Los periodistas mexicanos y las organizaciones de defensa de la libertad de expresión están ya acostumbrados a decir que México es el país sin conflictos bélicos en el que más periodistas son asesinados en todo el mundo. Hasta agosto de este año, al menos 15 trabajadores de la prensa han perdido la vida de forma violenta en ese país.
Pero para el periodista Ricardo Raphael, esa afirmación no es del todo correcta y debe cambiar. México no está atravesando una guerra contra otro país, dice, pero lleva años enfrentando lo que el derecho internacional llama conflicto armado interno: la presencia de organizaciones armadas que disputan el control del territorio con las Fuerzas Armadas.
Y mientras no se llame a las cosas como son, no se podrán tomar las medidas necesarias para, entre otras cosas, proteger a los periodistas y activistas que están siendo violentados a raíz de ese conflicto, considera el periodista.
Ricardo Raphael es uno de los periodistas mexicanos espiados durante la administración del presidente López Obrador. (Foto: Twitter @ricardomraphael)
“Utilizamos subterfugios como ‘la guerra contra las drogas’ o ‘la guerra entre organizaciones criminales’, como si fueran mafias estilo Chicago en los años 30 en Estados Unidos”, dijo Raphael en entrevista con LatAm Journalism Review (LJR). “Pero cuando se tiene medio millón de personas movilizadas, aproximadamente el 40 por ciento del territorio con presencia de alguna de estas organizaciones [...], estamos ante un problema serio”.
A partir de llamar a las cosas por su nombre, dijo el periodista, se podrá determinar con mayor claridad las reglas del juego en cuanto, por ejemplo, la imposición de inteligencia o espionaje por parte de las autoridades sobre la población civil, incluidos los periodistas que están cubriendo esos hechos violentos.
Raphael, quien es columnista en medios como The Washington Post, Milenio Diario y el semanario mexicano Proceso, así como presentador de televisión en las cadenas ADN40 y Once TV, fue víctima de espionaje en su teléfono móvil a través del spyware Pegasus, presuntamente por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas, según arrojó la investigación “Ejército Espía”, publicada en octubre de este año.
“Es necesario reformular la manera como nos aproximamos al fenómeno para determinar cuáles son las garantías jurídicas a la hora de participar ahí [en la cobertura de la violencia] y, en ese sentido, determinar cuáles son los límites o los alcances que tienen las Fuerzas Armadas para desplegar su propio imperio armado. Y ahí es donde creo que estamos en un problema muy serio”, dijo Raphael.
A principios de julio de este año, el periodista vio con sorpresa que una conversación que había sostenido de manera privada un par de años atrás con un funcionario del Poder Judicial de la Federación había sido filtrado a las redes sociales de manera anónima.
Desde unos días antes, las sospechas de que algo no andaba bien se habían encendido en su casa, cuando su hijo menor de edad recibió un mensaje de audio a través de WhatsApp en el que se mencionaba el nombre del periodista de forma amenazante.
Apenas en enero de este mismo año, se reveló que los dispositivos de 30 periodistas del medio de periodismo de investigación El Faro, de El Salvador, habían sido hackeados vía spyware. Y en 2021, la investigación colaborativa transfronteriza Proyecto Pegasus reveló que al menos 180 periodistas de más de 50 países -entre ellos México- estaban en una lista de víctimas de vigilancia ilegal a través del programa espía Pegasus.
Raphael acudió a las organizaciones Artículo 19 y Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), las cuales han apoyado a víctimas de espionaje. R3D realizó un análisis forense del teléfono móvil del comunicador con apoyo técnico y validación del Citizen Lab, un laboratorio multidisciplinario de la Universidad de Toronto especializado en seguridad informática y derechos humanos.
El análisis comprobó las sospechas de Raphael. Su dispositivo móvil había sido infectado con el spyware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, en al menos cuatro ocasiones entre 2019 y 2020, además de haber sido blanco de intentos de infección con el mismo programa informático en 2016. Al menos uno de esos intentos resultó en una infección persistente de Pegasus, indicó el reporte de Citizen Lab.
