Funcionarios del gobierno piden investigar las denuncias de uno de los diarios más serios de América Latina que acusa al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) de usar la pauta de publicidad estatal en contra suya.
En una serie de artículos publicados el 11 de julio, el periódico costarricense La Nación acusó al BNCR de llevar a cabo una ofensiva en contra del diario “para silenciar a la prensa e impedir la divulgación de delicadas informaciones de interés público que considera un ‘riesgo reputacional’ sin son conocidas por los costarricenses”. El banco ha negado este acusación, según Teletica.
El periódico afirma que esta “ofensiva” fue consecuencia de los reportajes publicados el 24 de febrero de 2016, los cuales revelarían “serias anomalías en el banco”.
Una de las denuncias que más llamaron la atención fue la concerniente al retiro de la pauta publicitaria oficial del BNCR en el diario que, según la publicación, fue cayendo eventualmente hasta llegar “a cero” en el mes de junio.
La Nación publicó una entrevista a Juan Carlos Corrales, gerente general del BNCR, en la cual se le preguntó respecto al comité que decidió reducir la publicidad en el periódico. Él dijo que siguió la recomendación que le hicieron los empleados del área de publicidad. Sin embargo, añadió que posteriormente le pareció una mala idea y ordenó el restablecimiento de la pauta.
“Yo, inmediatamente, giré la instrucción de que se eliminara eso y volviéramos a pautar como tiene que ser, o sea, que una noticia que se enfoque hacia el banco no debería ser causa para eliminar o reducir la publicidad”, dijo Corrales, de acuerdo con el diario.
La publicación también sostuvo que el banco estudió la posibilidad de tomar acciones legales en contra de los periodistas, buscando forzar al periódico a retirar el reportaje sobre el banco de su página web, a través de medidas legales.
“La utilización de recursos públicos para acallar a la prensa viola la libertad de expresión de quien emite el mensaje y también el derecho del público a recibir información”, alegó La Nación, además de afirmar que este tipo de presión económica va en contra de la ley internacional.
La Nación publicó el 12 de julio que el presidente del Comité de Control de Ingresos y Gastos Públicos dijo que presentaría una demanda que investigue las denuncias que acusan al BNCR de retirar publicidad estatal del periódico.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dijo al respecto que la libertad de expresión y de prensa son esenciales para la democracia, reportó EFE.
“Cualquier denuncia sobre la utilización de pauta o recursos institucionales para favorecer o afectar el adecuado funcionamiento de los medios, debe ser investigada y una vez que esté la investigación realizada, se debe sancionar”, declaró Solis, según EFE.
No obstante, publicó La Nación, el presidente no dijo que el Ejecutivo tomará acciones para investigar el caso. En cambio, se refirió a una posible investigación del Legislativo.
Sin embargo, EFE reportó que Mauricio Herrera, ministro de Comunicación de Costa Rica, dijo que el gobierno presentará un proyecto de ley sobre el uso de la publicidad estatal que vaya “en esta línea de apego a postulados de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA (Organización de Estados Americanos), que establece estándares para impedir que la pauta oficial sea usada como premio o castigo”.
Además, el directorio del BNCR aprobó una medida para investigar el caso, y solicitó a Corrales entregar el 18 de julio un reporte de lo sucedido, publicó Teletica.
En su rechazo al uso ilegítimo de la pauta publicitaria estatal por parte del BNCR, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró que dicha acción contraría toda jurisprudencia interamericana.
La organización también recordó que en 2015, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, firmó la Declaración de Chapultepec, documento que contiene los principios básicos de los derechos a la libertad de expresión.
“El uso antojadizo de la publicidad oficial por parte de jerarcas estatales no solo es un ataque a la libertad de expresión sino que configura también un acto de corrupción, pues se trata del manejo ilegítimo de dineros públicos (que pertenecen a todos los ciudadanos) en beneficio de las circunstanciales administradores públicos”, dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, según el comunicado.
La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) también expresó su preocupación respecto a las denuncias de La Nación que implican al BNCR.
“El que Costa Rica esté situada en lugares de privilegio para el ejercicio del periodismo no es algo gratuito. Se debe a la defensa continua de las libertades que hacen esto posible”, dijo el organismo en una nota de prensa.
La Nación es conocida por sus impactantes reportajes de periodismo de investigación, como Proyecto Finlandia y Caso Alcatel, conocidos casos de corrupción gubernamental. La cobertura, que estuvo bajo la dirección de la exeditora Giannina Segnini, dio lugar a acciones legales que llevaron a la cárcel a los expresidentes implicados en el caso. Con Segnini, el diario también desarrolló una unidad de periodismo de datos sólida.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
