Tras la agresión de la que fue víctima una reportera gráfica colombiana por parte de un agente de la Policía Nacional el pasado 23 de octubre, varias organizaciones periodísticas lanzaron un llamado a las autoridades exigiendo mayores investigaciones y sanciones para los que agreden a periodistas.
Ana María García, reportera del diario El Tiempo, cubría un accidente de tránsito cuando fue agredida por un policía quien la arrojó al suelo y la neutralizó sin razón aparente. El hecho quedó plasmado en fotografías y videos. El Comandante de la Policía de Bogotá pidió disculpas.
Sin embargo, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, lanzó una alerta al recordar que este es sólo el más reciente caso de una serie de agresiones contra la prensa en las últimas semanas y que involucran a agentes de la Policía, publicó en su sitio oficial.
El pasado 12 de octubre, cinco periodistas fueron agredidos por policías y otro más fue detenido arbitrariamente durante las movilizaciones de la “Semana Nacional de la Indignación” en Bogotá. Asimismo, en Bucaramanga al periodista Jhonathan Ardila le fue decomisado su material de trabajo cuando cubría protestas del sistema de transporte masivo por parte agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, el pasado 28 de septiembre.
Lo más relevante para la FLIP es que estos hechos coinciden con los resultados de la encuesta realizada por el Proyecto Antonio Nariño a más de 600 periodistas de todo Colombia, donde señalan que los principales temores de los reporteros durante su trabajo son las restricciones a la movilidad por parte de autoridades y las agresiones de la Fuerza Pública.
“La FLIP espera que la Policía haga las investigaciones disciplinarias correspondientes y se sancione a los responsables. A su vez espera que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional tomen las medidas de formación necesarias para evitar que hechos semejantes sucedan en el futuro”, señala en su informe.
Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras también alertó sobre esta situación y pidió a la Policía Nacional realizar las investigaciones disciplinarias y sancionar a los responsables pues en todos los casos la prensa hizo las denuncias, declaró la organización. “El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de información y la protección de los periodistas. La ley de seguridad ciudadana no debe ser una excusa para impedir las marchas ciudadanas y realizar detenciones arbitrarias, o peor aún, para agredir a los periodistas”, finalizó RSF.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
