Esta es la primera entrega de una serie sobre la cobertura de conflictos violentos en América Latina.*
(Illustration: Pablo Pérez "Altais")
Han pasado casi cuatro años desde que los periodistas ecuatorianos Javier Ortega y Paúl Rivas, junto con su chofer Efraín Segarra, fueron secuestrados en Mataje, un pueblo en la frontera de Ecuador con Colombia.
Trabajaban para el diario El Comercio de Quito y habían viajado a la provincia de Esmeraldas para cubrir una escalada de violencia en la zona, desatada por grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no aceptaron desmovilizarse tras los acuerdos de paz y habían cruzado a Ecuador, donde buscaban controlar territorios para el tráfico de drogas.
El aumento de violencia incluía atentados terroristas que fueron respondidos por acciones de los gobiernos de Colombia y Ecuador. El Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las FARC, secuestró a los periodistas el 6 de marzo de 2018, para presionar al gobierno a frenar la persecución. Unas semanas después, el 11 de abril, fueron asesinados.
Los tres periodistas no estaban preparados para cubrir conflictos violentos que involucran a grupos armados, según sus propios colegas.
En América Latina estos grupos armados pueden incluso combinarse. Hay pandillas que son traficantes de drogas, también hay grupos guerrilleros que se dedican a actividades criminales para financiarse. Por lo general son grupos armados y en conflicto con autoridades o entre sí. La combinación de variables presenta un reto para cualquier periodista.
“La violencia en México hizo a los reporteros corresponsales de guerra en nuestra propia tierra”, dijo en una ocasión la periodista mexicana Marcela Turati, a propósito de la cobertura de violencia desatada por cárteles del narcotráfico y fuerzas de seguridad que los persiguen en México.
Ya sea en México o en Ecuador, como en Colombia, Honduras o Nicaragua, la cobertura de violencia ha supuesto nuevos retos a periodistas, porque en la región se desafía el concepto tradicional de conflicto armado. La diversidad de grupos armados supone también ampliar la definición del término. No es solo fuerzas de seguridad regulares, como ejércitos o policías, y grupo paramilitares como guerrillas, sino que también pueden involucrar a narcotraficantes, pandilleros o cuerpos de seguridad privados.
La Guía de Seguridad del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), quizá el documento más completo de recomendaciones de seguridad para reporteros y editores, señala que “históricamente los cursos de entrenamiento en seguridad no se han especializado en tratar contingencias no militares, como mitigar el riesgo de asalto sexual en una cobertura o reducir los peligros de cubrir crimen organizado”.
En muchas ocasiones, para periodistas acostumbrados a reportear sobre actividades criminales, el trabajo puede convertirse en cobertura de conflicto violento en cualquier momento.
De manera cotidiana, en sus propias ciudades, los periodistas corren el riesgo de enfrentarse a grupos armados o a encontrarse en medio de enfrentamientos con autoridades o entre ellos. Para un periodista de Nuevo Laredo, Tamaulipas, evadir las balas de dos cárteles peleando entre sí no es muy diferente que si hubiera sido corresponsal de guerra en Siria.
O el caso de los periodistas ecuatorianos que viajaron a una región de su propio país a cubrir una ola de violencia y sufrieron la suerte que antes deparaba a corresponsales de guerra.
Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, describe una situación que ocurre no solo en su país sino en otros de América Latina: el desdén de las autoridades.
“Hay una falta de presencia del Estado y luego una narrativa de las autoridades de decir que es culpa de los periodistas por estar en zonas donde no debían estar. No hay interés genuino por comprender los riesgos”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR).
Diversos tipos de violencia
(Ilustración: Pablo Pérez "Altais")
Cubrir un conflicto violento significa riesgos que, en la América Latina actual, pueden presentarse en distintas modalidades.
Uno es que el periodista quede atrapado en un enfrentamiento entre grupos hostiles y sea víctima del fuego cruzado. Este es el modelo tradicional de riesgo de un periodista que cubre conflictos armados. Según un análisis de Reporteros Sin Fronteras, 10 de 139 muertes de periodistas entre 2011 y 2020 en América Latina ocurrieron durante coberturas en las “el periodista recibió un disparo sin que necesariamente fuera dirigido en su contra”.
