En el periodo previo a las elecciones generales que realizará Argentina este octubre, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) hizo un llamado a los candidatos políticos para proteger la libertad de prensa e hizo mención de los diferentes ataques de la delincuencia organizada contra la prensa como el aumento de las amenazas.
“Exhortamos a los candidatos presidenciales y legislativos de todos los partidos, así como a las autoridades que continúen en sus cargos, a asumir el compromiso de contribuir a restaurar a partir del 10 de diciembre próximo el respeto a la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa, como piezas esenciales del sistema democrático y republicano”, dijo Adepa en un informe dado a conocer durante su 53o Asamblea General.
La asociación de editores dio a conocer el informe “Reconstruir las instituciones, recuperar el respeto por la libertad de expresión”, el 18 de septiembre, durante el último día de la asamblea que tuvo lugar en la ciudad de Rafaela.
Las elecciones presidenciales y legislativas en Argentina están programadas para el 25 de octubre. El presidente electo asumirá el cargo el 10 de diciembre.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del Frente para la Victoria, que ha estado en el cargo desde 2007 no pudo postularse para un tercer mandato. El gobierno de Fernández de Kirchner y la prensa del país han mantenido una relación tensionante.
El caso de más alto perfil que involucra el gobierno de Kirchner ha sido con el conglomerado de medios Grupo Clarín. El caso se relaciona con la Ley de Comunicación y Servicio Audiovisual aprobada por esta administración que tuvo como objetivo acabar con la concentración de medios en el país. No obstante, los partidarios del grupo de medios creían que estaba siendo utilizada para atacar las ediciones críticas de la administración.
De manera más general, en los últimos años, los periodistas han señalado obstáculos para acceder a la información pública; la suspensión de la publicidad oficial o la presión por parte del gobierno hacia los anunciantes; y el acoso de los periodistas.
El informe de ADEPA se refirió a muchos de estos problemas, así como a la “aplicación selectiva de leyes y resoluciones”, el “abandono del mecanismo de las conferencias de prensa como herramienta de comunicación de las acciones del gobierno y respuesta a las inquietudes ciudadanas”, los “agravios y mensajes desafiantes a repetición desde las más altas esferas del poder político contra voces disidentes” y la “ausencia de políticas de protección para el trabajo periodístico”. Algunas veces, esta presión también ocurre a nivel provincial y municipal, según la organización.
Adepa también se refirió a un proyecto de ley que pretende regular los comentarios en internet y a las acciones judiciales o administrativas en contra de los medios de comunicación, así como a las crecientes amenazas físicas en contra de la prensa por parte del crimen organizado y del narcotráfico.
En un caso reciente, del 11 de septiembre, dos desconocidos golpearon e hirieron con arma blanca a Maximiliano Pascual afuera de una estación de radio donde trabaja en la ciudad de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, según Adepa. Al parecer, uno de los atacantes le gritó que se callara y que dejara de hablar. Adepa dijo que Pascual, director de La Posta Hoy y Radio Extremo 106.9, ha seguido de cerca la cobertura de un caso de tráfico de drogas.
También recientemente, los equipos periodísticos de dos estaciones de televisión y de un periódico de la ciudad de Rosario fueron agredidos mientras cubrían un homicidio en una zona donde, según Adepa, la actividad de las bandas nacrotraficantes se ha propagado.
“Decimos que existe libertad de expresión en la Argentina, pero una libertad condicionada. O, dicho de otro modo, una censura indirecta”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa de Adepa, al Centro Knight para el Periodismo en las Américas. “Quien se atreve a expresar sus diferencias con el modelo impuesto desde el poder político queda sometido a descalificaciones, presiones, persecuciones y en algunos casos hasta violencia física por parte de militantes oficialistas, fuerzas policiales u otras personas que aprovechan la falta de garantías para el trabajo periodístico”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
