El futuro del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014), quedará definido este 25 de marzo cuando el fuero penal electoral con el que cuenta sea retirado oficialmente. Una vez suceda esto, la justicia podría requerirle que vuelva al país para que responda por las diferentes investigaciones que lo involucran. Una de estas investigaciones tiene que ver con presuntas interceptaciones ilegales y espionaje a periodistas, miembros de la oposición, sociedad civil e incluso a sus propios funcionarios y allegados.
El escándalo estalló a finales de 2014 cuando se conoció que la administración de Martinelli gastó más de US 13 millones de dólares en la compra de equipos y software a una empresa israelí a mediados de 2010 con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), un plan de ayuda social. Dichos equipos, con los que se realizaron las interceptaciones, tenían la capacidad de captar los datos de cualquier celular, copiar sus archivos de audio, videos e imágenes, e incluso podía activar las cámaras para grabar sin ser detectado.
Los equipos dirigidos al Consejo Nacional de Seguridad, una entidad que responde directamente a la Presidencia, se encuentran desaparecidos. Sin embargo, se han encontrado grabaciones, transcripciones y videos que han permitido adelantar una investigación por parte del Ministerio Público. Incluso el actual presidente, Juan Carlos Varela, le ha pedido a Israel información sobre la transacción.
Por estos hechos, el pasado 12 de enero, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exdirectores de dicho Consejo, fueron arrestados y fueron imputados por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. De acuerdo con el Ministerio Público se cree que al menos 150 personas fueron víctimas de escuchas, un hecho que era sospechado por muchos, particularmente por los pronunciamientos públicos hechos por el propio exmandatario.
“Martinelli era una persona que no tenía filtro”, dijo Lourdes de Obaldía, directora del diario La Prensa, en entrevista con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. “Incluso en una asamblea general de accionistas de La Prensa nos dijo ‘tengo los expedientes de todo el mundo aquí’”.
“No denunciamos las escuchas porque la institucionalidad de Panamá estaba muy debilitada”, agregó De Obaldía. “Pero sí hablábamos de las amenazas directas, de la estigmatización que se hizo y de las campañas en contra de periodistas y directivos del diario. A tal grado que incluso hizo una cuña de televisión desprestigiando a periodistas del diario”.
Y es que si bien es cierto que la administración de Martinelli se caracterizó por tener una relación hostil con los medios – por ejemplo, durante sus discursos era común que atacara a los medios críticos de su gobierno y que publicaban información relacionada con presuntos casos de corrupción – con La Prensa tuvo una relación particularmente difícil debido a sus publicaciones.
Una de las investigaciones que realizó La Prensa fue publicada en 2013 en la que se señalaba que familiares de Martinelli presuntamente habían recibido sobornos relacionados con el expresidente de Italia, Silvio Berlusconi. Al poco tiempo, su página web sufrió un ataque cibernético que imposibilitó su acceso.
Por este motivo, Martinelli no dudó en utilizar su cuenta de Twitter para desacreditar y arremeter en contra del medio al cual acusó en varias ocasiones de “inventar” la información que publicaba. En el Informe de 2013 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron documentadas las diferentes agresiones y declaraciones estigmatizantes en contra de La Prensa.
Pero las agresiones no quedaron en el plano verbal. De acuerdo con De Obaldía, al año y medio de asumir su mandato, toda la publicidad oficial hacia el periódico fue suspendida. El diario además enfrenta demandas por casi US $50 millones.
Asimismo, Roberto Eisenmann, fundador del diario La Prensa, y quien se mostró bastante crítico de la presunta corrupción en el gobierno de Panamá fue objeto de auditorías de impuestos inusuales. Eisenmann y Martinelli tuvieron varios enfrentamientos a través de las redes sociales y se cree que Eisenmann está dentro de las posibles víctimas de escuchas.
Otras denuncias de corrupción
Aunque el escándalo de las escuchas ha tenido bastante repercusión en Panamá, el caso por el que podría ser requerido de volver al país es la denuncia en su contra por presuntas irregularidades en el contrato de US $45 millones para la compra de comida deshidratada también con dineros del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Un proceso que inició el pasado 28 de enero cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el conocimiento de dicha denuncia.
No obstante, debido al fuero penal electoral de Martinelli por ser el presidente del partido Cambio Democrático (CD), un beneficio que estipula la ley panameña, el proceso penal no ha podido iniciarse. Ante este panorama, la CSJ, luego de ratificar el 7 de marzo su decisión del 28 de enero, solicitó al Tribunal Electoral (TE) levantarle a Martinelli dicho fuero.
El pasado 17 de marzo, el TE admitió la solicitud hecha por la CSJ la cual le presentó los más de 20 tomos que contienen el expediente de la denuncia en contra de Martinelli. Ese mismo día, funcionarios del TE se presentaron en las oficinas de uno de los abogados del exmandatario para notificarle sobre la solicitud del levantamiento de dicho fuero.
El 28 de enero Martinelli salió del país hacia Guatemala para participar por primera vez como diputado del Parlamento Centroamericano. Desde ese momento no ha vuelto a Panamá, y aunque no hay información clara sobre su paradero, se cree que está en Estados Unidos. No obstante, el exmandatario se ha pronunciado a través de diferentes medios y de su cuenta de Twitter por donde ha denunciado que se siente un perseguido político y que no volverá al país por no contar con garantías.
No obstante estas alegaciones, cabe resaltar que la decisión de solicitar el levantamiento del fuero fue tomada por el pleno de la CSJ el cual consta de nueve magistrados, cinco de ellos nombrados por Martinelli.
Y aunque aún no hay una decisión definitiva sobre el futuro de Martinelli, su posible procesamiento es recibido como una buena noticia para la libertad de expresión y general para el sistema de justicia del país.
“El panameño está bastante positivo. Nunca un exfuncionario de peso ha sido juzgado”, dijo De Obaldía. “Y no es que no haya habido gobiernos corruptos, lo que pasa es que hay una necesidad y un compromiso de hacer justicia. Lo de Martinelli fue un duro golpe a la institucionalidad del país, asalto a los fondos públicos a través de sobrecostos y endeudamiento, y un constante ataque a los derechos fundamentales”.
*Este artículo contó con la colaboración de Mariana Muñoz, estudiante en la clase “Periodismo y Libertad de Prensa en América Latina” de la Universidad de Texas en Austin.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
