Durante el 2023, la prensa en América Latina fue atacada cada dos horas aproximadamente.
En ese lapso de tiempo, 17 periodistas fueron asesinados; se enviaron a la cárcel a decenas de personas comunicadoras y trabajadoras de medios; y se forzaron al exilio, al desplazamiento y a la autocensura a cientos de periodistas.
Los principales datos del Informe Sombra 2023, recientemente publicado por Red Voces del Sur, dan cuenta del estado de vulnerabilidad en el que trabaja el gremio periodístico en América Latina. Y de que los principales agresores son los agentes del Estado (53%) y, en segundo lugar, el crimen organizado.
La Red Voces del Sur es una iniciativa impulsada por 17 organizaciones de la sociedad civil de la región que trabajan para promover y defender la libertad de expresión en cada uno de sus países. El del 2023 es la sexta edición del Informe Sombra que publican anualmente.
Para ello diseñaron y ejecutan una metodología compartida basada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.10.1 de las Naciones Unidas, con la que monitorean y reportan violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa de manera continua mediante la publicación de alertas.
Según el informe, en el 2023 hubo 3.827 alertas contra la libertad de prensa y 128 alertas de género. Estas alertas se miden a través de 13 indicadores que cada una de las organizaciones detecta en sus países: asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria, tortura, agresiones y ataques, discurso estigmatizante, violencia sexual, procesos civiles y procesos penales, restricciones al acceso a la información, uso abusivo del poder estatal, marco jurídico contrario a estándares internacionales, y restricciones en internet.
La alerta de género, según explican en el informe, es transversal al resto de indicadores y evalúa si el motivo detrás de un ataque está relacionado con el sexo, la identidad de género, la expresión de género o la orientación sexual de la víctima.
El informe tiene como objetivo enriquecer y contrastar la información que los distintos gobiernos nacionales de América Latina suelen publicar, u omitir, en sus propios informes oficiales.
“Esta información que son datos duros, ni análisis ni percepción, sirve para saber si llegamos al 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas cumplidos, que me parece que no”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Adriana León, integrante del Instituto Prensa y Sociedad de Perú, una de las organizaciones fundadoras de la Red Voces del Sur.
Lo primero que destacó León del Informe Sombra 2023 es que, comparado con el año anterior, en líneas generales hubo una disminución de las alertas contra la libertad de prensa. Sin embargo, aseguró que esta baja esconde un dato preocupante: “En países como Nicaragua ya casi no hay medios ni periodistas porque están todos en el exilio, esto muestra que la censura es absoluta”.
Ella reconoció que en algunos países las alertas aumentaron considerablemente con respecto al 2022: El Salvador aumentó en un 400%, Costa Rica y Argentina un 150% y Paraguay casi un 100%.
“Que Uruguay (11%) y Costa Rica (150%), que siempre fueron países con estabilidad política, hayan aumentado sus alertas es una alarma y nos preocupa porque el resto de los países teníamos que apuntar a ser como ellos y no al revés”, agregó.
La forma más recurrente de ataque a la prensa en América Latina fueron las agresiones y ataques físicos con 1680 alertas, luego el discurso estigmatizante con 684 alertas, seguido de las restricciones en internet (471) y en el acceso a la información (384).
El Estado sigue siendo el principal agresor contra la prensa y fue el responsable del 52% de los ataques en el 2023 en toda la región. En el informe destacan que la consolidación de regímenes antidemocráticos y la proliferación del crimen organizado han creado una combinación sumamente peligrosa para la libertad de prensa y el ejercicio periodístico.
Sobre los países más letales para ejercer el periodismo, León aseguró que México, Honduras y Ecuador siguen en los primeros puestos al igual que en el 2022. En el caso de Ecuador, en el 2023 registró un dramático aumento en las alertas relacionadas con el crimen organizado, como lo fue el asesinato del candidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio.
En América Latina, una persona periodista fue asesinada cada 21 días durante el 2023.
El discurso estigmatizante fue la segunda forma más común de ataque a la prensa, que implicó el 17% de las alertas y estuvo presente en 15 de los 17 países monitoreados, según León. Ella agregó que el caso más dramático es el de El Salvador, donde aumentó el discurso estigmatizante contra la prensa en un 700% con respecto al 2022 y fue impulsado principalmente por el presidente Nayib Bukele.
León alertó que esta forma de ataque “de verdad funciona y es efectiva para desprestigiar a la prensa y generar violencia”.
La prensa en la región también está expuesta a la precarización, lo que hace que “los periodistas no tengan ningún respaldo de nada, trabajan en más de un trabajo a la vez y no cuentan con protección efectiva”, dijo León.
Por estas razones, cientos de periodistas han sido forzados al exilio y en muchos casos siguen haciendo periodismo y contando lo que pasa en sus países desde el extranjero.
León dijo que en El Salvador hay un medio digital que cada vez que publica un reportaje sus periodistas tienen que salir del país. También habló de los periodistas nicaragüenses que se exiliaron en Costa Rica y siguen haciendo periodismo allí “a pesar de que es un país carísimo y tienen pocos recursos para atender un tema tan serio como el exilio”.
En el Informe Sombra 2023 se plantean enfoques estratégicos para mejorar la situación de la libertad de prensa en América Latina en los próximos años como implementar mecanismos y políticas públicas eficaces de protección y fomento hacia la labor periodística.
La coordinadora de la Red Voces del Sur, Chloe Zoeller, dijo a LJR que es necesario realizar investigaciones independientes, efectivas y transparentes sobre los crímenes de violencia contra periodistas para reducir las tasas de impunidad. En el caso de que las víctimas de la violencia letal sean periodistas mujeres, agregó que se debe incluir una perspectiva de género.
Para las políticas públicas que ya existen, como los mecanismos de protección de periodistas que algunos países implementan, Zoeller advirtió que se debe asignarles un mayor presupuesto. Pero también fortalecer estos mecanismos, y hacerlo en colaboración con la sociedad civil y las redes de periodistas que comprenden las fallas de los mismos.
En el caso de los periodistas que deben desplazarse por las amenazas y la violencia que son objeto, la coordinadora de Voces del Sur dijo que se deben agilizar esos procesos, así como apoyar a los periodistas en el exilio para que les sea posible seguir trabajando como periodistas.
En este sentido, consideró que es importante colaborar con los organismos pertinentes para extender la asistencia humanitaria y técnica a los periodistas que permanecen en países como Nicaragua, Venezuela o Cuba.
Otra de las recomendaciones de Zoeller es “poner fin de inmediato a toda vigilancia ilegal de periodistas y defensores de los derechos humanos”. Aprobar leyes, órdenes ejecutivas u otros mecanismos que establezcan protecciones para los periodistas en el ámbito digital. Así también, “asignar fondos para investigaciones sobre amenazas en línea realizadas contra periodistas, ya que a menudo se convierten en manifestaciones físicas de violencia”.
La coordinadora de Voces del Sur hizo hincapié en la importancia de que la lucha contra la desinformación no se utilice para restringir la libertad de expresión, porque “las leyes contra la desinformación pueden elaborarse y aplicarse de forma inapropiada para restringir el ejercicio del periodismo”.
Según ella, para mejorar la situación de la libertad de prensa en la región también se debe prevenir la monopolización de los medios de comunicación apoyando económicamente a medios de comunicación independientes, locales y no tradicionales.
