Una serie de reportajes especiales del periódico brasileño Estadão reveló cómo las dos mayores organizaciones criminales de Brasil y las milicias se infiltraron en la política de ciudades de los estados de São Paulo y Río de Janeiro, y cómo operaron para influir en las elecciones municipales de 2024.
Garaje de una de las empresas de autobuses investigadas por presunta asociación con el grupo criminal PCC. (Foto: Cortesía)
Un equipo de reporteros de investigación del diario descubrió, entre otras cosas, cómo el Ayuntamiento de São Paulo pagó 827 millones de reales (cerca de 143.5 millones de dólares) a empresas de autobuses investigadas por la policía por vínculos con el grupo criminal Primeiro Comando da Capital (PCC) y que el Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), partido que llevaba a Pablo Marçal como candidato a la alcaldía de São Paulo, llegó a ser liderado en el estado de São Paulo por un hombre acusado por la policía paulista de asociación con el grupo criminal.
“Una fuente me dijo y comparto esta idea: hoy, Brasil está más cerca de convertirse en un narcoestado que de limpiar la corrupción y la participación del crimen organizado en el sector público”, dijo el reportero de Estadão Heitor Mazzoco a LatAm Journalism Review (LJR). “Me sorprendió mucho la operación silenciosa y la infiltración en la política. Cuando empiezan a operar así, ya no es un grupo de delincuentes, es la mafia”.
En Brasil, el crimen organizado está dominado por grupos como el PCC, el Comando Vermelho (CV) y las milicias, cada uno de los cuales opera con estructuras y objetivos distintos. El PCC, que se originó en las cárceles de São Paulo, es la mayor facción criminal de Brasil, controla las rutas del narcotráfico y expande su influencia por toda América Latina. El CV, históricamente arraigado en Río de Janeiro, también se dedica al tráfico de drogas y a violentas disputas territoriales. Mientras tanto, las milicias –a menudo compuestas por antiguos miembros de las fuerzas de seguridad y otros en activo– operan en Río de Janeiro extorsionando a residentes y empresas, al tiempo que controlan servicios ilegales como la ocupación de tierras y la distribución de servicios públicos. Estos grupos alimentan los altos niveles de violencia y corrupción de Brasil, afectando profundamente a la seguridad pública y la gobernanza.
La serie Estadão comenzó en noviembre de 2023 con una petición de la dirección de la redacción para investigar la relación entre el crimen organizado y las elecciones municipales. Sin muchas pruebas concretas al principio, el banderazo de salida lo dieron unos documentos obtenidos en exclusiva por el equipo de reporteros. El dossier mostraba una investigación de la policía y el Ministerio Público sobre la infiltración del PCC en empresas de transporte público de la ciudad de São Paulo.
“Es impactante. Estamos hablando de ciudad más grande de Brasil, una de las más grandes del mundo. Lo que sabíamos, incluso por nuestra propia investigación, era que había infiltración en ciudades más pequeñas, fuera de los focos. Es impactante porque es una ciudad con visibilidad”, dijo Mazzoco.
Tras este primer descubrimiento, la investigación se trasladó a otras regiones del país. Los reporteros mostraron cómo Bahía y Ceará sufren la influencia del CV y la milicia, y Río de Janeiro la de la milicia. En el caso de Ceará, el reportaje mostró que las investigaciones del Departamento de Combate a las Acciones Criminales Organizadas (Draco) de la policía civil del estado identificaron que el Comando Vermelho no sólo financió candidatos en las elecciones municipales de 2020, sino que también impuso restricciones políticas.
El objetivo de la serie era entender cómo estas facciones criminales influían en la política local y cómo esto podía repercutir en las elecciones. En total, se publicaron 12 reportajes en el especial a lo largo de 2024, que en noviembre del año pasado ganó la categoría principal del premio de periodismo del Instituto para la Reforma de las Relaciones Estado-Empresa.
