Ante el riesgo que enfrentan muchos periodistas al ejercer su profesión en México, dos estados están avanzando propuestas legislativas para proteger – o, según los críticos, en un caso, restringir – el trabajo de la prensa.
En Michoacán, una propuesta conocida como “Ley Mauricio”, nacida del esfuerzo colectivo de reporteros y activistas tras el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís, en octubre de 2024, busca criminalizar el discurso de odio contra la prensa y fortalecer los mecanismos de protección. En Puebla, una iniciativa de ley presentada por un legislador sin consulta previa a los profesionales de la prensa ha provocado una reacción negativa de periodistas y expertos.
Los dos proyectos, nacidos de forma independiente, exponen diferentes respuestas a un mismo problema nacional: ¿cuál es la mejor manera de garantizar la seguridad y la libertad de los periodistas en un país donde, sólo en 2025, cuatro periodistas ya han sido asesinados – y donde, el año pasado, fueron ocho? Los diferentes contextos entre Michoacán y Puebla revelan desafíos comunes en la construcción de una legislación efectiva y en cómo aprobarla y cumplirla. El caso de Puebla también revela el riesgo de instrumentalización política de la agenda, utilizando la amenaza de protección como excusa para el control político, según dicen críticos de la iniciativa.
En Michoacán, la iniciativa es liderada por periodistas locales organizados en el colectivo Ni Uno Más. La Ley Mauricio prevé cambios al Código Penal estatal y a la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Michoacán. Uno de los puntos principales es la inclusión del discurso de odio contra periodistas como agravante de los delitos de discriminación. También se propone eliminar disposiciones legales utilizadas para perseguir a periodistas, como el delito de “atentados al honor”, aún vigente en el estado.
Ni Uno Más contabiliza 14 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos en Michoacán desde 2006. La iniciativa se centra en el estado porque es allí donde viven sus miembros y dicen creer poder tener un impacto más concreto.
“Nuestra posibilidad de que esto cristalice es más factible ahorita en lo local que si acudiéramos a lo federal”, dijo Patricia Isabel Monreal, portavoz del colectivo, a LatAm Journalism Review (LJR). “Y digamos, es un primer paso”.
Monreal destaca el papel de los líderes políticos en la estigmatización de la prensa en la región. Ella acusa al actual alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (independiente), de ser uno de los agresores más contundentes.
“Manzo ha venido generando un discurso de odio en contra de los periodistas de la región de manera muy significativa”, dijo ella. “Nuestro compañero Mauricio, quien fue asesinado el 29 de octubre, había sido blanco de este discurso de odio y de múltiples señalamientos. Tras su asesinato, este hecho no tuvo ningún impacto en la postura del alcalde, quien mantuvo dicho discurso”.
El asesinato ocurrió minutos después de que Mauricio Cruz Solís entrevistara al propio Manzo. El caso, que conmocionó a la comunidad local, motivó la creación de la propuesta legislativa. Tras el crimen, que aún no ha sido esclarecido, el alcalde pidió intervención federal en las investigaciones.
El colectivo presentó el proyecto a inicios de abril en la Asamblea Legislativa de Michoacán. El grupo es consciente de los obstáculos políticos: “Los diputados no tienen idea; están más interesados en sus propios temas políticos”, dijo Monreal. “Muchos ni siquiera sabían que Mauricio había sido asesinado, ni que el alcalde Carlos Manzo sostiene este discurso de odio. Les dejamos en claro que tienen tres meses para emitir el dictamen, y también que, si en ese plazo no lo han hecho, vamos a regresar”.
LJR se puso en contacto con la oficina de Carlos Manzo para obtener comentarios, pero no recibió respuesta hasta el cierre de este texto.
Contactada por LJR, la diputada Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, prometió el apoyo político incondicional de su partido, Morena, y sus aliados en el Partido Verde y el Partido del Trabajo a la propuesta.
“En Morena reivindicamos la libertad de expresión. Ningún periodista debería morir por decir la verdad”, dijo Alanís. “Es parte de nuestro proyecto de nación, que implica la promoción de la democracia, la cultura democrática, la inclusión y la escucha en un marco de pluralidad”.
La diputada Alanís resaltó que una de las cualidades de la iniciativa legislativa de Ni Uno Más es que es resultado de una respuesta organizada de los propios periodistas.
“La iniciativa en sí misma ya es un avance importante porque es el producto de una respuesta organizada del sector de periodistas”, afirmó.
El estado de Puebla, en el centro-sur, adoptó un camino legislativo completamente diferente. El 13 de febrero, Andrés Villegas, representante estatal de Morena, presentó el proyecto de Ley que Establece los Derechos para el Libre Ejercicio del Periodismo en ese estado.
“Defender el derecho a otros de expresarse es también defender también nuestra propia libertad”, dijo Villegas durante la presentación de la iniciativa. “Hoy los medios de comunicación, los periodistas y los legisladores tenemos la oportunidad de hacer equipo por una legislación de avanzada en términos de libertad de expresión”.
