetivo era “desmantelar un esquema nacional de deducciones no autorizadas a pensiones”. De acuerdo con la Policía Federal, la mayoría de las víctimas recibía pensiones que rondaban el salario mínimo.
Agentes de la Policía Federal de Brasil delante de una agencia del INSS durante el megaoperativo del 23 de abril. (Foto: Policía Federal)
El entonces presidente del INSS, Alessandro Stefanutto, fue destituido el mismo día del operativo por decisión judicial, al igual que otros cuatro miembros de la cúpula del organismo y un agente de la Policía Federal. Treinta y ocho reportajes de Metrópoles fueron citados en las peticiones de la Policía Federal a los tribunales para llevar a cabo el operativo. El ministro de Seguridad Social, Carlos Lupi, perdió su cargo el 2 de mayo.
Desde entonces, el escándalo de fraude del INSS ha sido el tema principal de las noticias sobre política en Brasil. De acuerdo con el Tribunal Federal de Cuentas, aunque comenzaron durante el gobierno de Bolsonaro, las deducciones casi se cuadruplicaron bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva. El daño político al gobierno federal es indiscutible, y el lunes 26 de mayo el gobierno comenzó a devolver a los pensionistas la cantidad deducida por las asociaciones.
Después de que el reportero Luiz Vassallo y el redactor Fabio Leite trabajaron prácticamente solos durante casi un año y medio en el tema, ahora se han unido a la cobertura cientos de colegas, quienes continúan siguiendo la evolución de los acontecimientos, exigiendo que las autoridades no permitan que las indemnizaciones se queden en meras promesas, o que los responsables queden impunes. De todos los efectos de su trabajo, devolver el dinero a los pensionistas es de lo que Vassallo y Leite más orgullosos se sienten.
“Lo más gratificante -mucho más que causar todo este revuelo- es ver que los perjudicados van a ser indemnizados”, dijo Leite. “Es muy difícil que alguien a quien han robado recupere su dinero”.
Vassallo está de acuerdo, y dijo que “ésta es la reparación, la cura de la enfermedad”. Para él, es precisamente este tipo de impacto el que da sentido a la profesión.
“Hacemos periodismo precisamente para proteger a este tipo de personas, las más vulnerables, de este tipo de cosas”, dijo. “De los excesos de personas que viven en las zonas más caras de São Paulo y creen que pueden hacer lo que hicieron”.