R3D es una de las organizaciones autoras de “Ejército Espía”, junto con Artículo 19 México y Centroamérica y Social TIC. La investigación reveló los casos de espionaje con Pegasus a Raphael, al defensor de Derechos Humanos Raymundo Ramos y al de un periodista del medio nativo digital mexicano Animal Político, quien optó por permanecer en el anonimato.
“Ejército Espía” muestra evidencia de que esos casos de espionaje fueron ejecutados durante la administración del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y de que la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) adquirió un sistema de monitoreo remoto a la empresa que vende de forma exclusiva el spyware Pegasus en ese país.
Los hallazgos de la investigación contradicen las reiteradas afirmaciones de López Obrador de que su gobierno no continuaría con las prácticas de espionaje a periodistas y opositores de su predecesor.
“Al llegar al poder y de manera reiterada [López Obrador] ha dicho que no se iban a adquirir sistemas de espionaje, que no se iba a espiar a periodistas ni a defensores de derechos humanos ni a opositores”, dijo a LJR Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D. “Sin embargo, hemos documentado que estos casos no son del pasado, son del presente. Son infecciones que sucedieron entre 2019 y 2021 y que contradicen esa promesa de que no iba a haber espionaje”.
A diferencia de los casos de espionaje telefónico de años anteriores, en los que la infección se realizaba mediante enlaces enviados en mensajes SMS, los hackeos documentados en “Ejército Espía” operaron de forma más sofisticada y discreta, de acuerdo con el reporte de Citizen Lab.
Los ataques a Raphael, Ramos y al periodista de Animal Político entre 2019 y 2021 fueron ejecutados a través de métodos denominados “zero-click exploits”, que no requieren que los usuarios hagan click en ningún enlace y simplemente ingresan a los sistemas de los dispositivos móviles y comienzan a operar sin dar señales.
Secretario de Defensa de México, Luis Cresencio Sandoval. Durante el actual gobierno, las Fuerzas Armadas de ese país han reforzado su dominancia en tareas de seguridad e inteligencia. (Foto: Captura de pantalla de YouTube)
Sin embargo, la diferencia más preocupante con los casos del pasado para los autores de “Ejército Espía” es que las nuevas evidencias apuntan a que serían autoridades militares mexicanas las que estarían detrás de los ataques descubiertos este año. Los casos de espionaje con Pegasus en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto habrían sido ejecutados por entidades de seguridad civiles, como la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Policía Federal, de acuerdo con distintas investigaciones.
El análisis de “Ejército Espía” indicó que el trabajo de las víctimas estaba vinculado con investigaciones de temas relacionados con violaciones de Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Armadas. En el caso de Raphael, los hackeos a su teléfono en octubre y noviembre de 2019 coinciden con las fechas de la presentación y promoción en medios de su libro “Hijo de la Guerra”, un relato de no ficción sobre la creación del cártel de Los Zetas. El libro plantea la hipótesis de que un grupo de exmilitares de élite mexicanos formaron un grupo paramilitar que representó el origen de la violencia que vive hoy México.
Asimismo, el ataque de diciembre de 2020 se registró un día después de la publicación de un artículo que retoma una columna de Raphael sobre el caso de la desaparición de 43 estudiantes en 2014, en el cual estuvo involucrado el Ejército.
“Difícilmente alguna otra instancia de inteligencia que no fueran las Fuerzas Armadas estaría interesada en espiarme sobre este tema”, explicó Raphael. “Porque además sabemos que solamente hay tres compradores de este programa [Pegasus] en esas fechas: uno son las Fuerzas Armadas, el otro son las áreas de inteligencia y otro es la Procuraduría. Entonces por diferencia lógica me lleva a decir que quien me espió fueron las Fuerzas Armadas”.
“Ejército Espía” publicó documentos revelados a raíz de la filtración por parte del grupo de hackers Guacamaya que han permitido conocer que la Sedena adquirió un “servicio de monitoreo remoto de información” a la empresa representante de NSO Group en México, Comercializadora Antsua, en abril de 2019, pese a que Sedena ha negado en repetidas ocasiones vínculos con esa firma.