El proyecto tomó por sorpresa a periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y especialistas en libertad de expresión en Puebla.
“Esta iniciativa carece de claridad y de una adecuada socialización con los sectores directamente involucrados”, dijo a LJR el periodista y conductor de SICOM Noticias en Puebla, Gerardo Herrera. “Fue introducida sin consulta previa. Además, los pocos argumentos técnicos y jurídicos ofrecidos en su exposición de motivos no abonan a la comprensión pública ni justifican su pertinencia”.
LJR contactó vía email y redes sociales a Villegas para conocer su postura ante las críticas pero, al momento de publicación de esta historia, aún no ha respondido.
La iniciativa dice que el objetivo de la ley es crear el marco jurídico estatal para promover y respetar los derechos humanos de los trabajadores de la prensa. Entre los derechos que se reconocen están el secreto profesional; el libre y preferente acceso a las fuentes de información y actos públicos; los derechos de autor y de firmas; y el derecho a su seguridad personal.
Pero según los periodistas y académicos consultados para este reportaje, los derechos que busca proteger esta iniciativa ya están contemplados en otras leyes como Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Ley General de Transparencia y hasta la Constitución.
“No hay una aportación sustancial ni se resuelve algún vacío legal evidente”, dijo Herrera.
Llama la atención del gremio, un capítulo de la propuesta dedicado a la ética en el ejercicio de la profesión periodística donde se establecen lineamientos sobre el papel social de los trabajadores de la prensa.
“Muchos reporteros sintieron la incomodidad con la iniciativa por este apartado porque de alguna forma quieren imponer cómo tenemos que trabajar, sin siquiera haber dialogado”, dijo a LJR Shanik David, responsable del Observatorio por el Derecho a la Verdad ‘Con los Ojos Abiertos’ del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la universidad Ibero Puebla.
La iniciativa también tiene unos artículos dedicados a la protección al periodismo que insta a las autoridades a ofrecer apoyo ante amenazas recibidas por los periodistas y prohíben al Estado presionar o privilegiar a los trabajadores de la prensa.
“Es como revoltijo de temas que complican un poco la propia aplicación de la ley”, dijo a LJR Cuauhtémoc Cruz Isidoro, coordinador de las Licenciaturas en Comunicación y Comunicación Digital de la universidad Ibero Puebla.
Algunos periodistas y medios han catalogado la iniciativa de ley como un intento de “ley mordaza”.
Sobre todo por el artículo 44 que dice que los periodistas deben abstenerse de invadir la vida privada de las personas.
“Preocupa quién va a dictar qué es y qué no es veraz por lo que podría entrar la mano del gobierno para determinar estas condicionantes”, dijo Cruz Isidoro.
Sin embargo, las instituciones defensoras de derechos humanos de la Ibero consultadas por LJR sostienen que se trata de una iniciativa inofensiva, que no puede ser comparada con una ley mordaza, pero que no fue solicitada por el gremio periodístico. Para ellos hay otros temas prioritarios como: la aprobación de una ley de responsabilidad civil para la protección de la vida privada, una regulación de la publicidad oficial y un mecanismo de protección propio y local para periodistas o personas defensoras de derechos humanos.
Estas instituciones entregaron a la Comisión de Gobernación y Puntos Constituciones del Congreso del Estado de Puebla un análisis de la iniciativa con un paquete de 14 observaciones puntuales de mejora.
“Identificamos estas tres iniciativas o tres legislaciones que hacen falta desarrollar, pero que tendría que desarrollarse de manera independiente y no en una sola ley que mezcle temas y que pierda la claridad de cuáles son los límites”, dijo Cruz Isidoro.
México es el país más peligroso de América Latina y el Caribe, y uno de los más peligrosos del mundo, para periodistas.
El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, de Morena, atacó sistemáticamente a la prensa cuando estuvo en el poder, y al menos 46 periodistas fueron asesinados durante su mandato de 2018 a 2024. Su correligionaria y sucesora, Claudia Sheinbaum, se comprometió antes de asumir el cargo a crear un grupo de trabajo en el primer trimestre de 2025 para diseñar un plan de protección para periodistas mexicanos, pero no hay información de que esto haya sucedido.
En el caso de Puebla, los periodistas no son ajenos a esta violencia. Durante el sexenio de López Obrador, el estado fue la tercera entidad con mayores índices de violencia contra medios de comunicación: se registraron 241 agresiones a la prensa; según el estudio Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México, elaborado por la organización Artículo 19 en 2024.
“Nada de esto, ni del contexto que hay en torno a la agresión hacia la prensa en Puebla, se reconoce en la presentación de la iniciativa de ley, en su exposición de motivos”, dijo a LJR Roberto Alonso Muñoz, coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero Puebla.
