La Fiscalía General de Paraguay ordenó investigar el caso del presunto espionaje por parte de las Fuerzas Militares del país a una periodista, informó el Ministerio Público.
La decisión de la Fiscalía se conoce un día después de que ABC Color denunciara el jueves 25 de agosto el presunto caso de espionaje contra una de sus reporteras con el propósito de conocer quién le estaba filtrando información sobre los alegados casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas que la periodista estaba investigando.
En junio pasado, el diario había publicado información sobre cómo Lucía Duarte, esposa del general Luis Gonzaga Garcete - comandante de las Fuerzas Militares-, habría utilizado infraestructura y recursos humanos de las Fuerzas Armadas para beneficiar a una fundación que ella presidía y cuya sede se ubicaba en un predio militar, informó la agencia EFE. En julio, el ministro de Defensa Nacional dio un plazo de ocho días para que esta fundación abandonara estas instalaciones agregó EFE.
Según publicó ABC Color, “molesto por las publicaciones sobre su esposa y sobre su propia administración, el general Gonzaga Garcete permitió que militares a su mando realizaran espionajes ilegales, sin conocimiento ni consentimiento del Ministerio Público. Estaban empeñados en averiguar quiénes eran “los traidores” que filtraban los datos a nuestro diario”.
De acuerdo con ABC Color, el grupo que estaba a cargo de este trabajo logró acceder a dos números de teléfono celular de la reportera y consiguió la lista completa de todos los números a los que la periodista llamó o de los que recibió llamadas.
El diario agregó que para realizar este espionaje, se habrían movilizado agentes de inteligencia de la región norte del país hacia Asunción, la capital de Paraguay. Según ABC Color, su equipo periodístico “pudo comprobar” que el equipo de inteligencia en el norte “se desangró” al quedar diezmado y con poca estructura, en una misma época en que en la región norte se produjo el secuestro de un adolescente a manos el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo armado con tendencias marxistas.
Tras la denuncia hecha por el diario, varias autoridades se manifestaron, entre ellas el presidente del país, Horacio Cartes. El mandatario solicitó una investigación para esclarecer el hecho en la “brevedad posible”, según un comunicado de prensa.
“Con mucha preocupación he visto las acusaciones con respecto al uso de equipos de inteligencia militar para fines particulares de espía a civiles. Les aseguro a todos los paraguayos, que esta administración no admite, ni admitirá procedimientos de espionaje ilegal”, señaló el comunicado.
El presidente del Congreso de Paraguay también señaló que de comprobarse el espionaje a una periodista se trataría de un “hecho gravísimo” y exigió tanto el Presidente del país como al Fiscal actuar frente al caso.
“Estamos ante un hecho gravísimo. Que se usen equipos contra el EPP para investigar a una periodista o a cualquiera es grave. Se hubiese usado para eso y no para espiar a periodistas ni a nadie”, dijo el senador Robert Acevedo según ABC Color.
El ministro del Interior, Francisco de Vargas, aseguró que “sin ánimo de desconfiar, creo que deberíamos de verificar esa información”, según el portal Última Hora. Según este portal, el ministro también afirmó que espera que las denuncias periodísticas tengan fundamento y no sean irresponsables.
Por su parte, un teniente coronel que habría sido mencionado dentro de la investigación del diario, aseguró que “no son ciertas” estas acusaciones, y agregó que podría presentar una acción por difamación y calumnia.
“Si esto va a Justicia se tendrá que demostrar cómo se accedió a ese dato. Me estoy asesorando y mi intención es presentar una acción por difamación y calumnia”, dijo el teniente coronel a una radio según Última Hora.
Aseguró que nunca hubo cambios de personal en el equipo de inteligencia y que la tecnología con la que cuentan las fuerzas militares no les permite hacer ningún tipo de escuchas de llamadas.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) también se pronunció sobre el caso al que calificó como un “grave atentado” contra la libertad de expresión, según un comunicado publicado en su página digital.
“Es un hecho sumamente grave, un atentado contra la libertad de expresión y contra las garantías del libre ejercicio del periodismo consagradas en la Constitución Nacional. Al mismo tiempo aporta un indicio más sobre la vigencia de un terrorismo de Estado que nos retrotrae a lo más oscuro de las tiranías militares”, dijo Santiago Ortiz, secretario general del SPP, según el comunicado. “No podemos tolerar este tipo de prácticas que en otros países han acabado incluso con colegas asesinados, además de las persecuciones y hostigamientos”.
En su comunicado, el SPP hizo mención a un informe publicado por una organización local a inicios de este año, en la que advertía sobre el uso que el Gobierno paraguayo podría hacer del programa informático Finfisher que este había comprado.
Según la organización, el Gobierno del país podría prestarse a “prácticas peligrosas y violatorias de derechos fundamentales”. El informe alega que el Gobierno tiene tecnología capaz de “encender de forma remota teléfonos celulares que se encuentran apagados, interceptar videollamadas realizadas por Skype y reconocer la escritura de teclado”, según el SPP.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