“Creo que el gran mérito de esta serie fue dejar de verlo [la infiltración del crimen organizado] como un problema puntual y empezar a verlo como un problema del sistema, como algo que ponía en riesgo al Estado. Esperamos que el Estado garantice el bienestar común y esto estaba siendo completamente distorsionado por las acciones mafiosas de estas organizaciones”, dijo a LJR el reportero de Estadão Marcelo Godoy. “La idea era mostrar a la gente que convivir con el crimen organizado ya no causa escándalo. La gente ha perdido la capacidad de escandalizarse”.
Los reporteros tuvieron acceso a investigaciones secretas sobre el PCC a través de fuentes del Ministerio Público y la Policía Civil. El equipo analizó cerca de 15 casos judiciales, incluidos los que estaban bajo secreto, en busca de pruebas de vínculos entre candidatos y facciones criminales. Se utilizaron métodos manuales para contrastar la información, sin ayuda de herramientas automatizadas, así como la ayuda de fuentes para acceder a lo que estaba clasificado. En el caso del PRTB, el equipo descubrió información preliminar sobre las sospechas que implicaban al partido a partir de una serie de documentos entregados a la redacción por una fuente anónima.
“Pensé que la serie produciría publicaciones para dos semanas, pero duró meses. Con la visibilidad que adquirieron los reportajes, empezaron a aparecer informaciones de fuentes anónimas. Recibí un paquete en la redacción con una serie de documentos sobre el asunto del PRTB. Le pedí a Godoy que me ayudara, lo verificamos y la información era correcta”, dijo Mazzoco.
El trabajo de Estadão ganó en la categoría principal del premio de periodismo del Instituto para la Reforma de las Relaciones Estado-Empresa en noviembre de 2024. (Foto: Cortesía)
En Río de Janeiro, el informe mostró cómo la milicia ha utilizado la estrategia de lanzar candidaturas de familiares para mantener su influencia en diferentes partes del estado a lo largo de los años. La investigación comenzó con un sondeo inicial de candidatos que habían sido investigados por el Ministerio Público y la Policía Civil de Río por vínculos con la milicia. También se cruzaron datos con Divulgacand, la base de datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), para trazar las relaciones entre los candidatos y líderes o figuras conocidas del crimen.
“Para mí, el principal reto de este reportaje era contar una historia sobre la milicia, viviendo en Río de Janeiro. Me daba un poco de miedo trabajar con el tema, sobre todo durante el periodo electoral, cuando había mucha tensión ideológica”, dijo a LJR el reportero de Estadão Rayanderson Guerra. “Otra cuestión era conseguir las versiones de los involucrados. A menudo no quieren hablar, o evaden el tema, por lo que no solemos obtener una respuesta clara de los que son citados en el reportaje”.
Aunque la influencia de las organizaciones delictivas es evidente en el estado de Río de Janeiro, el número de candidatos elegidos con estos vínculos es relativamente bajo, según Guerra. Sin embargo, el impacto de la infiltración criminal en la política de las comunidades locales es significativo, ya que limita la democracia e influye en la prestación de servicios.
“Durante el proceso electoral en Río, a muchos barrios y a muchas comunidades se les niega la opción democrática del voto. Los candidatos son elegidos previamente por grupos delictivos y sólo ellos pueden hacer campaña en esas zonas. Esto tiene un impacto directo en el voto de la gente”, dijo Guerra.
Los reporteros se proponen ahora seguir la evolución de las investigaciones en las que se basó la serie de reportajes y también vigilar las próximas elecciones, aunque la expectativa es que estos movimientos se produzcan con más frecuencia en los comicios municipales.
“Si el PCC consigue elegir un diputado, sólo tendrá uno entre 513 legisladores. Es mucho más interesante para sus miembros lograr acceso a los consejos municipales, donde se discuten los contratos de recolección de basura y las normas de transporte público y de uso y ocupación del suelo”, dijo a Estadão el fiscal Lincoln Gakiya, del Grupo de Acción Especial para la Represión del Crimen Organizado (Gaeco) del Ministerio Público de São Paulo.
