Ante la ola de corrupción que azota a la región en los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a los países del continente americano proteger a los periodistas y a la libertad de expresión.
Los periodistas y personas que trabajan en los medios de comunicación realizan una contribución importante a la democracia y a la transparencia de la gestión pública y se encuentran en una situación histórica de vulnerabilidad y discriminación, sostuvo la Comisión en su reciente informe.
En el reporte lanzado a fines de 2019, Corrupción y Derechos Humanos, la CIDH evalúa el impacto de la corrupción en la democracia, el Estado de Derecho y el ejercicio de los derechos humanos en las Américas.
En su segundo capítulo, el informe aborda el impacto de la corrupción en la libertad de prensa, específicamente respecto de la libertad de expresión, el acceso a la información, la protección de fuentes periodísticas y de las comunicaciones, y la diversidad y pluralidad de los medios de comunicación.
La organización mencionó el caso de Héctor Félix Miranda versus México, por las autoridades no haber realizado las investigaciones pertinentes sobre el asesinato del periodista (1999), quien investigaba periodísticamente casos de corrupción. Asimismo, señaló el caso de Víctor Manuel Oropeza contra México, quien también denunció actos de corrupción en sus reportajes y fue asesinado en 1999. La Comisión recomendó al país mexicano enviar un mensaje de tolerancia cero a los que cometan agresiones contra la libertad de expresión.
Otro caso mencionado en el reporte es el asesinato del periodista Aristeu Guida da Silva en Brasil (2016), en el cual la Comisión llega a establecer una relación entre las denuncias del periodista y su posterior crimen, responsabilizando al Estado por violar los artículos 4.1 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El reporte señala además que los delitos de difamación, injuria, calumnias y desacato son los más utilizados en la región por quienes buscan denunciar judicialmente a periodistas a causa de sus investigaciones. El uso del Código Penal en estos casos “es el más restrictivo y severo” que pueden utilizar los países latinoamericanos contra periodistas, salvo excepciones en las que se incite al odio y la violencia o se difundan noticias falsas deliberadamente, puntualizó el informe.
En ese sentido, tanto la Comisión como su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han señalado la aplicación de figuras penales redactadas de forma ambigua cuyo objetivo es inhibir el debate público y las investigaciones periodísticas. Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Brasil, Perú y Guatemala siguen utilizando estas figuras penales en casos contra periodistas, resaltó el reporte.
Especialmente en Venezuela, la Relatoría halló que la aplicación del Código Penal restringe, en ese sentido, la libre difusión de ideas y opiniones, empeorando con la creación de la “ley contra el odio”, promulgada a fines de 2017.
Nicaragua es otro país que la Comisión menciona con especial atención en ese respecto, por la censura y bloqueo de páginas – el reporte menciona entre sus ejemplos el bloqueo al sitio Confidencial el 23 de abril – o perfiles de redes sociales, entre otros, que han afectado el ejercicio periodístico en los últimos dos años.
De acuerdo con el reporte, la CIDH constató que en Nicaragua, el Estado ha censurado directa e indirectamente a medios independientes, tanto a través de agentes del Estado como por parte de acciones violentas de civiles simpatizantes con el gobierno. El asesinato de periodistas es una de las formas más extremas de censura, expresó la Comisión al citar como ejemplo el asesinato del periodista nicaragüense Ángel Gahona mientras transmitía en Facebook Live una de las protestas sociales de abril de 2018.
La Comisión resaltó como “esencial” para el ejercicio del periodismo que se proteja la confidencialidad de las fuentes periodísticas. Al respecto, uno de los casos mencionados fue el de los periodistas peruanos Gustavo Gorriti y Rosana Cueva, quienes revelaron una profunda crisis en el sistema de justicia a partir de la filtración de conversaciones telefónicas entre jueces y políticos. Una de las primeras respuestas de las autoridades judiciales fue solicitar a Gorriti y Cueva las fuentes periodísticas que utilizaron para sus reportajes.
El documento también destacó el interés cada vez mayor por parte de los Estados en utilizar tecnologías que aumentan su capacidad de vigilancia. Como ejemplo de esto, el reporte menciona el programa espía “Pegasus”, producido por una empresa israelí, que fue usado en 2017 por el gobierno de México para acceder al contenido de teléfonos y dispositivos de periodistas, defensores de derechos humanos, abogados e investigadores internacionales en las indagaciones de la desaparición masiva de estudiantes en Iguala, en 2014.
La pluralidad de medios de comunicación es también una parte importante de la libertad de expresión, señala el documento. En ese sentido, el reporte menciona como ejemplo el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV) contra el Estado venezolano, cuando el gobierno decidió no renovarle la concesión en 2007 en un acto de censura. RCTV era un medio tradicional crítico con el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.
Para la Comisión, la libertad de expresión es la “piedra angular” de una sociedad democrática y por tanto establece tres principios fundamentales relacionados a este derecho: “El ejercicio de la libertad de expresión en armonía con otros derechos; los deberes de los periodistas y los medios de comunicación; y la pluralidad de medios o informativa”.
“La doble dimensión de la libertad de expresión también implica la obligación de evitar la constitución de monopolios privados o públicos encaminados a moldear la opinión pública según un solo punto de vista”, señaló el reporte de la Comisión.
La Comisión plantea en una de sus recomendaciones que existan mecanismos de protección para periodistas, defensores de derechos y personas de la sociedad civil que denuncien actos de corrupción en situaciones de violencia estructural en los países del continente americano. Las evaluaciones de riesgo y los mecanismos de protección nunca deben exigir el revelar las fuentes o el material utilizado en las investigaciones periodísticas, precisó el reporte.
Este informe, realizado a partir de la resolución 1/18 emitida por la Comisión en marzo de 2018, busca analizar la relación entre derechos humanos y los actos de corrupción que afectan a la región para sugerir el desarrollo e implementación de políticas públicas que fortalezcan a las instituciones y promuevan la rendición de cuentas, señaló la organización en un comunicado. La corrupción fomenta la impunidad, la desigualdad y mina el Estado de Derecho, indicó.
La CIDH señaló en esa resolución que las víctimas de la corrupción deben formar parte y ser consideradas en el análisis, diseño y aplicación de mecanismos y políticas para prevenir, denunciar y acabar con la corrupción en sus países.
