Con la aprobación de la presidenta Dilma Rousseff este viernes 18 de noviembre, Brasil se ha convertido en el país número 89 tener una ley de acceso a la información pública, y este fue el preámbulo al Foro de Acceso a la Información Pública. La norma, que garantiza el acceso de cualquier persona a datos y documentos de todas las esferas de las entidades gubernamentales y privadas que reciban fondos públicos, entrará en vigor dentro de seis meses.
El texto aprobado, se detalla en una publicación de la organización Artículo 19, el cual no ha cambiado sustancialmente en relación con el aprobado en el Senado.
De acuerdo con Terra, la presidenta vetó dos dispositivos: dos fragmentos fueron tomados del artículo 19 (por el cual las negativas de acceso a la información relativa a los derechos humanos deben ser dirigidas al Ministerio Público y de la información "objeto de la contabilidad, financiera, presupuestaria y de la propiedad de los tribunales "deben ser remitidos a los Juzgados y Tribunales de Cuentas) y el artículo 35 (que estableció el Comité de Información Conjunta de revalorización).
El largo camino para la aprobación de la ley tuvo un aliado clave: al periodista Fernando Rodrigues. Antes de la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo y el Foro de Derecho de Acceso a la Información Pública, fue un factor importante para el logro de un reglamento de Brasil por el derecho constitucional de acceso a la información.
En conversación con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, Rodrigues habló de las perspectivas que se abren con la aprobación de la ley y los próximos pasos hacia una nueva cultura de la transparencia y el acceso del gobierno.
Centro Knight: Usted fue un importante contribuyente a la campaña para la aprobación de una ley de acceso a la información en Brasil. ¿Cuál fue el mayor desafío en este proceso?
Fernando Rodrigues: El mayor obstáculo era superar la cultura de la falta de transparencia o la opacidad. Hubo un alojamiento en general de las agencias gubernamentales sobre la no existencia de la ley. Fue difícil convencer a las autoridades e incluso la sociedad civil sobre la necesidad de Brasil de adoptar reglas más claras para facilitar el acceso a la información pública. Este fue un trabajo de evangelización que tuvo el apoyo de varias organizaciones, entre las que destacan la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji), el Colegio de Abogados de Brasil (OAB), la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ), la organización no gubernamental Contas Abertas y Transparencia Brasil. Y el proceso fue lento debido a que es difícil crear una nueva cultura en la sociedad. Sin embargo, un paso ya ha sido ganado.
KC: ¿Y cuáles son los próximos pasos?
FR: La ley por sí sola no resuelve nada. Ahora habrá un paso más difícil será la ley en la práctica. Tendremos que esperar a que el gobierno publique una buena regulación de la ley, y durante ese proceso de seis meses, la sociedad civil deben alzar su voz y participar. La regulación traerá los detalles de la ley: los datos que se tendrán que incluir en una solicitud de información, como cada agencia proactiva deben poner su información al público, etc. Todo esto debe ser detallada. Es esencial que las asociaciones de diversos sectores para manifestar sus áreas y alentar al público a solicitud de información. La ley sólo se pondrá a prueba y mejora cuando los ciudadanos brasileños soliciten la información. Otro paso muy importante con respecto a la formación de funcionarios públicos de todas las agencias del gobierno en las ciudades, estados y el gobierno federal, para que sepan cómo tratar la información producida y hacerla pública. Esta es una tarea difícil y no se logrará en poco tiempo porque se trata de cambiar la cultura de miles de servidores.
KC: ¿Cuál es el impacto de la ley aprobada en la rutina de los periodistas?
FR: Para los periodistas de Brasil, esta ley es una bendición, ya que dará una mayor protección legal en el momento de cualquier investigación que involucra a entidades gubernamentales. Muchos periodistas no conocen el texto de la ley y el consejo de redacción tendrá que comprometerse a hacer cursos de formación. El Abraji ya cuenta con varios cursos programados sobre el tema.
KC: El especialista Gregorio Michener, dijo en una entrevista con el Centro Knight que la estructura necesaria para la aplicación de una ley como ésta es cara. ¿Este costo puede ser un obstáculo para la aplicación de la ley aquí en Brasil, sobre todo en que no sea a nivel federal?
FR: Nadie sabe aún cuál será el costo exacto de la ley, pero sin duda va a costar. Y es necesario que se incluya en los futuros presupuestos de todos los niveles de gobierno. La expectativa, según el ministro jefe de la Contraloría General de la República Jorge Hage es que los presupuestos del próximo año se modificarán para cubrir los gastos específicos de la ley de acceso. Y no es sólo el gobierno federal, sino en 5600 ciudades y 27 estados. El presupuesto de la falta de preparación es amplia y esta será parte de las dificultades iniciales de la aplicación de la ley. Corresponde a la sociedad a cargo de que los gobiernos han dejado de lado el dinero necesario para aplicar la ley correctamente.
KC: Algunos expertos advierten de las lagunas en los niveles estatal y municipal, como la ausencia de los órganos de apelación, entre otros problemas. ¿Cuál es su evaluación de la ley aprobada?
FR: Yo tengo una advertencia desde el principio. La ley de acceso a la información pública en Brasil es una de los más ampliamente adoptadas en el mundo. Si ella se impondrá o no, se verá más adelante, debe cobrar la compañía y los gobiernos a cumplir. Sin embargo, rara vez hay en el mundo en un país del tamaño de Brasil, hay una ley tan amplia que se ajuste a todos los niveles. Dicho esto, caemos en la historia del vaso medio lleno o medio vacío. Que ve el vaso medio vacío se encuentra que la ley no se incluye los municipios, que no detalla las formas de las personas que afirman que estos niveles no están recibiendo los datos, que Brasil tiene muchas ciudades, sin dinero y sin supervisión. La manera de ver el vaso medio lleno a recordar es que la ley federal y que cualquier ciudadano, con un poco de esfuerzo, usted puede hacer solicitudes de información en las pequeñas ciudades y el campo estará protegido por la ley, algo que no es posible en la inmensa mayoría de los países. Es algo bueno lo que está sucediendo. La ley no es perfecta, pero es una tautología, no hay ley perfecta. Nunca hay unanimidad en torno a una ley. El hecho relevante es que la sociedad civil que la ley podría tener un alcance sin precedentes, que abarca las empresas de capital mixto, incluso, los municipios, no se ve en otros lugares. Va a ser difícil para una cultura de transparencia en 5.600 municipios de instalar y que será difícil imaginar que 5.600 alcaldes y concejales de la ciudad van a convertirse de la noche a la mañana en personas transparentes. Pero la ley existe y los ciudadanos pueden reclamarla a sus gobernantes. Por lo que el balance es mucho más positivo que negativo. Por supuesto, nadie debe ser tonto para pensar que mañana todo será diferente después, pero la ley es un instrumento democrático muy fuerte para ayudar a cambiar la cultura y dar más transparencia al gobierno.
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