Este fue el caso del periodista brasileño Gelson Domingos da Silva, quien murió baleado cuando grababa escenas de una redada de la policía en una favela de Río de Janeiro en noviembre de 2011. Domingos fue alcanzado por las balas durante un enfrentamiento entre policías y sospechosos.
Aunque el porcentaje de casos en los que periodistas murieron atrapados en enfrentamientos parece bajo, apenas 7% del total, resulta notable que se llegue a este número cuando la región no enfrenta conflictos armados de corte tradicional.
Los conflictos violentos han evolucionado de tal forma que los periodistas a veces han dejado de ser observadores respetados por las partes en conflicto y se han convertido en un objetivo de una de estas partes.
A veces se convierten en objetivo porque una de las partes en conflicto no quiere que nadie las observe, como ocurrió en el estado mexicano de Guerrero en enero de 2019, cuando un policía apuntó con un rifle de asalto a 10 periodistas que estaban cubriendo un operativo. Semanas después, policías de Nezahualcóyotl, un municipio conurbado a la Ciudad de México, agredieron a tres fotógrafos que cubrían el hallazgo de un cadáver en la vía pública.
En otras ocasiones pueden volverse una moneda de cambio de uno de los grupos armados.
Esto lo pueden hacer para exigir a medios de comunicación un tipo de cobertura, como fue el caso del diario El Siglo de Torreón en México, donde cinco empleados fueron secuestrados durante varias horas por un cártel del narcotráfico para presionar al periódico a censurar su cobertura de hechos violentos como asesinatos y ataques armados en la ciudad. Los periodistas fueron liberados con la advertencia para los editores del periódico, que denunciaron el secuestro y pidieron protección. Un grupo de la Policía Federal montó vigilancia en las afueras del edificio y los agentes fueron atacados en tres días consecutivos por el grupo criminal, poniendo al periódico en medio de un enfrentamiento.
También se puede usar a los periodistas como medio de presión para obtener concesiones de un gobierno, como fue el caso de los tres ecuatorianos secuestrados por las FARC, que intentaba liberar a tres miembros que habían sido detenidos por el gobierno de Ecuador.
En otras ocasiones se trata de utilizar a los periodistas, como fue el caso de Wilfer Moreno en Colombia, quien en febrero de 2020 recibió una llamada de un hombre identificado con seudónimo, que le ordenó suspender la transmisión de su noticiero del canal de televisión CNC Noticias de Arauca durante las 72 horas que duraría el paro armado de la guerrilla anunciado por el Ejército de Liberación Nacional. Moreno se negó y en respuesta el sujeto anónimo le advirtió que tenía una hora para dejar la ciudad pues sería declarado “objetivo militar”.
Convertirse en “objetivo” es parte de un nuevo lenguaje adoptado por grupos armados que van desde guerrillas hasta cárteles del narcotráfico, que ven en los periodistas como una parte más del conflicto, y que al estar indefensa es más vulnerable.
En 2019, por ejemplo, el reportero judicial Marcos Miranda fue secuestrado por hombres armados en el estado de Veracruz, México, después de haber recibido amenazas por su trabajo en el portal Noticias a Tiempo. Miranda permaneció secuestrado un día en un intento de intimidación.
También hay casos de cobertura forzada, como uno que relata Bock sobre un fotógrafo en la región de Arauca, que fue obligado por un grupo de las FARC a tomar fotografías de un policía que había sido secuestrado para desmentir rumores que el policía había muerto.
Estos son algunos ejemplos que muestran la complejidad de definir “cobertura de conflicto violento” en la América Latina actual. Los días de corresponsales cubriendo guerras civiles en Centroamérica o enfrentamientos con la guerrilla en Colombia ha dado paso a enfrentamientos entre narcotraficantes o de estos con militares en México; a incursiones de pandillas armadas en barrios de ciudades de Honduras o Brasil; a amenazas de policías o ataques de guardias de seguridad privados.
