En casi dos semanas, una nueva edición del programa de capacitación sobre estándares internacionales de la libertad de expresión dirigido a jueces, magistrados y otros operadores de justicia de Iberoamérica liderado por la Unesco y la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH, en colaboración con el Centro Knight, comenzará sus clases en línea.
El curso “Marco Jurídico Internacional de la libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de periodistas”, que ya ha llegado a casi 10.000 operadores judiciales en la región, coincide en esta oportunidad con la crisis que enfrenta el mundo por la pandemia del COVID-19. Las postulaciones cierran este 5 de abril.
La pandemia no solo ha obligado a enfrentarse a retos en el área de la salud y la economía, sino en cómo garantizar los derechos humanos.
“Especialmente en situaciones de emergencias como es el caso de la actual pandemia relacionada al coronavirus es que la toma de decisiones por los distintos actores del Estado tienen que pasar por un proceso de frenos y contrapesos (checks and balances) para garantizar que los derechos fundamentales sigan siendo protegidos con las razonables medidas de emergencia que los gobiernos tienen que tomar”, dijo Guilherme Canela, Jefe de la Sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la Unesco, al Centro Knight.
“En este sentido, los operadores judiciales; particularmente jueces, magistrados, el ministerio público; tienen que estar atentos para que los estándares internacionales relacionados a estos derechos fundamentales – y en el caso de nuestro curso, relacionados a la libertad de expresión, al acceso la información pública y la seguridad de los y las periodistas – estén siendo garantizados en relación a las medidas que los gobiernos están tomando para combatir esta crisis actual”, agregó Canela al resaltar la importancia de este tipo de capacitaciones.
Y es que el derecho a la libertad de expresión ha sido uno de los más vulnerados en medio de las medidas tomadas para contener el virus. Esta es una situación que se vivió desde que Li Wenliang, el médico de un hospital de Wuhan que advirtió a sus colegas en diciembre sobre un posible nuevo virus, fue acusado de “hacer comentarios falsos”.
Las acciones de China, en donde también no es muy claro dónde están al menos ocho personas que habían sido presuntamente detenidas por informar sobre el COVID-19, no son las únicas. Human Rights Watch ha llamado la atención de gobiernos como los de Bangladés, Etiopía, India y Birmania (Myanmar) por el bloqueo de internet, o de Tailandia que ha perseguido judicialmente a periodistas por informar. Mientras que Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) han mostrado su rechazo a decisiones tomadas en Brasil, Honduras y Venezuela, en donde incluso al menos un periodista estuvo detenido por informar sobre el Covid-19.
“En ese sentido, estamos seguros de que el curso tiene una actualidad impresionante porque seguramente habrá dudas, habrás zonas donde haya ambigüedades y al fin del día la última palabra la tendrán los poderes judiciales sobre qué medidas sí están en línea con los estándares internacionales y qué medidas no están en línea con los estándares internacionales”, aseguró Canela.
La preocupación por garantizar los derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, ha sido manifestada por varias organizaciones alrededor del mundo. El pasado 19 de marzo los garantes de la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa emitieron un comunicado con recomendaciones para evitar mayores vulneraciones.
“El derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas”, señaló el comunicado. “El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno. Instamos a todos los gobiernos a que apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma”.
En el comunicado, los expertos han destacado la obligación que tienen los gobiernos de ofrecer información veraz sobre la pandemia, y asegurarse de que llegue a todas las personas incluidas aquellas sin acceso a internet.
En América Latina una de la restricción más visible se dio en Venezuela donde el periodista Darvinson Rojas fue detenido por Agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 21 de marzo en Caracas. Periodistas y grupo de defensa de libertad de expresión del país señalaron el hecho como una represalia por su cobertura del coronavirus en Venezuela. En una audiencia el 23 de marzo, Rojas fue acusado de instigación al odio e instigación pública. Aunque el periodista fue liberado este 2 de abril, no fueron claros los cargos de los que se le acusó.
También en Venezuela, la directora del medio La Verdad de Vargas, Beatriz Rodríguez, fue interrogada por la Fiscalía luego de publicar información sobre un nuevo caso de coronavirus en la región.
RSF condenó la actitud del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien “ha multiplicado sus ataques públicos contra la prensa, a la que considera responsable de una ‘histeria’ destinada a generar pánico en el país”.
“La radicalización e intensificación de los ataques a los medios de comunicación es muy preocupante”, señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF, según la organización. “Bolsonaro se equivoca de enemigo atacando, una vez más, a los mensajeros. Cada día rebasa un poco más los límites, cayendo en una total irresponsabilidad. En este periodo de pandemia, el poder ejecutivo tiene tareas mucho más importantes que encarnizarse con los medios de comunicación, cuya labor informativa es más vital que nunca”.
El CPJ también condenó a Brasil, esta vez por la decisión de suspender provisionalmente los plazos para que autoridades respondan a solicitudes de información y prohibir apelaciones en caso de que sean negadas. La medida, según el CPJ, tendrá lugar mientras dure el “estado de calamidad” debido al COVID-19.
“En medio de una creciente crisis de salud pública, es más vital que nunca para los ciudadanos brasileños tener acceso a información confiable”, dijo Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en un comunicado. “El Congreso debería rechazar este intento de utilizar medidas de emergencia como una excusa para reprimir la libertad de expresión o revertir el acceso garantizado constitucionalmente a la información”.
El Procurador de Derechos Humanos de El Salvador denunció que la prensa ha enfrentado una serie de restricciones a su trabajo por parte de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada en medio de la cuarentena tomada para enfrentar la crisis, informó DW. Según dijo el Procurador el 2 de abril, los agentes incluso han destruido material periodístico, agregó el sitio.
Por un decreto del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, estableció el estado de emergencia que suspendió durante siete días algunos artículos de la Constitución entre ellos el que garantiza el de la libertad de expresión sin censura.
En República Dominicana donde se decretó toque de queda, algunos periodistas han sido detenidos señalados de violarlo. Esto a pesar de que el decreto exime a los periodistas de cumplirlo dada la naturaleza de su trabajo.
“Según el derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos tienen la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo, independientemente de las fronteras”, señaló Human Rights Watch. “Las restricciones permisibles a la libertad de expresión por razones de salud pública […] no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho”.
La campaña Index on Censorship creó un mapa interactivo donde pueden verse las violaciones a este derecho en el mundo. También es posible reportar casos.
Con el propósito de ayudar a que se garantice el trabajo de los periodistas y otras medidas que deben tomar los medios para cubrir la pandemia, el CPJ tiene una sección específica sobre este tema.
Asimismo, este 1 de abril el CPJ anunció una alianza con el Consejo de Europa para proteger la libertad de prensa en medio de la pandemia del COVID-19.
