En un hecho que ha sido catalogado por varios expertos como “revictimizante”, “sin precedentes” e incluso “vergonzoso”, el Estado colombiano se retiró de la audiencia virtual que realizaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso del secuestro, tortura y violencia sexual de la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima ocurrido en el año 2000.
“Los criminales me han querido silenciar todos estos años y el Estado hoy pretende hacer lo mismo. Retirarse del juicio ante la @CorteIDH demuestra que no tiene la más mínima intención de que haya justicia en mi caso y en los casos de violencia sexual”, escribió Bedoya Lima en su cuenta de Twitter.
La indignación de la periodista no era para menos. Avanzaba apenas el primer día de audiencia y luego de la declaración de Bedoya Lima, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, liderada por Camilo Gómez, apuntó a una “falta de garantías procesales” debido a una presunta falta de imparcialidad de cinco de los seis jueces de la Corte IDH. Señaló también que presentaría una solicitud de recusación y solicitó suspender la audiencia de manera inmediata. Ante la negativa de la presidente de la Corte IDH, jueza Elizabeth Odio Benito, el Estado se retiró. La testigo que había ofrecido el Estado y que estaba programada para declarar ese primer día de audiencia, tampoco apareció.
En percepción de los representantes del Estados “las intervenciones y preguntas de los jueces demostraron evidentes prejuzgamientos e involucraron nuevos asuntos que ni siquiera fueron debatidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, según un comunicado publicado el 15 de marzo.
Jineth Bedoya Lima durante el primer día de audiencia ante la Corte IDH 15 de marzo de 2021. (Captura de pantalla)
No obstante, algunos expertos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) han señalado a través de redes sociales que la actitud tomada por algunos jueces no es extraña y que demuestra solidaridad con una persona víctima de un crimen, como lo es Bedoya Lima.
“Solidarizarse con el sufrimiento, cualquiera sea la expresión que se use, no supone que el Estado sea responsable de dicho sufrimiento que es justamente lo que está en juicio”, escribió Catalina Botero, quien fue Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH de 2008 a 2014. “La solidaridad manifestada por algunos jueces no supone prejuzgamiento del asunto objeto del juicio, de la misma manera que la solidaridad expresada por el Estado no supone reconocimiento de responsabilidad. Es al menos inconsecuente esta postura del Estado”.
En esa misma línea se pronunció Silvia Serrano, abogada con experiencia en el SIDH y quien se desempeñó como Coordinadora de la Sección de Casos de la CIDH, equipo a cargo de todo el trabajo ante la Corte IDH.
“Es cierto que algunos jueces de @CorteIDH expresaron solidaridad y reconocimiento a @jbedoyalima por la violencia y la lucha posterior. Estas expresiones básicas de humanidad, ¿son muestra de falta de imparcialidad?”, escribió Serrano en su cuenta de Twitter.
“Algún juez calificó de ‘aberrante’ lo que le ocurrió a [Bedoya Lima], pero esa violencia no ha sido desconocida por el Estado. De hecho, ante la CIDH el Estado reconoció la violencia sufrida por [Bedoya Lima] y mas bien trató de defender la actuación de las autoridades internas”, continuó Serrano. “Entonces, si controversia ante @CorteIDH es sobre responsabilidad estatal pero no hay duda de la violencia sufrida por @jbedoyalima y le reconocen su lucha, ¿cuál es el problema de que un juez diga que esa violencia sexual es aberrante? Dudo que el Estado piense distinto”.
Organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la red IFEX también manifestaron su rechazo a la actitud del Estado colombiano.
“La decisión del Estado colombiano de, en la práctica, marcharse de la audiencia de la Corte Interamericana evidencia el menosprecio de las autoridades hacia la violencia que se ocasionó a Jineth Bedoya, y es una bofetada en el rostro de todos los periodistas colombianos que luchan contra la impunidad y en particular de las mujeres periodistas”, dijo Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, según un comunicado. “Si el Gobierno colombiano no puede aceptar la responsabilidad en el caso de Bedoya, ¿qué esperanza tienen los demás periodistas de obtener justicia? En vez de involucrarse en peleas por cuestiones de procedimiento, el Gobierno colombiano debería aprovechar la oportunidad para dar el ejemplo a escala regional y regresar al proceso de inmediato”.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una de las entidades encargadas de la defensa de Bedoya, señaló que el Estado está revictimianzando e impidiendo el acceso a la justicia de Bedoya Lima. Le hizo un llamado para que cumpliera sus obligaciones internacionales.
“Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia. El retiro del Estado de la audiencia es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado colombiano frente al juicio por violaciones de derechos humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte”, escribió la FLIP en un comunicado. “Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla”.
