La trasmisión en vivo de una procesión de Semana Santa en una cuenta de Facebook fue la razón por la que el periodista nicaragüense Victor Ticay pasó 517 días en prisión.
En agosto del año pasado, Ticay fue condenado a 8 años de cárcel tras ser acusado de conspirar para desestabilizar la integridad nacional y de difundir información falsa. Esta última bajo el uso de la Ley Especial de Ciberdelitos, número 1042, aprobada el 27 de octubre de 2020 por el parlamento de Nicaragua.
“Yo venía arrastrando una fricción con el gobierno por el hecho de cubrir las protestas de 2018 y por no estar apegado a su política informativa a los medios tradicionales”, dijo Ticay a LatAm Journalism Review (LJR). “Al día siguiente de publicar el video de la procesión religiosa, unos agentes de seguridad fueron a mi casa, me robaron algunas pertenencias y me secuestraron”.
La trasmisión en vivo de una procesión de Semana Santa en una cuenta de Facebook fue la razón por la que el periodista nicaragüense Victor Ticay pasó 517 días en prisión. (Foto: captura de pantalla- Transmisión en Facebook).
El pasado 5 de septiembre, mientras el entonces director de la página de Facebook “La Portada” y corresponsal de Canal 10 cumplía su sentencia en La Modelo, una prisión de máxima seguridad ubicada en las afueras de Managua, fue liberado y desterrado a Guatemala.
Su liberación ocurrió junto a 134 personas más como parte de una negociación del régimen del presidente Daniel Ortega con el gobierno de Estados Unidos.
Pero el exilio no es sinónimo de libertad. Sólo cuatro días después, el parlamento de Nicaragua aprobó la Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Especial de Ciberdelitos que “no solo servirá como mecanismo de censura dentro de Nicaragua, sino que busca también perseguir a quienes ejercen el periodismo independiente y la denuncia fuera del país”, según dijo a LJR la activista política, defensora de DD.HH. y miembro de la organización la Asamblea Nicaragüense por la Democracia, Alexa Zamora.
En Nicaragua ejercer el periodismo independiente resulta en descalificación, persecución, criminalización y destierro. Entre 2018 y 2024, al menos se han cerrado 54 medios de comunicación y unos 275 trabajadores de la prensa han tenido que exiliarse; según datos de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED). Y al menos 25 periodistas han sido despojados de su nacionalidad.
“Dentro de Nicaragua no quedan medios de comunicación independiente operando debido al alto nivel de persecución y criminalización”, dijo Zamora. “Lo que pretende esta reforma es frenar la labor periodística en el exilio amedrentando a quienes llevan a cabo la labor de informar”.
Según el documento aprobado, la reforma de la Ley de Ciberdelitos establece que quien usando las tecnologías de la información, redes sociales y aplicaciones móviles, publique o difunda información falsa o que produzca pánico entre la población, se le impondrá una pena de tres a cinco años de prisión y trescientos a quinientos días de multa.
La categorización de qué es información falsa o no, tanto en la ley original como en la reforma, se realiza a criterio del gobierno de Nicaragua. Medios nicaragüenses documentaron el caso de un campesino que fue condenado, en 2022, bajo la versión anterior de la ley de ciberdelitos a pesar de no saber usar un teléfono móvil ni computadoras.
“Es la dictadura la gran fabricante de noticias falsas en Nicaragua, no la sociedad ni sus críticos como ellos quieren hacer ver”, dijo a LJR el periodista independiente nicaragüense en el exilio, Octavio Enríquez.
Zamora explicó que, aunque el acusado esté en el exilio, el Gobierno puede enjuiciarlo sin que este presente. Las consecuencias de un juicio en ausencia pueden ser monitoreo, acoso a familiares, procesos de desnacionalización y confiscación de bienes dentro del país.
El pasado 5 de septiembre, el periodista Victor Ticay fue liberado y desterrado a Guatemala. (Foto: cortesía).
“La dictadura no ha podido frenar la información que se hace desde el exilio. Con esta reforma buscan amedrentar porque no todos podemos sacar a toda nuestra familia”, dijo Ticay.
En ello coincide Enríquez. Para él, la ley de ciberdelitos es otra herramienta del “terror que el régimen de Nicaragua ha asumido como una política de Estado”.
Enríquez abandonó Nicaragua en 2021 después de haber sido citado por segunda vez por el Ministerio Público en relación al caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización que se dedicaba a promover el periodismo independiente y la libertad de prensa en Nicaragua. La ex directora de esta fundación fue condenada por la justicia de Nicaragua a 8 años de prisión por lavado de dinero y apropiación indebida.
Aunque a Enríquez no lo amenazaron con aplicarle la Ley contra Ciberdelitos, a otros periodistas citados en ese caso sí. Tal fue la situación del periodista y cofundador del medio Divergentes, Wilfredo Miranda.
En entrevista con el medio Confidencial, Miranda aseguró que, en 2021 durante la entrevista con la fiscal Heidy Ramírez, fue cuestionado y señalado de infringir la Ley Especial de Ciberdelitos.
“Comenzó a preguntar cuál era mi relación con la Fundación Violeta y le hablé de los premios, de algunas consultorías puntuales que realicé… pero me sorprendió que hizo un receso, regresó con su celular y comenzó a leer todos mis artículos, comenzó a incriminarme, a decir que yo mentía, que yo estaba faltando a la Ley de Ciberdelitos”, dijo Miranda a Confidencial.
Actualmente Miranda también se encuentra en el exilio.
En agosto, los Estados miembro de Naciones Unidas aprobaron el primer tratado jurídicamente vinculante sobre delitos cibernéticos tras tres años de negociaciones. Este documento busca ofrecer herramientas que mejorarán la cooperación internacional en materia de ciberdelincuencia.
"la Ley Especial de Ciberdelitos busca también perseguir a quienes ejercen el periodismo independiente y la denuncia fuera del país”, dijo la defensora de DDHH Alexa Zamora. (Foto: cortesía)
Sin embargo, organismos y expertos han encontrado vacíos y contradicciones dentro del tratado que pueden ser utilizadas para validar abusos contra la libertad de expresión.
“Esta convención otorga a los Estados facultades de monitoreo y posible espionaje en tiempo real en contra de personas de interés”, dijo Zamora. “Esto es bastante preocupante porque ya hemos visto el mal uso que la dictaduras le dan a los mecanismos de control internacional”.
Aún así, los periodistas nicaragüenses en el exilio dicen mantener su compromiso con el periodismo “Están informando en el exterior en condiciones difíciles, con bajos salarios, sin seguro en algunos casos. Y, a pesar de todo, siguen”, dijo Enríquez.
A Ticay, durante su detención, lo despojaron de sus propiedades y en el momento de su exilio solo le dieron un pasaporte con una foto de él llevando el uniforme de preso. A pesar de ello, todavía no se plantea dejar el periodismo y espera poder mudarse a Estados Unidos en un futuro.
“Yo quiero seguir haciendo periodismo”, dijo Ticay. “Es lo que estudié, en lo que he trabajado -dando a conocer las necesidades de la gente en las comunidades. Mi compromiso seguirá siendo con la verdad”.
