Por Larissa Manescu
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, entidad judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos, decidió por primera vez que una condena penal por difamación no afecta la libertad de expresión, en un fallo sin precedentes que el Comité para la Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) calificó como un serio retroceso para la región.
El caso de la cuestionada sentencia se originó en 1990, cuando Carlos y Pablo Mémoli, directores del pequeño diario La Libertad, denunciaron irregularidades en la venta de nichos públicos en el cementerio de la ciudad por parte de una sociedad mutual.
La mutual denunció penalmente a Carlos y Pablo Mémoli por difamación, quienes fueron encontrados culpables y recibieron en 1994 penas de prisión suspendida por cinco y un mes, respectivamente.
Padre e hijo llevaron el caso a la Corte-IDH, luego de agotar todas las instancias judiciales de su país. Sin embargo, dos semanas atrás, en un fallo dividido de 4 a 3, la Corte-IDH falló que la sentencia de los Mémoli no había violado la libertad de expresión. Además, la Corte decidió que de ahora en adelante las opiniones pueden estar sujetas a sanciones ulteriores, y que las irregularidades en el uso de bienes públicos - nichos de cementerio público, en el caso de los Mémoli - no representan un tema de interés público.
CPJ lamentó la decisión, argumentando que anteriormente "la misma Corte había establecido que las leyes de difamación argentinas utilizadas para condenar a los directores eran incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Lo controversial de esta decisión es que la Corte emitió un fallo distinto en 2008, cuando anuló la condena penal por difamación que el periodista argentino Eduardo Kimel recibió en 1999. El caso de Kimel comenzó a partir de la publicación de su libro Masacre en San Patricio, en el cual cuestionó la investigación de la muerte de cinco sacerdotes en 1976, durante la dictadura militar.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división para las Américas de Human Rights Watch, también condenó el falló de la Corte contra los Mémoli en un artículo de opinión publicado en La Nación.
"En una región donde la debilidad institucional es la norma, este gravísimo retroceso no sólo vulnera derechos y libertades fundamentales, sino también dificulta la lucha contra la corrupción", sostuvo Vivanco.
No obstante, a pesar de la decisión de la Corte, CPJ dudó que el fallo sea un precedente que afecte las decisiones sobre otros casos de las Américas relacionados a cuestionamientos a funcionarios públicos.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