Un relato doloroso: 20 años de impunidad
A pesar de la actitud del Estado, la voz de Bedoya Lima se oyó. Durante una hora y media, la periodista narró no solamente su crimen sino los hechos que le precedieron y la situación en la que ha tenido que vivir desde ese momento hasta la fecha. Una vida llena de amenazas e impunidad, en la que el periodismo se ha convertido en un salvavidas, aunque reconoció que hacerlo de esa manera es “humillante”.
La declaración de Bedoya Lima comenzó explicando a qué se había dedicado su periodismo y las diferentes investigaciones que había realizado sobre crímenes cometidos dentro de las cárceles del país. Por esas investigaciones había recibido varias amenazas e incluso un atentado en el que también fue víctima la madre de la periodista.
Dijo también que ese 25 de mayo de 2000 fue a la Cárcel La Modelo de Bogotá a entrevistarse con un paramilitar después de que la policía le sugirió como una medida para calmar las amenazas. “Lamentablemente era una trampa”, dijo la periodista.
Ese día, delante del guarda de la prisión y de un carro de la policía que se encontraba en el lugar, según Bedoya Lima, fue abordada por una mujer y un hombre quienes la secuestraron y la levaron a una “larga travesía” que terminó en una “violación masiva” y que después la dejaron “casi muerta” en una carretera del país.
“En diferentes oportunidades manifestaron que era un escarmiento para la prensa”, narró Bedoya Lima ante la Corte IDH. “Que nos metíamos donde no debíamos, que la verdadera plaga no eran ellos sino los periodistas y que este era un escarmiento para la prensa”.
“Sé que mi vida sigue en riesgo”, dijo Bedoya Lima. “Al día siguiente de que el caso fue aceptado por la Corte, recibí una llamada que no llegó desde Colombia, sino de otro país, donde me decían cosas relacionadas con la violación. Si no era capaz de cerrar la boca, ya sabía lo que me esperaba”.
Periodista colombiana Jineth Bedoya Lima. (Foto: Cortesía diario El Tiempo)
La periodista también declaró las amenazas de las que es víctima su madre y las circunstancias en las que su vida también se ha visto afectada. Agregó que ha tenido que declarar en 12 oportunidades ante la Fiscalía de Colombia en un acto revictimizante. De hecho, el Estado colombiano reconoció este problema.
“Colombia reconoce su responsabilidad por haber recaudado 12 declaraciones de @jbedoyalima en el marco del proceso penal, haciéndola pasar por esta dolorosa situación tantas veces”, escribió Camilo Gómez, director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la cuenta de Twitter.
Bedoya también solicitó medidas provisionales de protección para ella y su madre. “El hablar hoy aquí en esta Corte obviamente va a acarrear más temas de seguridad y tal vez más amenazas y más intimidaciones. Yo aprendí que ya no me voy a silenciar nunca más, pero le pido a la honorable corte que tenga en cuenta eso, que tenga en cuenta mi seguridad y la seguir de mi madre”.
“Ser la voz de alguien es una responsabilidad muy grande, pero potenciar la voz de alguien creo que es el mayor honor que como ser humano pueda tener. Y eso es lo que entiendo hoy estando aquí frente a usted señora presidenta, señores conjueces, que potenciar las voces de todas esas mujeres, de todas esas niñas que han enfrentando una de las peores violencias que pueda enfrentar un ser humano es un privilegio, es una responsabilidad, pero además es una gran oportunidad de hacerle entender a un Estado que el dolor se puede transformar”, dijo Bedoya Lima. “Ya no tengo nada que perder y sí mucho que ganar […] Yo seguiré uniendo mis pedazos y lo único que puedo es que la vida me dé la fuerza suficiente para poder ayudar a otras mujeres que también han sobrevivido este terrible crimen”.
En 2009 Bedoya creó la campaña “No es hora de callar” con el propósito de que las mujeres víctimas de violencia denuncien. También ha trabajado con las víctimas del conflicto armado del país.
En un comunicado del 16 de marzo, la Corte IDH anunció la suspensión temporal de la audiencia. El 17 de marzo, la Corte IDH emitió una resolución en la que daba respuesta a la recusación planteada por el Estado colombiano. La resolución entre otras decisiones, declaró improcedente la solicitud del Estado de recusación de lo jueces, así como la solicitud de “nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que la Corte conoció de la recusación del Estado”. Determinó también “declarar que corresponde que la Corte, en composición conformada por la Presidenta Elizabeth Odio Benito, el Vicepresidente L. Patricio Pazmiño Freire y los jueces Eduardo Vio Grossi, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique, continúe con el conocimiento del caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia hasta su conclusión”.
Por el crimen de Bedoya Lima solamente han sido condenadas tres personas como autores materiales. No hay investigaciones en contra de autores intelectuales ni de miembros del Estado quienes estarían involucrados en este.
