A lo largo de su carrera de más de 13 años como periodista de investigación, Loida Martínez Avelar ha visto cómo la transparencia en su natal El Salvador ha ido en declive. La periodista recuerda cómo, gracias a trabajos periodísticos que hicieron uso de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), problemas sociales y casos de corrupción salieron a la luz.
Ella misma recuerda un emblemático reportaje de 2018 sobre maternidad precoz publicado por el medio en el que trabaja, Revista Factum, que ejemplifica los alcances que tuvo el periodismo salvadoreño con apoyo del sistema de transparencia.
“Hicieron un mapa de embarazo en adolescentes. Se logró comprobar que el 30 por ciento de las embarazadas en El Salvador eran menores de edad”, dijo Martínez Avelar a LatAm Journalism Review (LJR). “Ese trabajo se hizo vía Acceso a Información Pública, se pidieron las estadísticas. Esa información tan básica hoy ya no te la da el Ministerio de Salud”.
Periodistas consideran que el Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador se ha convertido en "un accesorio más del aparato estatal". (Foto: Captura de pantalla de YouTube)
Desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele, en 2019, el retroceso ha sido más notorio, dijo Martínez Avelar. La periodista contó que en septiembre de 2020 solicitó información sobre un convenio que hizo el gobierno para que médicos españoles viajaran a El Salvador a prestar sus servicios durante la pandemia de COVID-19.
La solicitud no solo le fue negada, sino que la respuesta le llegó apenas el mes pasado, cuatro años después, pese a que la LAIP dicta que el plazo para responder solicitudes de información es de 10 días hábiles, prorrogables a 15.
“Me doy cuenta de todos los retrocesos que ha tenido la Ley de Acceso a la Información Pública”, dijo Martínez Avelar. “El instituto encargado de que se cumpla esta ley es un accesorio más en el aparato estatal. No está haciendo su trabajo”.
No se trata solamente de la percepción de una periodista. Un informe de la organización independiente Acción Ciudadana publicado en marzo de este año reveló un bajo índice de solicitudes resueltas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y una clara disminución en las resoluciones a favor de la ciudadanía en 2023.
Ante este declive en el derecho al acceso a la información, que se manifiesta principalmente en un órgano garante inoperante y en un aumento en la reserva de datos por parte del gobierno, Martínez Avelar y otros periodistas de El Salvador se han visto forzados a buscar alternativas para seguir revelando información que haga al poder rendir cuentas.
Entre las tácticas que la prensa está usando para darle la vuelta a las restricciones al acceso a la información pública están buscar fuentes anónimas, colaborar con organizaciones de la sociedad civil, dar seguimiento a denuncias ciudadanas y construir sus propias bases de datos.
“Obtener información que permita la rendición de cuentas y la controlaría ciudadana es casi imposible”, dijo a LJR Karen Moreno, también periodista de investigación de Revista Factum. “El reto para los periodistas en ese panorama es conseguir y cultivar fuentes de información que brinden pistas o documentos de interés público”.
Moreno, quien con solicitudes de acceso a información pública pudo investigar la riqueza de diputados de legislaturas anteriores y hacer un monitoreo de la violencia contra las mujeres en El Salvador, dijo que otro reto que tienen los periodistas es agudizar el "olfato periodístico" para identificar pistas en la información que sí está disponible.
No obstante, Moreno reconoce que la búsqueda de fuentes alternativas no es tan fácil, debido al terror que existe en la ciudadanía a raíz del régimen de excepción decretado por Bukele en marzo de 2022. Dicha medida, la cual fue implementada en respuesta a un aumento alarmante de la violencia en el país, ha sido criticada por organizaciones internacionales por supuestamente estar siendo usado como un instrumento para reprimir voces críticas y facilitar la violación de derechos humanos.
Martínez Avelar, por su parte, dijo que los periodistas también se han visto orillados a construir sus propias bases de datos con información que logran recabar de fuentes como filtraciones u organizaciones defensoras de derechos humanos que documentan casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, y que luego someten a procesos de verificación.
“Estamos construyendo nuestras propias bases de datos con testimonios, con información verificada, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, que están haciendo un gran trabajo”, dijo Martínez Avelar. “Siempre habrá fuentes afuera que están observando la realidad y que nos comprueban cosas”.
Las denuncias de ciudadanos en redes sociales también se han convertido en una fuente de información importante, dijo. En la redacción de Revista Factum, agregó, son cada vez más las investigaciones periodísticas que inician con una denuncia ciudadana que es sometida a un proceso de verificación y de contraste con otras fuentes.
En un análisis comparado de las legislaciones en materia de acceso a la información pública de cuatro países centroamericanos, publicado por Artículo 19 en 2023, la LAIP salvadoreña destacó por ser un cuerpo normativo bastante aceptable.
En septiembre de 2020, el presidente Bukele nombró nuevos comisionados del IAIP en un proceso que fue calificado como irregular y poco transparente. (Foto: Captura de pantalla de YouTube)
De acuerdo con el análisis, la legislación salvadoreña se distingue por su enfoque integral y por un marco legal más sólido en comparación con las leyes de Guatemala, Honduras y Nicaragua. La LAIP incorpora principios que promueven la transparencia y la rendición de cuentas, y que dan a los ciudadanos facilidad de acceder a información sobre la gestión pública.
Si bien el análisis de Artículo 19 también encontró áreas de mejora, el derecho al acceso a la información en El Salvador venía funcionando relativamente bien, de acuerdo con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización independiente que trabaja en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
“Lo que hizo que presidentes o funcionarios de los gobiernos tanto de [el partido político Alianza Republicana Nacionalista] ARENA como del FMLN [Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional] hubiesen sido procesados por problemas de corrupción fue precisamente por el acceso a la información”, dijo Escobar a LJR. “Por medio de solicitudes de información se detectaron ciertas irregularidades que, siguiendo el hilo, llegaron al punto de que había corrupción”.