La evidencia que relaciona a la Sedena con los casos de espionaje preocupa a periodistas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión, dado el enorme poder que han adquirido las Fuerzas Armadas durante la administración de López Obrador. No solo han consolidado una dominancia en tareas de seguridad pública, sino también en tareas de inteligencia. Además, el presidente les ha otorgado facultades para controlar aduanas y construir obras públicas.
“Hoy todos los órganos de inteligencia y de seguridad federal están presididos por militares, inclusive muchos de los que dirigen organismos de seguridad pública locales también son militares. Hoy el director del Centro Nacional de Inteligencia es militar, el de la Guardia Nacional es militar”, dijo García. “Es un poder inusitado, exacerbado y un temor fundado y hasta probado de que ese poder no tiene controles, no tiene límites, ni siquiera el límite de las órdenes de su comandante supremo [el presidente López Obrador]”.
En el caso específico de Raphael, existe además evidencia de que la información obtenida a través del hackeo habría sido compartida con particulares. La conversación que fue filtrada en redes sociales en julio pasado fue presentada como prueba por la activista en contra del secuestro Isabel Miranda de Wallace en una denuncia en la que acusa a Raphael de tener vínculos con un grupo criminal y de sobornar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de México.
Miranda de Wallace es objeto de una investigación periodística de Raphael que apunta a que la activista habría fabricado un hecho delictivo.
“Tampoco descartamos, incluso sospechamos, que aunque seguramente solamente es el estado, en este caso las Fuerzas Armadas, quienes poseen una licencia para la operación de Pegasus [...], que puedan estar o compartiendo la inteligencia con actores privados o incluso haciendo investigaciones o intervenciones con Pegasus ‘bajo demanda’ de actores que puedan corromper a quien tiene acceso a estos sistemas para que espíen a quien ellos quieran”, dijo García.
Cuando Raphael se enteró que estaba siendo espiado, colegas y directivos de los medios para los que trabaja le aconsejaron guardar silencio, mantener un perfil bajo y considerar desistir de su investigación sobre el caso de la activista Miranda de Wallace.
No obstante, el periodista no solo decidió hacer público el hackeo y continuar con su investigación, sino que acudió a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, junto con las otras dos víctimas y con el apoyo de R3D y Artículo 19.
La investigación "Ejército Espía" fue realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Artículo 19, con apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto. (Foto: EjercitoEspia.mx)
Pese a que las víctimas y las organizaciones tienen motivos para desconfiar que la denuncia prosperará, ya que las investigaciones judiciales por espionaje con Pegasus a periodistas de años anteriores no han dado resultados, esperan que al menos sus casos exhiban a las autoridades responsables del espionaje a periodistas y contribuyan a inhibir que surjan nuevos casos.
“Yo no sé si la Fiscalía va a investigar, no sé si esto va a concluir en las manos de un juez que valorará el caso y eventualmente sentenciará, eso no lo sé. [...] Aparecer públicamente sí favorece el principio de no repetición y anima -espero- a otros colegas mujeres y hombres que estuviesen también en circunstancias similares a la mía”, dijo Raphael, quien el pasado 27 de octubre acudió a la Fiscalía mexicana a ratificar la denuncia.
“La razón [de denunciar] es por el principio de no repetición y sabiendo que lo que tenemos los periodistas para defendernos es el periodismo, ni siquiera la justicia, en un país como los nuestros”, agregó.
Para los autores de “Ejército Espía”, la revelación de estos nuevos casos de espionaje a periodistas ha tenido un impacto principalmente político, al tirar las tesis que ha usado el gobierno de López Obrador para impulsar la militarización del país, las cuales aseguraban que el actual Ejército no violaba Derechos Humanos como en administraciones anteriores.
“Esta investigación y otras revelaciones han desmontado esta tesis porque, o el presidente les ordenó espiar a estas personas, lo cual yo creo que no es el caso, o más bien, lo más probable, es que las Fuerzas Armadas, a pesar de las promesas y de la orden directa de su supuesto comandante supremo, desobedecen las órdenes y espían. Y lo peor, el presidente parece no poder hacer nada al respecto”, dijo García.