Medidas de seguridad
En la medida en que han surgido grupos que recurren a las armas para solucionar conflictos o avanzar sus intereses, los periodistas en América Latina se han visto en la necesidad de adoptar medidas de seguridad para hacer frente a situaciones imprevistas que pueden resultar en violencia armada. Para un reportero en Guadalajara, Río de Janeiro o San Pedro Sula, es imposible saber cuándo un recorrido por algún barrio o la cobertura de una presencia policiaca terminará en un enfrentamiento a balazos. De igual forma que los reporteros ecuatorianos que fueron a la frontera con Colombia a cubrir una ola de violencia no sabían que ellos mismos se iban a volver objetivo.
(Ilustración: Pablo Pérez "Altais")
Esto ha llevado a muchos periodistas a desarrollar protocolos de seguridad que deben seguir cuando cubren situaciones que van desde una escena de crimen hasta un operativo policiaco y desde un simple recorrido para entrevistar a pandilleros en un barrio, hasta una incursión militar en una zona urbana o rural.
Sin embargo, hay distinciones entre los tipos de periodistas que hacen este tipo de coberturas. En el caso de Colombia, donde se han vivido conflictos entre fuerzas de seguridad, grupos armados y bandas criminales durante décadas, hay una diferencia entre los periodistas de un medio nacional que cubren el conflicto en una región y los periodistas que viven y trabajan en esa misma zona.
“Hay conciencia de los riesgos cuando se trata de que periodistas de medios nacionales viajen a una región. Toman transporte seguro y otro tipo de medidas”, dice Jonathan Bock, de la FLIP. “En cambio”, añade, “la situación de los periodistas locales es dramática, están en condiciones paupérrimas”.
Pero aún en el caso de periodistas de medios con recursos para realizar coberturas y tomar medidas de seguridad, los riesgos se materializan.
Uno de los ejemplos más recientes de conflictos cuya cobertura resulta peligrosa para periodistas es en la frontera de Colombia con Venezuela, donde grupos de las FARC pelean con fuerzas armadas venezolanas. En 2021, dos periodistas fueron detenidos por autoridades venezolanas cuando hacían una cobertura para el canal NTN24.
Reporteros y editores han tenido que aprender a desarrollar conciencia de cualquier situación para estar alerta de los peligros que pueden acechar y a tener cuidado de planear sus movimientos y rutinas sabiendo que en cualquier momento pueden encontrarse en un fuego cruzado. Estos protocolos los han adoptado en lo individual, pero también han sido promovidos por periodistas en las redacciones, sobre todo para lograr que los directivos de las empresas de medios inviertan en capacitación de seguridad.
La Guía de Seguridad del CPJ indica que para compensar la ausencia de capacitación en seguridad para escenarios no militares, en la última década se han desarrollado modelos de entrenamiento que cubren escenarios civiles y otros aspectos como seguridad digital.
“Cursos sobre ambientes hostiles y primeros auxilios son prerrequisitos para reportear de manera segura cualquier situación que involucre enfrentamiento armado”, señala la guía, que también menciona la importancia de ejercicios sobre cómo reaccionar en un escenario de secuestro.
En las siguientes entregas de la serie sobre seguridad de periodistas en América Latina y el Caribe nos adentramos en la cobertura de conflictos violentos en la región y las distintas formas que ésta toma.
Aunque en varios países existen o se contemplan mecanismos de protección para auxiliar a periodistas que puedan encontrarse en peligro de agresión por parte de un grupo armado, el análisis de estas herramientas lo haremos en capítulos posteriores, debido a que estos mecanismos cubren situaciones de riesgo más allá de conflictos armados. Más bien nos enfocaremos en presentar diversos casos de agresiones a periodistas en este contexto y presentar recomendaciones para medidas de seguridad que se pueden adoptar, tanto en lo individual como de manera colectiva en las redacciones.
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*Este es el cuarto artículo de un proyecto sobre la seguridad de los periodistas en América Latina y el Caribe. Este proyecto de LatAm Journalism Review es financiado por el Fondo Mundial de Defensa de los Medios de la UNESCO.
Lee otros artículos del proyecto en este enlace.