Por ello, agregó, cuando Bukele llegó al poder, sabía que no podía permitir un acceso a la información tan amplio e irrestricto como se tuvo en los gobiernos anteriores, pues correría el riesgo de que se detectaran irregularidades en su gobierno.
“Desde el primer día que ellos asumieron el control del Ejecutivo, comenzaron con el cierre del acceso a la información, reservando información y haciendo todo lo que han venido haciendo”, dijo Escobar.
En septiembre de 2020, Bukele aprobó cambios al reglamento de la LAIP que redujeron la autonomía de los comisionados. Ese mismo mes, el presidente nombró a nuevos comisionados en un proceso que fue calificado como irregular y poco transparente por supuestamente realizarse mediante una votación secreta.
“Desde el 2020, que se comenzó a dar el cambio de los comisionados, el Instituto ha venido a la baja a su labor. Ha dejado de realizar la labor de monitoreo del acceso a la información que le corresponde”, dijo Escobar. “Ha dejado de resolver los casos, y cuando los resuelve, lo hace no a favor de los ciudadanos, sino en función de proteger los intereses del gobierno. Ha bajado su rol de tutela del derecho de acceso a la información”.
Lo anterior se extiende a prácticamente todas las oficinas de información pública de las dependencias de gobierno, donde anteriormente los periodistas podían tener acceso a datos públicos, dijo por su parte Moreno.
“Se han convertido en ‘gatekeepers’ o porteros de la información, que tienen el control de la información pública, y que deciden qué y cuánto publicar”, dijo la periodista.
Ese control de la información tiene por principal objetivo el control de la narrativa alrededor de la gestión de Bukele, dijo Escobar. Eso queda en evidencia con el hecho de que no existe acceso a información pública para corroborar los supuestos logros que el presidente y sus funcionarios suelen resaltar superlativamente, como el decir que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental, o que fue la nación que mejor manejó la pandemia a nivel mundial.
“Pueden decir lo que ellos quieran decir y no hay forma de contrastarlo. La reserva de información es un medio de control social. Tienen controlado lo que piensa y lo que dice la ciudadanía sobre la gestión pública”, dijo Escobar. “La base de su gestión es el hecho de que puedan presentar o inflar datos o situaciones. Para mantener su propaganda necesitan mantener controlada la narrativa, necesitan controlar el acceso a la información para que nadie les dispute los datos”.
Otro indicador del deterioro de la transparencia en El Salvador son los índices de información reservada, como se les conoce a los registros de las entidades públicas sobre la información clasificada por ley.
El artículo 19 de la LAIP de El Salvador establece las causales bajo las cuales la información pública puede ser clasificada como reservada, entre las que se incluyen la seguridad nacional, la integridad de las personas y procesos judiciales en curso.
Las instituciones públicas suelen negar la información solicitada con excusas como que dicha información no existe o no ha sido generada. (Foto: Cortesía Loida Martínez Avelar)
“Han abusado de ese artículo y han incluido muchísima información de interés público en esos índices de información reservada”, dijo Martínez Avelar. “Se han dado casos en los que periodistas hemos hecho solicitudes de información específica y ellos lo leen y lo colocan en el índice”.
De acuerdo con un informe publicado en 2023 por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), desde 2019 se ha observado un patrón creciente en el uso de la reserva de información pública por parte de las instituciones del Estado salvadoreño, sobre todo en temas relacionados con seguridad y derechos humanos.
Lo anterior se ha exacerbado tras la entrada en vigor del régimen de excepción. Desde marzo de 2020, el gobierno ha declarado gran parte de la información relacionada con políticas de seguridad como reservada, argumentando razones de "seguridad nacional".
“El tiempo para hacer investigaciones periodísticas se ha alargado debido a que, al reservarse la información pública, corroborar pistas es más difícil”, dijo Moreno. “Los datos sobre homicidios, desaparecidos, feminicidios y otras violencias contra la mujer, por poner un ejemplo, ahora son datos secretos. Ya no podemos verificar la política pública de seguridad”.
Aunque la LAIP establece que los ciudadanos tienen derecho a apelar las decisiones sobre sus solicitudes de acceso a la información, las apelaciones rara vez resultan favorables para los ciudadanos. De acuerdo con el informe de Acción Ciudadana, de los 131 casos por apelaciones y falta de respuesta resueltos por el IAIP en 2023, solamente 10 fueron a favor de la ciudadanía, lo que representa menos del 8 por ciento.
Tanto Martínez Avelar como Moreno atribuyen la baja efectividad de las apelaciones a la falta de independencia real del IAIP, al estar dirigido por comisionados afines al gobierno de Bukele. Anteriormente, si las apelaciones ante el instituto no prosperaban, los ciudadanos tenían la opción de presentar un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esta Sala es otra de las instituciones que ha caído bajo el control del Ejecutivo, dijo Escobar.
“Era un factor clave [para la administración de Bukele] capturar la Sala de lo Constitucional”, dijo Escobar. “Lo que hicieron al ganar la mayoría legislativa en 2021, fue destituir a los magistrados y poner a empleados de Casa Presidencial como nuevos magistrados”.
La aparente cooptación de las instituciones de justicia salvadoreñas hacen que los periodistas simplemente desistan desde un inicio de tomar la vía legal para tratar de hacer valer su derecho de acceso a la información pública.
“Las demandas son bastante agotadoras”, dijo Martínez Avelar. “Nosotros estamos bien ocupados tratando de buscar otras formas de conseguir información”.
